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Información de los Estados: 29 de diciembre de 2025

29 Dic 2025
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Información de los Estados: 29 de diciembre de 2025 Imagen tomada de: https://x.com

Se descarrila el Interoceánico; hay 13 muertos y 98 lesionados
(29-12-2025) Milenio Diario, pág. 1, 6, 7

Trece personas perdieron la vida y 98 resultaron lesionadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido la mañana de este domingo en Oaxaca. La Secretaría de Marina dio a conocer mediante un boletín de prensa que el percance del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec se registró sobre la Línea Z, en la ruta de Salina Cruz a Coatzacoalcos, a la altura de la localidad de Nizanda.

 

 

13 muertos en descarrilamiento de Tren Interoceánico en Oaxaca
(29-12-2025) La Crónica de Hoy, pág. 1, 5

Este domingo se descarriló el tren Transístmico que conecta el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz, y que forma parte del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El incidente dejó al menos 13 muertos y 98 heridos, informó la Secretaría de Marina. La institución indicó que se realiza el levantamiento de información técnica y operativa para determinar las condiciones del incidente en el Tren Interoceánico en Oахасa. La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas.

 

 

Dan apoyo de 70 mdp a campesinos en BC
(29-12-2025) Excélsior, pág. 22

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció un presupuesto de 70 millones de pesos para apoyar a los agricultores del Distrito de Riego 014 de Mexicali, quienes ya no podrán vender agua de uso agrícola para el consumo humano, comercial e industrial de los municipios de la zona de costa de Baja California, debido a la reforma hecha en el Congreso de la Unión a la Ley de Aguas Nacionales.

 

 

Promueven amparo contra Ley de Aguas 50 productores agrícolas de Zacatecas
(29-12-2025) La Jornada, pág. 27

Cincuenta productores agrícolas de riego se ampararon contra la nueva Ley General de Aguas Nacionales, ante los efectos de dicha norma federal que impide la relocalización y actualización de concesiones de pozos para el aprovechamiento de aguas subterráneas en parcelas que se ubican en acuíferos agotados o sobrexplotados. Se calcula que después de los 180 días siguientes a la publicación de la nueva ley, y para protegerse de las “consecuencias”, sólo en Zacatecas podrían solicitar ese recurso jurídico unos 900 campesinos.

 

 

CSP celebra creación del Parque Lago de Texcoco
(29-12-2025) La Razón de México, pág. 8

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Parque Ecológico Lago de Texcoco ha impactado positivamente en las comunidades del oriente del Estado y la Ciudad de México; además, celebró que se haya tomado la decisión de completar este proyecto en lugar de un aeropuerto que, aseguró, iba a ser “inviable”. El diputado Arturo Ávila (Morena) felicitó a la Presidenta por este proyecto y prevé que se siga ampliando como uno de los principales espacios verdes y de restauración ambiental.

 

'Inundan' a Texas; secan a Tamaulipas
(29-12-2025) El Norte

Mientras México entrega millones de metros cúbicos a agricultores texanos por varias vías, como el Canal Rodhe de Reynosa, en el Distrito de Riego 025, en Tamaulipas no hay agua para iniciar cultivos. Al tiempo que México entrega 249 millones de metros cúbicos a Texas para abonar al adeudo hídrico con Estados Unidos, la Conagua mantiene al extenso Distrito de Riego 025, del norte de Tamaulipas, sin una gota en plena temporada de cultivos, denunciaron ayer productores agrícolas de la región.

 

 

Baja California: en 10 horas asesinan a 8
(29-12-2025) Milenio Diario, pág. 17

En un lapso de 10 horas, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, se registraron ocho homicidios en Mexicali y Tijuana, seis de los cuales tuvieron lugar en esta última ciudad. A las 19 horas del 27 de diciembre, elementos de seguridad hallaron dos cadáveres envueltos en bolsas de basura, abandonados en un terreno baldío de la colonia Centinela, cerca de la carretera Santa Isabel en Mexicali.

 

 

Se desplomó 87% el flujo de migrantes irregulares: INM
(29-12-2025) La Jornada, pág. 8

El presenta año se perfila para cerrar con una reducción de 87 por ciento del flujo de extranjeros irregulares en territorio mexicano respecto de 2024. De acuerdo con las cifras de las detenciones por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) o del registro de personas a quienes se inició un proceso migratorio por no comprobar su estancia regular, en 2025 se reportan 141 mil 144 casos, de enero a octubre.

 

 

Plantea consejero del INE acotar la sobrerrepresentación y las facultades de Taddei
(29-12-2025) El Financiero, pág. 28

El consejero Martín Faz planteó incluir en la propuesta que presentará el INE a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral cambios para evitar la sobrerrepresentación de coaliciones políticas y acotar las facultades de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, para nombrar funcionarios de alto nivel. En entrevista con El Financiero, el consejero dijo que los trabajos para construir la propuesta que presentará la institución a la comisión presidencial el 12 de enero se detuvieron; no obstante, su oficina ya preparó una serie de propuestas que solicita sean incluidas.

 

México cierra el año con superpeso
(29-12-2025) El Heraldo de México, pág. 1, 16

El peso mexicano se perfila para cerrar el año con su mayor apreciación en poco más de tres décadas en su paridad frente al dólar, imponiéndose al discurso proteccionista de Estados Unidos, destacan especialistas. Y es que, hasta el 26 de diciembre pasado la moneda nacional registró una apreciación en sus operaciones en el mercado al mayoreo de 14.32 por ciento, la más alta desde que se tiene el régimen cambiario de libre flotación, el cual tuvo su inicio formal el 22 de diciembre de 1994.


SHCP proyecta 6% menos recaudación por IEPS a gasolinas en 2026
(29-12-2025) El Economista, pág. 1, 6

Para el siguiente año, la administración de Claudia Sheinbaum planea recaudar 473 mil 279 millones de pesos a través del IEPS que se cobra a las gasolinas, y cuya cuota se actualizará en el 2026 por la inflación. Si bien para el siguiente año aumentarán las cuotas del IEPS a gasolinas, lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación 2026 muestra una reducción de 6.7% en comparación con lo que se espera obtener este año por el gravamen a los combustibles. 

Con información de: El Financiero, El Economista, Milenio Diario, La Razón de México, Excélsior, La Jornada, La Crónica de Hoy, El Norte, El Heraldo de México.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.