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Información de los Estados: 11 de agosto de 2026

11 Ago 2026
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Información de los Estados: 11 de agosto de 2026 Imagen tomada de: https://x.com/conagua_clima

Plantean aulas sin celulares para este ciclo
(11-08-2026) La Prensa, pág. 19

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la iniciativa de escuelas sin celulares se pueda aplicar en el próximo ciclo escolar que inicia en un par de semanas, mientras continúan los foros que el gobierno organizó en todo el país sobre el tema. El pasado 3 de agosto, la presidenta informó que en este mes dará a conocer la iniciativa que enviará al Congreso federal para la prohibición de teléfonos en las aulas.

 

 

SICT construirá 43 centros infantiles del IMSS en 40 municipios de 17 estados del país
(11-08-2026) La Crónica de Hoy, pág. 1, 10

La infraestructura para atender a niñas y niños pequeños tendrá una nueva etapa con la construcción de 43 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un proyecto que será desarrollado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Los centros estarán distribuidos en 40 municipios de 17 entidades del país y tendrán capacidad para recibir a 6 mil 160 infantes de entre 0 y 4 años.

 

 

Sheinbaum garantiza seguridad para inspectores de EU y empacadores de aguacate en Michoacán
(11-08-2026) Forbes

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su Gobierno garantizará la seguridad de inspectores, productores y empacadores de aguacate en Michoacán y destacó que ya operan 45 empacadoras para exportación, tras la suspensión temporal de actividades estadounidenses por amenazas contra el personal de inspección.

 

 

Pide Congreso a la Corte quitar blindaje a Samuel
(11-08-2026) El Norte

El pleito entre el Congreso local y el Gobernador Samuel García ayer vivió otro capítulo en su extendida saga: el Legislativo pidió a la Suprema Corte tumbar el "blindaje" que una ministra otorgó al emecista. El Congreso promovió un recurso de revisión ante la Corte con el que busca que se elimine la suspensión a favor de García dentro del proceso que le sigue el Legislativo por la presunta triangulación de recursos públicos en favor de negocios del emecista y su familia. El recurso legal busca revocar la suspensión otorgada el 8 de julio al Gobernador por la ministra María Estela Ríos. Esta suspensión impide al Congreso votar en el Pleno el juicio que se le inició el 12 de junio en la Comisión Anticorrupción ante una solicitud de la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer.

 

 

MC acusa a cártel inmobiliario de realizar los despojos en la CDMX
(11-08-2026) 24 Horas

La diputada emecista Laura Ballesteros, propuso una mesa metropolitana para combatir los despojos inmobiliarios y avanzar hacia la homologación de los códigos penales y protocolos de actuación en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, puesto que la red de corrupción involucra notarías y personas servidoras públicas que operan en el llamado Cártel Inmobiliario. “Vamos por eso, por la homologación de la norma a través del código penal en todas las zonas metropolitanas del país. Queremos empezar con la zona metropolitana del Valle de México, porque es donde está concentrada la mayor parte de las denuncias. Y, por otro lado, también decir de manera muy puntual que es responsabilidad de los carteles inmobiliarios”, mencionó.

 

 

Revisan resultados en la zona oriente de Edomex
(11-08-2026) Excélsior

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó sobre la revisión de los avances del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, estrategia que se desarrolla en coordinación con la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, y autoridades municipales.

 

 

Sheinbaum abre la puerta a revisar lineamientos para radio y televisión
(11-08-2026) La Jornada, pág. 1, 3

Tras el inicio de la consulta pública para recabar opiniones sobre los lineamientos con que se busca garantizar los derechos de las audiencias, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso la posibilidad de hacer ajustes, pero dejó en claro que la figura de la defensoría del público y el código de ética que deberán emitir los medios de comunicación concesionados de radio y televisión son parte de la ley en materia de telecomunicaciones aprobada en 2025.

 

 

Piden panistas evitar ‘narcopolítica’ en QR
(11-08-2026) Reforma, pág. 6

Legisladores del PAN originarios de Quintana Roo exigieron a Morena explicar cómo uno de sus aspirantes a la gubernatura, Rafael Marín Mollinedo, tiene nexos con un sujeto identificado por autoridades como operador financiero de la mafia rumana. Las exigencias del diputado federal, Ernesto Sánchez, y de la senadora Mayuli Latifa surgen luego de que Reforma informó que en los eventos del morenista en la entidad aparece entre sus cercanos Alejandro Enrique Arcos Moreno, quien previamente se infiltró en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) cuando Marín Mollinedo era director.

 

 

Busca Mario Zamora crear financiera estatal para Sinaloa
(11-08-2026) 24 Horas

El diputado federal Mario Zamora planteó impulsar la creación de una Financiera Estatal para Sinaloa, con el objetivo de recuperar el acceso al crédito para productores y pequeños empresarios que actualmente enfrentan dificultades para obtener financiamiento. Durante una gira de trabajo por Washington, D.C., el legislador señaló que la entidad necesita nuevas alternativas de crédito para sectores fundamentales de su economía, entre ellos el campo, la ganadería, la pesca y la acuacultura.



Registra el mes de julio con menos homicidios en 12 años
(11-08-2026) El Heraldo de México, pág. 1, 13

La Ciudad de México registró en julio de 2026 el menor número de homicidios para ese mes en los últimos 12 años, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien destacó que el resultado se suma al nivel más bajo de este delito alcanzado en junio y a una reducción de 63% en los delitos de alto impacto durante los primeros siete meses del año, respecto al mismo periodo de 2019.

 

 

Homicidios en Colima con tasa seis veces mayor a la nacional
(11-08-2026) La Razón de México, pág. 1, 13

Aun cuando el país logró una disminución de 30 por ciento en los homicidios dolosos durante el primer semestre del año, Colima tuvo un escalamiento que le valió ser la única entidad en alcanzar un nivel "extremo", con una tasa seis veces mayor que la nacional.

 

 

Crudo, otra vez rumbo a 90 dls, por desacuerdos entre EU e Irán
(11-08-2026) El Economista, pág. 1, 18

El precio del petróleo volvió a subir el lunes, por la incertidumbre en el Estrecho de Ormuz, detonada por las exigencias regulatorias y arancelarias de Irán para permitir la navegación comercial en este corredor clave. Los futuros del Brent ganaron 4.17 dólares o 4.99%, a 87.72 dólares el barril y sumaron su cuarto día con avances, acumulando un incremento de 10.53 por ciento. 

Con información de: La Prensa, La Jornada, El Norte, 24 Horas, Reforma, La Razón de México, El Heraldo de México, El Economista.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.