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Desde San Lázaro. El narcopolítico. Por Alejo Sánchez Cano Destacado

05 Dic 2017
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Calificada entre algunos sectores de la opinión pública como una ocurrencia, lo que propone el ya tres veces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, no puede ser etiquetada como tal, pues no es otras cosa sino una locura eso de querer perdonar al crimen organizado, de querer pactar con criminales y con los envenenadores de jóvenes, por tanto el que quiere una tregua con los narcos en lugar de aspirar a la presidencia debe irse a la cárcel.

Por lo pronto líderes políticos reprobaron la propuesta. "El planteamiento de López Obrador de perdonar a los narcotraficantes es otra más de sus locuras", afirmó el líder de PAN, Ricardo Anaya, a través de las redes sociales. "Es una idea viejísima que ha fracasado donde se ha intentado. En Colombia, el Gobierno pretendió negociar con Pablo Escobar y los resultados fueron un verdadero desastre", expuso Anaya.

La dirigencia del PRD dijo que el tabasqueño demuestra desconocimiento de la realidad de México y desprecio por sus leyes. El Presidente del PRD-CDMX, Raúl Flores, aseguró que al anunciar por anticipado una amnistía a los diferentes grupos del narcotráfico que operan en nuestro territorio, Andrés Manuel López Obrador muestra su insensibilidad ante los cientos de miles de víctimas del narcotráfico y deja en claro que no tiene proyecto ni estrategia para afrontar el peor mal que padecemos en el país, pues lo único que le interesa es poder recorrer toda la República durante su tercera campaña presidencial sin ningún tipo de riesgo ni amenaza.

Y es que el fin de semana, durante un recorrido por tierras Guerrerenses, en Quechultenango, Andrés Manuel López Obrador dijo que, en caso de ganar la Presidencia, analizará otorgar una amnistía a los líderes del crimen organizado para pacificar el país y aseguró que la guerra contra el crimen organizado es un error, pues pese a la aplicación de sanciones más severas, el uso inadecuado de las fuerzas armadas solamente ha generado muertes, y afirmó que “vamos a hacer todo lo que se pueda para que logremos la paz en el país, para que no haya violencia. Se debe perdonar si está de por medio la paz y la tranquilidad del pueblo”.

Al respecto, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ha señalado que una amnistía a los narcos es como querer convertir a México en un narcoestado e ir en contra de toda una política internacional de combate a las drogas.

Pero más allá del desencuentro de ideas al calor de los tiempos políticos que vive el país, lo que se ve en el mensaje de López Obrador es un discurso de protección a la delincuencia y en contra de las instituciones. Por ende, el mensaje obradorista nos lleva a reflexionar sobre sus relaciones peligrosas, pues nadie olvida que luego de un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada y las fuerzas militares, el de Tabasco se apresuró a defender la causa de los nacotraficantes bajo el argumento de que éstos mataban y secuestraban por falta de oportunidades.

No es todo, pocos han olvidado el apoyo político que AMLO dio al José Luis Abarca, quien llegó a ocupar la presidencia municipal de Iguala, Guerrero, y después fue destituido para que enfrentara acusaciones de lavado de dinero proveniente de actividades ligadas al narcomenudeo, acciones que al parecer dieron origen a las desaparición del grupo de jóvenes de Ayotzinapa.

También vimos el caso Tláhuac, donde el Jefe Delegacional, Roberto Salgado Vázquez, tiene a sus espaldas serios señalamientos que hablan de apoyos al grupo delictivo que encabezaba “El Ojos”, quien fue abatido en un enfrentamiento contra elementos de la Marina, y quien tenía acusaciones de distribuir droga en varias delegaciones del sur de la capital.

En el caso del primero, el peje se deslindó de las correrías de Abarca, pero con Roberto Salgado su partido ha defendido al mandatario local con argumentos de que se trata de un golpe político a la causa del tabasqueño.

No hay duda, AMLO se opone a las instituciones y se rasga las vestiduras para defender a secuestradores, matones y distribuidores de droga, y si lo hace es por algo, tal vez porque entre estos últimos se encuentren sus verdaderos aportadores de dinero en tiempos de campaña, o cómo entender esas relaciones peligrosas y la propuesta de amnistiarlos, pues simple, hay quienes los llaman narcopoliticos o locos.

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El apunte del director

  • MAYO 2025

    A días de la elección de jueces, magistrados y ministros, el engrudo no solo se le hizo bolas a la 4T, sino que ya se cuajó con el desastre que ha implicado todo el proceso de selección de los aspirantes que ha encontrado su epítome de la ineptitud con la filtración de ciertos personajes de mala reputación que, incluso, están vinculados con criminales, tal como lo denunció el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el  morenista Gerardo Fernández Noroña, quien reconoció que hubo fallas en los filtros para elegir a los candidatos al Poder Judicial en donde  se incluyeron “perfiles ligados con el narco o con personajes que defendieron públicamente a Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo”.

    Lo denunciado por Noroña tan solo es la punta del iceberg que oculta a licenciados que son promovidos por grupos empresariales, religiosos, partidistas, sindicales y por supuesto del crimen organizado y que, por lo tanto, cuentan, con el respaldo económico y de movilización para ganar la elección en los Circuitos y juzgados en donde fueron promovidos

    Así que “el sistema judicial más democrático del mundo” estará conformado en su mayoría, por juzgadores que resolverán los casos que lleguen a sus manos por consigna y no por un estricto apego al orden Constitucional.

    En este contexto, se alista en los estados y municipios gobernados por el oficialismo a cumplir con sus cuotas de votantes para el día de la elección, es decir, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y sus aliados políticos, aceitan la maquinaria desde ahora para llevar el mayor número de acarreados el próximo 1 de junio a su cita con la elección más truculenta que haya organizado el INE.

    No obstante que está expresamente prohibido que los partidos políticos intervengan en el proceso de elección de los juzgadores, el gobierno está echando toda la carne al asador sin escatimar recursos públicos para “convencer” a los ciudadanos a acudir a votar.

    Sin ese acarreo del gobierno federal, la elección sería un total fracaso en cuanto a la abstención, sin embargo, con la puesta en marcha de la maquinaria electoral de la 4T se garantiza que acudan a votar entre un 15% y 20 por ciento del padrón electoral, lo que, para efectos del discurso oficial, sería un éxito, aunque sería una de las elecciones con mayor abstención, incluso por arriba de la revocación de mandato de AMLO.

    Como se sabe, los ciudadanos no contarán los votos emitidos en las casillas electorales, sino que, la boletas se concentrarán para que, sean los propios funcionarios del INE quienes realicen el cómputo para determinar a los candidatos ganadores a convertirse en ministros, magistrados y jueces, por supuesto, la mayor parte de ellos alineados a los designios del principal huésped de Palacio Nacional.

    Si consideramos que las arcas del gobierno federal, estatal y municipal están muy acotados en su manejo presupuestal por la escasez de presupuesto, con los gastos extraordinarios que representa la elección judicial, pues  muchas instancias de gobierno están imposibilitados a cumplir con las cuotas asignadas y por lo tanto, ante la negativa de conseguir los recursos necesarios que se requiere para el acarreo, seguramente no se alcanzarán las metas fijadas en cuanto al número de votantes que participen en la jornada electoral.

    El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum presenta indicios de una recesión económica presidida, ya, de un estancamiento económico que inhibe la generación de empleos y por supuesto de desarrollo económico que incide en la captación tributaria, que es la principal fuente de ingresos que tiene el gobierno para solventar sus gastos.

    En este contexto se les ocurrió la genial idea de reformar el Poder Judicial que no solo acabó con la confianza de los inversionistas en México, sino que le metió más carga fiscal a las atribuladas finanzas públicas.

    Este es el escenario en el cual se va a llevar la farsa de la elección judicial que, en términos de gobernabilidad no aporta nada y en cambio, trastoca todo el sistema judicial a mover toda la estructura del Poder Judicial con la incrustación de jueces de pacotilla a modo del régimen que, en la mayoría de los casos, carecen de la experiencia necesaria para dictaminar con pleno apego a la Constitución.

    Y todavía falta, además de la jornada electoral, observar cómo opera en el día a día, con miles de casos judiciales, el nuevo Poder Judicial con una Suprema Corte de Justicia de la Nación con clara proclividad a la 4T y ciertos magistrados y jueces coludidos con criminales.

    En medio de la salvaje presión ejercida por Donald Trump sobre el gobierno de la presidenta, se mantiene el capricho de llevar a cabo la elección judicial que en el fondo permite consolidar un régimen autoritario alineado a otras dictaduras de la región como Cuba y Venezuela.