Contáctanos: 5546 8746
Síguenos en:
Fecha:

Información de los Estados: 22 de enero de 2026

22 Ene 2026
249 veces
Información de los Estados: 22 de enero de 2026 Imagen tomada de: https://x.com/conagua_clima

Suman 7 mil 188 casos de sarampión en el país
(22-01-2026) La Jornada, pág. 7

En México hay 7 mil 188 casos confirmados acumulados de sarampión, y de ese total 760 son de este año, indica el informe de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa). Precisa que se han reportado 24 decesos, ninguno en este mes. Las entidades donde se han registrado son Chihuahua, con 21, y Jalisco, Sonora y Durango, con uno.

 

 

En ambulanchas, IMSS-Bienestar llega a las comunidades wixárikas
(22-01-2026) La Jornada, pág. 1, 7

Desde lejos se alcanza a ver el sombrero de palma y la vestimenta tradicional wixárika. Es Jesús López, gobernador tradicional de la comunidad Potrero de la Palmita, quien personalmente recibe al equipo de IMSS-Bienestar que, a bordo de un par de lanchas, lleva las medicinas y material de curación para la Unidad Médica Rural. Es la quinta entrega de las Rutas de la Salud.

 

 

Marina del Pilar confirma que Carlos Torres, su exesposo, es investigado por la FGR
(22-01-2026) 24 horas

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, confirmó que Carlos Torres, su exmarido, es investigado por la FGR por presuntos delitos federales. Este miércoles 21 de enero y desde Tijuana, la mandataria estatal confirmó lo anterior en una conferencia de prensa tras cuestionamientos de parte de la prensa.

 

 

Layda Sansores se deslinda de actos que llevaron al cese del rector de la Uacam
(22-01-2026) La Jornada

La gobernadora Layda Sansores se deslindó de los sucesos que derivaron en la destitución de José Alberto Abud como rector de la Universidad Autónoma de Campeche, y la designación de Fanny Guillermo al frente de la casa de estudios, y acusó a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de “confundir autonomía con inmunidad”.

 

 

Avanza la iluminación del Centro
(22-01-2026) La Razón de México

Durante el anuncio del programa de encendido, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que el proyecto contempla una intervención de 57 kilómetros de 137 calles y siete plazas del primer cuadro de la capital, así como de 15 edificios emblemáticos.

 

 

Defiende Monterrey plan con Next Energy
(22-01-2026) El Norte

Tras conocerse la detención y encarcelamiento en Aguascalientes del dueño de Next Energy, el Alcalde de Monterrey defendió ayer el mega contrato que el municipio tiene con esa empresa, argumentando que no se han generado pérdidas con el acuerdo. No obstante, el Alcalde Adrián de la Garza dijo que están atentos al caso del empresario regiomontano Eugenio Maiz Domene para tomar decisiones jurídicas en caso de que se requiera. "Hemos seguido con puntualidad las acciones que se están llevando a cabo", dijo al ser cuestionado. "En el caso de Monterrey", añadió, "no ha tenido pérdidas económicas".

 

 

Abelina rechaza malos manejos
(22-01-2026) El Heraldo de México

La alcaldesa Abelina López rechazó los señalamientos del presunto desvío de 898 millones de pesos de recursos federales, luego de que la SCJN frenó cualquier intento de revocación de mandato en su contra … Dijo que no tiene observaciones pendientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que nunca se ha negado a rendir cuentas. Explicó que la ASF revisó más de mil millones de pesos, de distintos fondos federales, y que el proceso concluyó sin observaciones pendientes.

 

 

Ven contradictoria la versión oficial sobre avión militar
(22-01-2026) La Razón de México, pág. 4

Los coordinadores en el Senado de las bancadas del PAN, Ricardo Anaya, y MC, Clemente Castañeda, exigieron al Gobierno federal que esclarezca el ingreso irregular de un avión Hércules de la Fuerza Aérea estadounidense a territorio mexicano el pasado 18 de enero, al denunciar violaciones constitucionales y contradicciones en las versiones oficiales. El lunes el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, criticó la falta de claridad del Gobierno federal en materia de seguridad, lo que mina la confianza, dijo.

 

 

Estados Unidos celebra la entrega de narcos mexicanos como una victoria de su presión
(22-01-2026) El País

El Gobierno de Donald Trump ha celebrado este miércoles la entrega de los 37 narcotraficantes que México envió el martes al país como una victoria de su fuerte estrategia de presión exterior. “Este es otro logro histórico en la misión de la Administración Trump de destruir a los carteles”, ha subrayado la fiscal general, Pam Bondi, en un comunicado del Departamento de Justicia, en que también ha defendido que los reos “pagaran sus crímenes contra el pueblo estadounidense.

 

 

Perderían PT y Verde $900 millones sin Morena
(22-01-2026) Reforma, pág. 1, 6

Si se reduce el financiamiento a partidos en una eventual Reforma Electoral, los aliados de Morena perderían, además, sus ganancias como partidos coaligados. El PT y el PVEM obtendrán casi 900 millones de pesos adicionales en 2026 con respeto a lo que recibieron en 2018. En los últimos ocho años, ambos partidos aumentaron los fondos públicos que obtienen por gasto ordinario, gracias a la coalición con Morena. Además, lograron subvenciones en el Congreso debido a esta alianza, por lo que una reducción de plurinominales también les afectaría.

 

 

Morena ya tiene “acuerdos internos”; PT y PVEM esperan
(22-01-2026) El Universal, pág. 6

Mientras que Morena sigue afinando con el gobierno federal su propuesta de reforma electoral para convencer a sus aliados del PT y del PVEM, los líderes de ambos partidos reconocen que si bien se les comenzó a tomar en cuenta no aceptarán nada que no les convenga, pues sería darse un “balazo en el pie”. En la bancada guinda se reconoce la existencia de “acuerdos internos” que incluyen opciones para ofrecer a sus aliados que no se eliminen plurinominales; sin embargo, en el PT y en el partido del tucán siguen cuestionando la necesidad de que haya una reforma electoral.

 

 

Cierra economía el 2025 con mejor desempeño
(22-01-2026) El Financiero

La economía mexicana mostró señales de aceleración al cierre del 2025 y habría crecido 2.3 por ciento en diciembre, que sería el mayor dinamismo desde marzo de 2024, impulsada por el sector servicios.

 

 

Acelerar inversión, reto para México: Altagracia
(22-01-2026) Milenio Diario

México enfrenta el desafío de acelerar la llegada de inversión productiva en un entorno global marcado por la fragmentación económica, la presión energética y una competencia creciente por el capital, advirtió Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y la Relocalización. 

Con información de: El Norte, Reforma, La Razón de México, El Universal, La Jornada, El Heraldo de México, El Financiero, Milenio Diario, El País, 24 Horas.

Valora este artículo
(0 votos)
Más en esta categoría: « Información de los Estados: 21 de enero de 2026 Información de los Estados: 26 de enero de 2026 »
volver arriba

El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.