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Desde San Lázaro. Con alfileres el proyecto de AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

08 Ene 2020
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Aparentemente el 2020 es un  año sin sobresaltos políticos, sin embargo, es el periodo de preparación para llegar con cartas ganadoras rumbo al 21,  elecciones intermedias, en donde se renovará la cámara de diputados federal, amén de 14 gubernaturas y más de 1700 puestos de elección popular a nivel nacional.

Sin una oposición de peso, Morena presenta escisiones internas de relevancia que les pasará factura por parte de los votantes y por supuesto a su jefe máximo, aunque este trate de desmarcarse.

Existen diversos factores que incidirán en las preferencias electorales en torno a las intermedias, que van desde la eficacia del gobierno en temas como el combate a la inseguridad pública, la economía, la estabilidad social y la misma gobernabilidad, hasta la aparición de nuevos actores políticos, a través de los nuevos partidos políticos que el INE avalaría en función del cumplimiento de todos los requisitos que mandatan los ordenamientos en cuestión.

Estamos hablando del partido político de Margarita Zavala y Felipe Calderón, el del SNTE, de Alfonso Cepeda Salas y otras organizaciones ubicadas en el ámbito religioso.

Como amenazas al orden político y de gobernanza, está el proceso electoral que se vivirá con toda intensidad en Estados Unidos, en el cual Donald Trump tiene considerado a México y su gobierno como un “aliado obligado” en su proyecto reeleccionista.

Los conflictos internacionales en donde nuestro vecino del norte juega un papel protagónico, sin duda moverán al país, conforme el oleaje arrecie.

Con un Paquete Económico 2020 endeble, en virtud de que los Ingresos estimados no llegarán a cristalizarse y en contraparte las presiones al mismo presupuesto serán excesivas, sobre todo por las ocurrencias del titular del ejecutivo federal que inventa nuevos programas que conllevan relevantes recursos económicos, verbigracia, dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar.

El proyecto de mantener el poder más allá de la frontera sexenal, no obstante que gran parte del andamiaje institucional lo tiene cooptado AMLO, está soportado por alfileres y depende de múltiples variables que buena parte de ellas, está en sus manos, pero otras, no tiene injerencia alguna y si ponen en riesgo la hegemonía política de la 4T.

El panorama no luce nada halagüeño para México y por ende a su gobierno, por eso AMLO requiere no solo apropiarse de la agenda mediática  y pagar encuestas a modo, sino de hechos que generen una narrativa de éxito y bienestar para los mexicanos.

El ejército de simpatizantes que se construye mediante los programas asistenciales, están acotados a los mismos recursos presupuestales y sobre todo a la misma convicción política de los benefactores que si bien es cierto que reconocen a su mecenas, también es una realidad que no están casados con “nadie” y menos cuando en sus localidades permanece la pobreza, la marginación y la carencia de oportunidades.

Las benditas redes sociales y el activismo de la sociedad es otra herramienta disruptiva a la hegemonía que se pretende imponer y el papel que jugarán en el 21, tal como sucedió en el 2018, serán determinantes.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.