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Información de los Estados: 02 de enero de 2026

02 Ene 2026
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Información de los Estados: 02 de enero de 2026 Imagen tomada de: https://x.com

Muere víctima 14 de tragedia de Tren Interoceánico
(02-01-2026) La Razón de México, pág. 1, 14

El saldo de víctimas mortales del accidente ferroviario del Tren Interoceánico aumentó este jueves a 14 personas, con el fallecimiento de Hilda Alcántara Alvarado, de 73 años, quien murió en el Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS Bienestar tras permanecer varios días en terapia intensiva. La mujer era abuela de la menor de seis años quien también perdió la vida en el descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre.

 

 

ASF señala boquete de 28.8 mdp en obra del Interoceánico
(02-01-2026) El Universal, pág. 1, 9

Los trabajos para las correcciones de curvatura y pendiente que se realizaron en el tramo de la Línea Z del Tren Interoceánico, donde el pasado 28 de diciembre se descarriló un convoy, dejaron un boquete de 28 millones 849 mil 661.60 pesos en el presupuesto federal, por la compra de productos a sobreprecio y que no se comprobó si fueron utilizados. De acuerdo con la auditoría 129 de la Cuenta Pública 2024, entregada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el 4 de febrero pasado ante la Cámara de Diputados, al menos tres contratos de renta de maquinaria, compra de rieles y contrato de personal para los trabajos efectuados entre 2019 y 2024 cotizaron a sobrecosto.

 

 

Liga NL 4 años de reconducción del Presupuesto
(02-01-2026) El Norte

La Administración de Samuel García inició el 2026 aplicando, por cuarto año consecutivo, la llamada reconducción presupuestaria. Pese a que el Congreso local aprobó el Presupuesto para este año, el emecista descartó aplicarlo y retomó la figura por la que repetirá el Paquete Fiscal que le aprobaron el año anterior, en este caso, el del 2025. Sin embargo, el Gobierno estatal encara en el 2026 más compromisos financieros por las obras que García pretende tener listas para el Mundial de Futbol, que arranca en junio. Para este año, la gestión estatal argumentó que requería de casi 22 mil millones de pesos para inversión, de los que 11 mil millones se consideraban prioritarios para concluir las Líneas 4 y 6 del Metro.

 

 

Pega a Ciudad aire sucio ¡en Año Nuevo!
(02-01-2026) El Norte

Aunque en el primer día del Año Nuevo se reduce sensiblemente el tráfico vehicular y las actividades de la población, el área metropolitana de Monterrey arrancó ayer el 2026 con mala calidad del aire. 

 

 

 

Entra en vigor aumento al salario mínimo en el país
(02-01-2026) El Universal, pág. 8

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que, a partir de ayer 1 de enero, entró en vigor el incremento de 13% al salario mínimo general y de 5% en la zona libre de la frontera norte, por lo que deberán pagarse 315.04 y 440.87 pesos, respectivamente. La STPS se refirió como “segundo piso de la primavera laboral” a los logros alcanzados en ese sector que consideró “históricos” en materia de ampliación de derechos, el fortalecimiento del empleo y una visión centrada en la dignidad y el bienestar de las personas trabajadoras. Aunque aún no se ha aprobado en el Congreso de la Unión con mayoría de Morena, se subrayó que “uno de los principales logros del año fue la presentación de la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales”.

 

 

Irregularidades acechan a planteles veracruzanos
(02-01-2026) Excélsior, pág. 1, 6

Las universidades públicas de Veracruz atraviesan un periodo de revisión y escrutinio financiero, en un contexto nacional donde 35 instituciones de educación superior presentan posibles irregularidades por más de 509.5 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En el caso de Veracruz, la Universidad Veracruzana (UV) y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) figuran entre las instituciones sujetas a fiscalización por el manejo de recursos federales y estatales.

 

 

Recorte asfixia a universidades de los estados
(02-01-2026) Excélsior, pág. 1, 6

Las universidades públicas estatales enfrentarán este 2026 un recorte de 2.1% en términos reales, debido al impacto de la inflación en sus recursos, pese a la ampliación presupuestal aprobada en la Cámara de Diputados. A esta baja se suma la asfixia financiera impuesta por administraciones estatales, que incumplen con la entrega de ministraciones en tiempo y forma, acumulando adeudos millonarios con las casas de estudio. Para este año, las instituciones dispondrán de 113 mil 422 millones de pesos; aunque la cifra es nominalmente dos mil 863 millones más que la de 2025, representa una disminución de 2.1% en términos reales, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026.

 

 

México cierra 2025 con un descenso de los homicidios dolosos
(02-01-2026) El País

México parece vislumbrar una mejora en la reducción de homicidios dolosos al cierre de un año salpicado por la polémica de la inseguridad en el país. Las cifras preliminares del Gobierno federal han recogido un total de 20 mil 674 casos en todo el país, una cifra dura, pero que resulta un descenso considerable respecto a los dos años anteriores. El país cerró el 2024 con un total de 26 mil 715 homicidios (una diferencia de 6 mil 041 casos), una cifra que suponía un aumento respecto al 2023, cuando la cifra fue de 26 mil 301 por todo el país.

 

  

Reforma electoral, con contrapeso ciudadano
(02-01-2026) Excélsior, pág. 2

En pleno debate nacional sobre la reforma electoral y en un Congreso marcado por mayorías dominantes, un conjunto de organizaciones ciudadanas intentará romper la inercia legislativa y colocar en la agenda pública la primera iniciativa ciudadana en materia electoral respaldada por más de 188 mil firmas validadas por el INE. El documento llega a San Lázaro como un contrapeso ciudadano frente al proyecto presidencial y como un mensaje político directo: la ciudadanía quiere ser escuchada en la definición de las reglas del juego democrático.

 

 

Tiene BMV su mejor año desde 2009 y BIVA, desde que debutó
(02-01-2026) El Financiero, pág. 1, 4

El índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) anotó su mejor rendimiento anual desde el 2009, como respuesta a una mayor demanda por activos de riesgo incentivada por la flexibilización de la política monetaria y bajos niveles de comparación. Luego de finalizar en los 64,308.29 puntos, el S&P/BMV IPC reportó un rendimiento en el año equivalente a 29.9 por ciento, su variación más alta en 16 años, cuando subió 43.52 por ciento, mientras que para el caso del FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, su crecimiento en el año de 26.6 por ciento fue el más elevado desde que se tienen registros, luego de que se situó en los mil 272.51 enteros.

 

 

El peso registró su mayor ganancia frente al dólar desde 1994
(02-01-2026) El Economista, pág. 1, 14

La cotización del peso frente al dólar terminó el 2025 con una apreciación del 13.77 por ciento. Lo anterior representó el mejor resultado de la divisa mexicana frente a la moneda de Estados Unidos en 30 años. Desde que se instauró el régimen de libre flotación de la divisa, en 1994, el mejor año había sido en 2023, cuando se apreció 13% frente al dólar. 

Con información de: El Economista, El Financiero, El Universal, Excélsior, La Razón de México, El País, El Norte.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.