- No a la #LeyCensura en Puebla
- Abre puertas para coartar la libertad de expresión y acallar críticas a acciones de los gobernantes
“La capacidad de acceder a la información, de comunicarse y de participar en la esfera pública de manera digital es un derecho que debe ser protegido, sin embargo, acceder a estas imprescindibles libertades sin la seguridad adecuada puede conducir a situaciones de abuso, explotación y en general, conductas que ponen en riesgo la integridad y seguridad de las y los ciudadanos”, bajo esa premisa argumentativa, en el estado de Puebla su congreso local aprobó lo que vox populi de inmediato empezó a llamar e identificar en el ciberespacio con el hashtag #LeyCensura.
“Por tanto, es esencial establecer un marco legal que garantice no solo el acceso, sino también la protección de las personas usuarias en el ciberespacio, asegurando que la libertad se ejerza de manera segura y responsable”, precisa el texto del decreto publicado en el Periódico Oficial con el visto bueno del gobierno estatal y el aval del congreso local, donde se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado, en materia de ciberseguridad, y se tipifican los delitos de usurpación de identidad, espionaje digital y ciberasedio.
Hasta ahí todo parece correcto, pero luego viene la ambigüedad de sus alcances y ello lo hacen notar especialistas estudiosos de los medios informativos y de la comunicación, así como trabajadores que ejercen el periodismo, situación que se externa con preocupación por el clima de censura gubernamental que enfrentan periodistas, medios de comunicación, no solo en dicha entidad, sino que esto empieza a ser una preocupación entre toda la ciudadanía en México.
Por ejemplo, la Comisión de Comunicación instancia de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), que evalúa y da seguimiento al respeto a la libertad de expresión y al derecho a la información, por parte de los gobiernos de la región, advierte que la libertad de expresión enfrenta grandes desafíos y ataques que incluyen violencia física, amenazas, restricciones legales y la politización de la justicia para acallar la crítica periodística y también las manifestaciones ciudadanas en redes sociales, como sucede en Puebla con la llamada ley de ciberasedio. “Es una ley censura que tiene como objetivo principal eliminar cualquier crítica al gobernador”, señaló.
Y mucho de razón hay en la postura de la COPPPAL en torno al decreto emitido en puebla, porque con ese disfraz de marco normativo contra nuevos delitos en materia de ciberseguridad, pretende castigar conceptos como insulto, injuria, ofensa, agravio o vejar a otra persona, sin una definición clara, donde gobiernos, como el de Puebla, podrían utilizar ese criterio hecho ley para amedrentar, intimidar o tratar de silenciar a sus críticos, que, por cierto, en Pueblo no son pocos quienes critican las actitudes tiránicas del actual mandatario. Que conste.
LAS CARTAS HABLAN.- Solo para darnos una idea de la ambigüedad del decreto en comento hay que leer el contenido de la adición del artículo 480 al Código Penal poblano:
“Comete el delito de ciberasedio quien, a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.
A la persona responsable de la conducta descrita en el párrafo anterior se le impondrá la pena de once meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito. Cuando la víctima sea menor de edad, se presumirá el daño a la dignidad por tratarse de una persona en desarrollo psicoemocional y físico, y la sanción se aumentará desde una tercera parte de la pena mínima, hasta dos terceras partes de la pena máxima”.
VA MI RESTO.- En verdad preocupa el nuevo ordenamiento aprobado para el Código Penal en Puebla, porque esto podría dar pauta de apertura de puertas a la censura y limitar la libertad de expresión en el resto del país, y a la larga, con esos mismos argumentos, los gobiernos estatales podrían adquirir facultades para bloquear plataformas digitales, censurar contenidos y acceder a información privada sin un control judicial adecuado, ese es el verdadero riesgo de lo que se asoma en el decreto de marras.
Recientemente supimos de la prohibición del uso de telefonía celular entre la comunidad estudiantil en Querétaro y dijimos que esa acción no resolvía a fondo el problema de los ciberdelitos ni el robo de identidad, pero coincidimos en que la medida podría significar un gran paso para que a nivel nacional se abrieran las puertas a un gran debate sobre el tema y no hemos cambiado de opinión, debe darse un debate donde participen especialistas, académicos, investigadores, legisladores y representantes de la sociedad civil, todos en conjunto podrían concretar un planteamiento serio y preciso que permita regular el uso de las redes sociodigitales, eso sí, pero para decretos dictatoriales como el de Puebla no debe haber cabida en la discusión de este tema ni de ningún otro, y hasta ahí porque como veo doy.
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.