La propuesta de establecer un tope de 70 mil pesos a las llamadas “pensiones doradas” ha encendido uno de los debates más delicados del sexenio. No se trata solo de una medida de austeridad; es una reforma constitucional que impactará directamente en los derechos adquiridos de miles de jubilados del sector público y que obligará al Congreso a definir hasta dónde puede llegar el Estado en su afán de corregir lo que considera excesos del pasado.

En su conferencia matutina, la presidenta, Claudia Sheinbaum, reveló que existen 94 mil 153 personas que reciben pensiones que van desde 300 mil hasta más de un millón de pesos mensuales. La cifra, presentada como símbolo de desigualdad y abuso, busca justificar la decisión de imponer un límite máximo que, de prosperar en el Congreso, reduciría drásticamente esos montos.

El argumento oficial es claro: no puede haber pensiones que superen con creces el salario del titular del Ejecutivo federal. En el discurso político, la medida conecta con la narrativa de justicia social, austeridad republicana y combate a los privilegios del antiguo régimen. Bajo esa lógica, ningún exfuncionario debería recibir más que quien encabeza el Estado mexicano.

Pero en el terreno jurídico y económico, el tema tiene múltiples aristas. La primera es la posible transgresión de derechos adquiridos. Muchos de esos jubilados alcanzaron tales niveles de pensión conforme a la ley vigente en su momento: por sus altos ingresos, años de cotización o incluso por esquemas de ahorro voluntario complementario. Modificar retroactivamente las condiciones podría abrir la puerta a una cascada de litigios en tribunales nacionales e incluso internacionales. El principio de irretroactividad de la ley y la seguridad jurídica no son detalles menores en un Estado de derecho.

La presidenta dice que la reforma constitucional no tiene alcances retroactivos, pero entonces cómo se explica que se aplique el recorte a aquellas pensiones construidas en el pasado.

Además, el sistema de pensiones mexicano es profundamente heterogéneo. Conviven esquemas de beneficio definido con cuentas individuales; regímenes especiales con normas generales; y disposiciones transitorias que, en muchos casos, blindaron derechos específicos. Pretender uniformar todos esos esquemas bajo un tope constitucional implicaría una ingeniería legal compleja que podría generar contradicciones normativas y conflictos competenciales.

La segunda arista es política. No son pocos los que interpretan la reforma como una acción con destinatarios específicos: exministros, exmagistrados, exjueces y altos funcionarios que han sido críticos del proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Si la medida se percibe como castigo o ajuste de cuentas, el gobierno corre el riesgo de convertir un debate técnico-financiero en un episodio más de polarización. El mensaje podría leerse no solo como una política de ahorro, sino como una advertencia a quienes discrepan del poder.

En San Lázaro el cálculo político será determinante. La mayoría oficialista, bueno eso si no se rompe la alianza con el PVEM y PT, tiene los votos para sacar adelante cambios constitucionales, pero la oposición buscará colocar el debate en el terreno de la defensa de derechos y del respeto a la división de poderes. El choque discursivo está servido: privilegios contra derechos adquiridos; justicia social contra seguridad jurídica.

Desde luego, el contexto fiscal explica la premura. Las finanzas públicas atraviesan una etapa compleja: el gasto en pensiones —contributivas y no contributivas— crece año con año; el pago de intereses de la deuda presiona el presupuesto; el gasto corriente y el federalizado mantienen su inercia; y los programas sociales, de carácter progresivo, demandan cada vez mayores recursos. A ello se suma el costo de operación y mantenimiento de proyectos emblemáticos heredados de AMLO (Los elefantes blancos) como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas y el Tren Interoceánico.

El gobierno necesita recursos, y las pensiones doradas representan una bolsa atractiva para enviar un mensaje político y obtener un ahorro inmediato. Sin embargo, el impacto real en las finanzas públicas debe analizarse con lupa: el grueso del gasto en pensiones no está en esas 94 mil personas, sino en millones de beneficiarios del IMSS, ISSSTE y programas universales. El ahorro potencial, aunque mediáticamente potente, podría ser marginal frente al tamaño del problema estructural.

Hay otro ángulo poco explorado: la señal que se envía a los cuadros técnicos y profesionales del Estado. Durante décadas, ciertos cargos de alta responsabilidad ofrecieron esquemas de retiro atractivos como incentivo para atraer talento especializado. Si las reglas cambian de manera abrupta y retroactiva, el servicio público podría perder competitividad frente al sector privado.

Por otro lado, sería ingenuo negar que en el pasado existieron abusos. Algunos regímenes especiales otorgaron beneficios desproporcionados que difícilmente resisten el escrutinio público actual. La discusión, por tanto, no es blanco o negro. La verdadera prueba será distinguir entre excesos corregibles y derechos legítimamente consolidados.