Ya cumplió con la misión, provocar el menor daño posible a la 4T y en ello se juega su reelección como titular de la Auditoria Superior de la Federación. David Colmenares presento la tercera entrega de la Cuenta Pública 2024 ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y en donde se detectó que hay 65 mil millones de pesos pendientes por aclarar, (5 mil millones de pesos pendientes de aclarar en el ámbito federal y más de 54 mil millones de pesos en el sistema subnacional), lo que significa que en el gasto federalizado, es decir a nivel estatal y municipal es el sector en donde más observaciones se fincaron.

Llama la atención que, por ejemplo, al IMSS, de Zoe Robledo,  tan solo se le haya determinado por aclarar una cantidad ridícula, 46 millones de pesos,  para el tamaño del presupuesto anual que maneja, aunque se entiende  a Colmenares por la proclividad que tiene con algunos personajes del oficialismo

La tercera entrega de la Cuenta Pública 2024 dejó al IMSS con 46 millones 353 mil 956 pesos por aclarar. Pagos por medicamentos no comprobados, ausencia de registros sanitarios avalados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), penas convencionales no aplicadas y piezas pagadas pero no recibidas forman parte de los hallazgos documentados.

Pero el debate no se agota en esas cifras. Desde distintos frentes parlamentarios se ha insistido en que la ASF ha sido particularmente severa en algunos rubros administrativos, mientras que en otros ha mostrado una preocupante laxitud. En especial, se le reprocha no haber profundizado con la misma intensidad en la revisión integral de los procesos de licitación pública del IMSS.

Las observaciones publicadas se concentran en pagos y comprobación de entregables; sin embargo, poco se dice —afirman críticos— sobre la fase previa: la elaboración de bases, anexos técnicos y requisitos que rigen los concursos. Ahí es donde, según diversas denuncias, podrían configurarse transgresiones a disposiciones previstas en la normativa aplicable y en estándares técnicos vinculados a la Norma Oficial Mexicana (NOM) del sector salud.

El señalamiento es delicado: si desde el diseño de la convocatoria se establecen condiciones restrictivas o especificaciones hechas “a la medida”, el problema no es solo la comprobación posterior del gasto, sino la competencia misma. La fiscalización, sostienen legisladores de oposición y algunos de Morena, debería abarcar con mayor profundidad el análisis comparativo de ofertas, la razonabilidad de los requisitos técnicos y la congruencia con el marco normativo vigente.

Otro punto que ha generado inquietud es la presunta adjudicación de contratos a empresas que no acreditarían plenamente capacidad técnica, infraestructura o experiencia comprobable. En el lenguaje coloquial se les denomina “empresas patito”, es decir, compañías de reciente creación o sin respaldo operativo suficiente. Si tales casos existen, el problema trasciende la falta de documentación: implicaría un riesgo directo para la calidad de los insumos y servicios médicos.

La ASF tiene facultades para revisar no solo el ejercicio del gasto, sino el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de adquisiciones. Por ello, en San Lázaro se escucha cada vez con más fuerza la exigencia de auditorías de desempeño y forenses que examinen la trazabilidad completa de los procedimientos: desde la planeación y estudio de mercado hasta la adjudicación y ejecución contractual.

El relevo en la conducción del órgano fiscalizador —tras la gestión de David Colmenares Páramo— abre la posibilidad de redefinir prioridades. Si la nueva titular decide ir a fondo en la revisión de los procesos licitatorios del IMSS, no solo se disiparán dudas sobre eventuales omisiones, sino que se fortalecerá la legitimidad de la propia ASF.

Porque en el sector salud no basta con observar facturas o entregas incompletas. La transparencia debe comenzar en la génesis del contrato. Y si existen vacíos en la revisión de licitaciones o en la validación de proveedores, es ahí donde la fiscalización superior tiene una asignatura pendiente.

Blindar los procesos de compra del IMSS no es una consigna política, es una obligación institucional. De la calidad de esas revisiones depende no solo la pulcritud administrativa, sino la confianza de millones de derechohabientes que esperan algo elemental: medicamentos y servicios otorgados conforme a la ley y con estándares técnicos incuestionables.

(CONTINUARÁ)