Por el bien de la República, el haber liberado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del “yugo” del Jefe del Ejecutivo Federal representa, sin exagerar, el restablecimiento de la división de poderes que fortalece el orden constitucional y a la democracia.

Mal acostumbrado el presidente López Obrador a hacer su santa voluntad, seguramente con el nombramiento de la ministra Norma Piña como presidenta del máximo tribunal, y sobre todo con el llamado que ha hecho respecto a respetar la independencia de los jueces y en general del Consejo de la Judicatura; ha reaccionado, como era de esperarse, con un comportamiento que no es propio de un gobernante que aspira a serlo para todos y que norma su actuación en base al pleno respeto a la Carta Magna.

Los desplantes del poder Ejecutivo que se tuvieron en la ceremonia del aniversario de la promulgación de la Constitución, con la ministra presidenta, hablan de un personaje que se mueve por filias y fobias personales, más allá de la investidura que ostenta y por desgracia, dejó constancia, una vez más, que el rencor y la obnubilación por considerar a quien no se acerca dispuesto a acatar lo disponga el “señor presidente”, es un enemigo.

“O estás conmigo o contra mí”, es el racero con el que mide el presidente a sus amigos y enemigos, no acepta medias tintas y menos que, en aras de respetar la división de poderes y el respeto a la República, no se presten a sus designios, como ha sido el caso de la ministra presidente de la SCJN.

Para el bien del país era urgente y necesario que el máximo tribunal se acuerpara en torno a su nueva presidenta para hacer de su independencia y autonomía, el eje rector de sus decisiones.

“La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia jurídica es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, siempre en beneficio de la sociedad”.

La también presidente del Consejo de la Judicatura, advirtió que ante las injusticias que generan inconformidad, descontento, enojo y violencia, la única solución es el fortalecimiento institucional.

Desde que tomó las riendas de la SCJN y del CJF,  Norma Piña ha manifestado a los juzgadores que no debe haber obstáculos internos ni externos que les impidan desempeñar su labor como impartidores de justicia.

Hay que subrayar lo dicho por la ministra presidenta cuando señala que la Constitución es el pacto que permite superar diferencias y obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y, muy destacadamente, progresividad.

“Como ley suprema, la Constitución es un inmenso y muy poderoso manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y sobre todo, de unión entre los mexicanos”.

El acto republicano en Querétaro vino a reafirmar que los mexicanos somos por convicción, demócratas y que preferimos vivir con pleno respeto a las leyes y no cercenados de nuestras libertades y de nuestros derechos humanos.

Bien haría el presidente López Obrador, observar lo ocurrido con altura de miras y como un auténtico demócrata, tal como se jacta ser.

Las intervenciones del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel y del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri,  también fueron valiosas en el contexto de que la Carta Magna no es un compendio de letras muertas, sino es la clara expresión de que las garantías fundamentales de todos los mexicanos, están resguardadas en la Constitución.

El panista hizo un llamado a promover la pluralidad del dialogo para no repetir los errores del pasado y advirtió que todos tenemos derecho de defender nuestras ideologías y posiciones políticas con el límite que establece la propia Constitución.

En momentos que se discute en el Congreso, el Plan B de la reforma electoral de AMLO, sería conveniente que se frenara en el Senado, este intento de colar por la puerta de atrás, el descuartizamiento del INE y de todo el aparato electoral, para dar paso a que el gobierno vuelva a ser juez y parte al organizar y calificar los resultados electorales, porque de llegar el asunto a la SCJN, seguramente será rechazado por los ministros.

En las elecciones del 2024, se debe refrendar, una vez más, el respeto pleno a la democracia y a la voluntad de las mayorías y no dejar que se manipulen a gusto y conveniencia de una clase gobernante.