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Información de los Estados: 27 de enero de 2026

27 Ene 2026
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Información de los Estados: 27 de enero de 2026 Información de los Estados: 27 de enero de 2026

Reportan primera muerte por sarampión en 2026
(27-01-2026) Eje Central

La Secretaría de Salud confirmó el primer deceso por sarampión del 2026 en Michoacán. Se trata de un hombre de 64 años residente de Coalcomán que carecía de inmunización. Este fallecimiento se suma a una estadística nacional de 26 muertes y 7 mil 417 contagios desde 2025. Ante este panorama, autoridades estatales y federales han declarado alerta sanitaria, garantizando la disponibilidad gratuita de vacunas en clínicas del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar para toda la población, incluso para quienes deseen un refuerzo.

 

 

Se ubica la CDMX en cuarto sitio en cifra de suicidios; en 2025 hubo 493
(27-01-2026) La Jornada

La Ciudad de México ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en número de suicidios, con 493 casos ocurridos durante 2025, principalmente entre mujeres de 15 a 19 años, y en hombres de 20 a 24, reveló la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

 

 

Denuncian anomalías en la consulta de revocación de mandato en Oaxaca
(27-01-2026) La Jornada

La jornada de revocación de mandato en Oaxaca –primera que se realiza en una entidad del país– estuvo plagada de irregularidades, entre ellas la “caída” en al menos tres ocasiones del sistema de conteo de sufragios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y que tras su restablecimiento fue notorio el incremento de sufragios en favor del gobernador morenista Salomón Jara Cruz, de acuerdo con denuncias ciudadanas y de representantes de los partidos del Trabajo y del (PRD).

 

 

Detectan caso de gusano barrenador en hombre de Copala
(27-01-2026) El Universal

El ayuntamiento de Cópala, Costa Chica de Guerrero, alertó que se detectó un caso sospechoso de gusano barrenador en un hombre, siendo el primero de este tipo en el estado. En un comunicado, explicó que el hombre se encuentra en observación médica y el caso está en la etapa de verificación por parte de la Comisión México-Estados Unidos.

 

 

Ejecutan a comandante en Guerrero
(27-01-2026) El Independiente

El comandante regional en la Costa Chica de la Policía Estatal, Daniel Hernández Arenas, fue ejecutado la tarde del domingo en la comunidad Cruz de Corazón, municipio de Ometepec. Es el segundo mando policiaco ultimado en menos de un mes en la entidad. Durante 2025, 39 policías fueron asesinados en la entidad, de acuerdo con la organización Causa en Común.

 

 

Padres de los 43 exigen resultados del rastreo de números celulares
(27-01-2026) La Jornada

En Chilpancingo, Guerrero, decenas de alumnos y miembros de colectivos de familiares de personas desaparecidas realizaron un mitin en el que recriminaron al gobierno federal la falta de resultados en las investigaciones.

 

 

CDMX: “Vida Plena, Corazón Contento” alcanza a 700 mil personas en escuelas
(27-01-2026) La Crónica de Hoy, pág. 1, 16

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha una estrategia escolar de salud mental que, de marzo de 2025 a enero de 2026, ha beneficiado a cerca de 700 mil personas en secundarias y planteles de educación media superior, principalmente estudiantes, mediante talleres, espacios de escucha y acciones de prevención enfocadas en depresión, ansiedad, violencias, consumo de sustancias y riesgo suicida.

 

 

Samuel García fija metas del Metro de cara al Mundial; espera tener listas 6 estaciones
(27-01-2026) Milenio Diario

A poco más de tres meses de que el balón comience a rodar y dé inicio la Copa del Mundo 2026, el Gobierno del Estado fijó sus proyecciones y el avance que esperan tener en la construcción de las líneas 4 y 6 del Metro para cuando inicie la competición.

 

 

En ataque a traductores de señas ven asunto familiar
(27-01-2026) La Razón de México

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, dio a conocer que el móvil del asesinato de los intérpretes de lengua de señas Víctor Manuel Mujica y su esposa Anayeli Hernández, junto con su hija de 12 años, se trató de un tema familiar en el que participó más de una persona.

 

 

"Lo que buscamos es justicia para los 14 muertos". Interoceánico
(27-01-2026) El Universal

La familia Iglesias Temich viajaba en el tren Interoceánico que se descarriló el pasado 28 de diciembre. Son los únicos que han interpuesto una denuncia formal, la cual, aclaran, no se trata de política ni de dinero, sino de justicia. "Lo que buscamos es justicia para los 14 muertos" Juan Manuel Iglesias y su familia viajaban en el vagón que quedó en el fondo del barranco; pese a sus lesiones él logró auxiliar a otros heridos. Interpusieron una denuncia para que se castigue a los responsables. Los 20 minutos que duró el viaje del Tren Interoceánico que salía de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, el pasado 28 de diciembre, significaron para la familia Iglesias Temich una nueva oportunidad para vivir y agradecer.

 

 

"La Reforma Electoral empezó con el pie izquierdo"
(27-01-2026) El Universal, pág. 8

En entrevista el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, reconoció que hay áreas a fortalecer en el estado, como son los servicios de salud, que en San Luis Potosí ya los maneja el IMSS Bienestar y no el estado. "Sin embargo, tratamos de cooperar en todo momento con el gobierno federal y con la Secretaría de Salud federal para poder generar mejores servicios de salud porque es lo más demandante, agregó.

 

 

Asigna Corte a favorita camionetas sin licitar
(27-01-2026) El Norte

La misma empresa que ha recibido contratos millonarios de flotas vehiculares de los gobiernos de Enrique Peña y AMLO, es la que tuvo una asignación directa para vender las camionetas blindadas de los Ministros de la Corte. Los nueve vehículos Jeep Grand Cherokee tuvieron un costo de 25 millones 650 mil pesos y fueron compradas a Total Parts and Components, filial de Grupo Andrade, uno de los proveedores favoritos de los gobiernos federales y estatales. Luego de las revelaciones de esta adquisición que contradecía las expresiones de austeridad de los denominados "ministros del pueblo", el Presidente de la Corte, Hugo Aguilar, decidió dar marcha atrás con el uso de los vehículos, pero no con la compra.

 

 

CDMX, Edomex y Veracruz concentran 51.4% del gasto programable del 2026
(27-01-2026) El Economista, pág. 29

Ciudad de México, Estado de México y Veracruz concentran 51.4% del gasto programable total proyectado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 con 3.0 billones de pesos, 328 mil 611 millones y 321 mil 130 millones, respectivamente. En conjunto, suman 3.65 billones de pesos, más de la mitad del gasto programable nacional.

 

Con información de: El Universal, Eje Central, La Jornada, Milenio Diario, El Norte, El Independiente, La Razón de México, El Economista.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.