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Desde San Lázaro. AMLO contrata más deuda. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

09 Ene 2020
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No obstante el mensaje presidencial en torno a que no se contratará más deuda, la SHCP acaba de anunciar la colocación de 2,300 millones de dólares por la emisión y reapertura de bonos que, sin duda, dan tranquilidad a los mercados por el refinanciamiento de pasivos con vencimientos este año o  por la cobertura de la amortización de intereses de la deuda pública del país, al diferir fechas de pago, incluso, hasta el año 2050.

El apetito de los mercados internacionales por las altas tasas de interés que se pagan en México es un bocado difícil de omitir por los dueños del billete, por ello tuvo gran aceptación el nuevo bono por 1,500 millones de dólares con vencimiento en abril de 2030.

La tasa de interés por este bono discrepa ya que algunas fuentes como la citada por El Financiero habla de una tasa de 4.50, mientras que las fuentes oficiales mencionan 3.250% anual, en cualquiera de los casos son nuevos pasivos que sobrecargan el presupuesto de cada año en donde las amortizaciones de los pasivos y las pensiones se llevan cada vez mayor tajada de los ingresos que genera el gobierno.

Así, por una parte se contrata nueva deuda por 1,500 millones de dólares y por otra se consiguen 800 millones más por la reapertura de un bono con vencimiento en enero de 2050, en cual se emitió apenas en julio de 2019.

Dice la SHCP que con esta contratación se cubre el 100 por ciento de las amortizaciones de la deuda exterior y 58% de las necesidades de financiamiento externo del gobierno para el 2020.

La información oficial en torno a la deuda pública menciona que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 10 billones 758.5 mil millones de pesos. El componente interno del SHRFSP se ubicó en 6 billones 909.1 mil millones de pesos, mientras que el  externo fue de 196.8 mil millones de dólares equivalente a 3 billones 849.4 mil millones de pesos.

La enorme carga a las finanzas públicas que cada presidente va heredando a su sucesor es gigantesca, no obstante que se ajuste a los límites impuestos desde el Congreso, vía el Paquete Económico respectivo, pero mientras son peras o manzanas,  las próximas generaciones de mexicanos ya traen como torta bajo el brazo, una deuda personal que tendrán que ir pagando con sus impuestos y diversas reducciones que hará el Estado que sin duda, repercuten en la calidad de vida de todos.

Este es el escenario actual, sin embargo puede empeorar en la medida que las calificadoras de crédito internacionales bajen sus calificaciones al país o Pemex, porque entonces si se avecina una nueva crisis que de suyo,  ya se atisba con la recesión económica técnica que se dio el año pasado.

Mientras no se genere riqueza interna, no se podrá quitar el yugo de los intereses  y el capital prestado, y menos cuando el presupuesto de cada año se destine a programas que son del gusto del gobernante en turno y no para atender las necesidades más acuciantes del país, como son precisamente, la baja de los niveles de endeudamiento y la amortización respectiva.

De estos temas, por supuesto no se habla con datos duros en las mañaneras, aunque son relevantes que la ciudadanía los conozca, lo que no se vale es que los legisladores de todos los partidos sean omisos ante la gravedad del problema.


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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.