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Desde San Lázaro. Todos los caminos llevan a AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

18 Sep 2025
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Desde San Lázaro. Todos los caminos llevan a AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/lopezobrador_

La cobija de impunidad que quieren tender sobre AMLO y dos de sus vástagos, no alcanza a cubrirlos, no obstante que la han estirado hasta desgarrarla en la pretensión de proteger a gobernadores, marinos, legisladores y toda una jauría que fueron soltados el sexenio pasado para enriquecerse con complicidades, incluso con los cárteles de la droga.

El discurso pronunciado por el almirante secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales, en la parada militar del 16 de septiembre sobre la corrupción que prevaleció en la gestión de su antecesor, Rafael Ojeda, es contundente y no deja lugar a dudas que  este personaje, por lo menos, solapó que sus sobrinos y un montón de marinos que tenían bajo su responsabilidad las aduanas, aeropuertos, puertos y refinerías,  conformaron un Cártel para enriquecerse sin importar su pertenencia  a la institución pública que más valoran y reconocen los mexicanos.

El golpe ha sido demoledor para la Secretaria de Marina y la armada de México, por ello, era necesario deslindarse de inmediato de esos elementos que traicionaron a México y los principios rectores que conforman el código de actuación de los marinos.

“Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. El mal tuvo un fin determinante, en la Marina no encontró lugar ni abrigo”, advirtió el almirante: “Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación”, añadió.

“Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate”, señalaba el almirante en la plaza política más relevante del país, en su mensaje contra la corrupción que aqueja a la Marina.

Era imposible que AMLO fuera ajeno a la podredumbre que se destilaba desde las alcantarillas de Marina y por supuesto de la Sedena, además de que, varios de sus colaboradores,  ahora son indiciados en diversas investigaciones que obran en poder de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y de la FGR.

El día de ayer el periodista de El Universal,  Claudio Ochoa publicó en la red social X que “Fuentes me confirman que un juez federal concedió suspensión a Andy y Bobby López Beltrán  contra cualquier captura. Una persona llamada Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, promovió el amparo ante el juzgado segundo de distrito con sede en Zacatecas”.

Las redes tejidas en el sexenio pasado  en torno al huachicoleo de combustibles, lavado de dinero, connivencia con los cárteles de la droga y corrupción, pasa necesariamente por colaboradores cercanísimos a López Obrador, como es el caso (según versiones oficiales y fuentes periodísticas) de Alfonso Romo, Audomaro Martínez, Mario Delgado, Rafael Ojeda, Alfonso Durazo y Adán Augusto López, entre otros angelitos que se despacharon con la cuchara grande con la venia del presidente.

Alfombra que se levanta o closet que se abre, se encuentra podredumbre y corrupción que es imposible esconder, no obstante los esfuerzos que se hacen para encubrirlos.

En menudo lio está la Jefa del Ejecutivo Federal, ya que por un lado, son tan contundentes los actos ilícitos en que incurrieron estos cuatroteros, que es imposible no proceder en su contra, no obstante la orden expresa que existe desde Tabasco de no tocarlos ni con el pétalo de una rosa; y por otro, la presión interna emanada de diversos colaboradores de la presidenta Sheinbaum, como el propio almirante secretario,  por los hallazgos encontrados en las dependencias a su cargo.

Y si por si esto fuera poco, el presidente Donald Trump mantendrá su preocupación por el poderío de los narcoterroristas que atentan contra la seguridad interior de Estados Unidos.

Nada de relevancia, escapa de los ojos del presidente, advertía López Obrador hace seis años, por lo que se infiere que de todo el escándalo que se ha develado en torno al huachicoleo de combustibles y demás actos de corrupción, lo conocía hasta en los pormenores más mínimos.

La larga crónica de una inédita maquinaria de corrupción que prevaleció en el sexenio de López Obrador, apenas va en sus primeros capítulos y cada vez que se le da la vuelta a una página, se pone más escabroso el asunto porque contiene, muertes, traiciones, revelaciones, robos, engaños y los más ruin de la escala de valores de un ser humano que la novela de Los Miserables de Víctor Hugo, o la obra de Edgar Allan Poe que describe los rincones más oscuros de la mente humana, abriendo el camino al terror moderno y el simbolismo, se quedan cortas ante la perversidad en esta trama tabasqueña.

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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.