En los corrillos legislativos el tema ya no es sólo la agenda por la reforma electoral. El murmullo constante gira en torno a 2027. La disputa por la definición de candidaturas dentro de Morena —a gubernaturas, diputaciones federales y cargos locales— ha comenzado antes de tiempo y con una intensidad que anticipa un auténtico juego de vencidas.
El partido en el poder enfrenta el dilema clásico de toda fuerza dominante: cómo administrar el éxito sin fracturarse. Morena dejó de ser un movimiento aglutinado por la oposición para convertirse en una estructura de gobierno con presupuestos, posiciones y márgenes de maniobra. Eso ha detonado una competencia feroz por el control del aparato partidista y, sobre todo, por la decisión final en la selección de candidaturas.
En 2027 se renovará la Cámara de Diputados en su totalidad y estarán en juego 17 gubernaturas. El control de San Lázaro implica manejar el presupuesto en la segunda mitad del sexenio y definir la viabilidad legislativa del proyecto político dominante. Por eso cada distrito y cada estado son piezas estratégicas en un tablero mayor.
Hasta ahora, el discurso oficial insiste en que los métodos de selección seguirán basados en encuestas y criterios de paridad. Pero la verdadera discusión no es técnica, sino política: ¿quién define el método?, ¿quién valida los resultados?, ¿quién tiene la última palabra cuando los números no favorecen a un grupo?
Aquí entra un factor determinante: el peso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque formalmente el partido tiene órganos colegiados, nadie en la estructura ignora que su influencia es definitiva. Su capacidad para enviar señales —un respaldo público, una gira compartida, un nombramiento estratégico— puede convertir a un aspirante en favorito indiscutible o enfriar una candidatura en cuestión de días.
Sin embargo, el otro gran actor en esta ecuación es Andrés Manuel López Obrador y su ascendencia política y moral sobre amplios sectores del movimiento. Gobernadores, legisladores y dirigentes formados a su sombra no dejan de mirar hacia él en busca de orientación o legitimidad.
La combinación de ambos liderazgos —la presidenta en funciones y el fundador del movimiento— configura un equilibrio delicado. Para algunos, será una relación de coordinación estratégica; para otros, un inevitable juego de vencidas. ¿Prevalecerá la lógica institucional del gobierno en turno o el peso histórico del liderazgo que dio origen al partido?
En los estados, la disputa adquiere matices adicionales. Gobernadores morenistas que han consolidado estructuras locales buscan influir en la sucesión y colocar perfiles cercanos. Esa aspiración a veces choca con la dirigencia nacional y con los intereses de grupos parlamentarios. Si además se suman señales cruzadas desde la Presidencia o desde el liderazgo histórico del movimiento, el escenario puede tensarse aún más.
En el Congreso ya se perciben alineamientos. Legisladores que responden a distintos liderazgos operan con lógica de precampaña: tejen alianzas, negocian presidencias de comisión y construyen redes territoriales. La disciplina legislativa se mantiene en las votaciones clave, pero bajo la superficie se desarrolla una competencia abierta por posiciones futuras.
Cierto, la nueva reforma electoral moverá de manera relevante el tablero político y en dónde se vislumbra el control total de Morena en la nueva Cámara de Diputados
A este escenario se agregan factores externos que incidirán con fuerza en 2027. La reforma electoral aprobada en el actual sexenio modificará las reglas de representación y fiscalización.
Asimismo, la irrupción de nuevos partidos políticos puede fragmentar el voto en regiones específicas. Aunque no representen una amenaza nacional inmediata, sí podrían alterar ecuaciones locales en contiendas cerradas. Morena ya no competirá únicamente contra una oposición tradicional debilitada, sino contra un mosaico más complejo.
En ese terreno, el declive de fuerzas como el Partido Revolucionario Institucional, las tensiones internas en el Partido Acción Nacional y la estrategia de crecimiento de Movimiento Ciudadano no simplifican necesariamente el panorama. Por el contrario, obligan al oficialismo a administrar con mayor cuidado sus propias fracturas, pues el voto opositor puede reorganizarse de manera impredecible.
En las elecciones intermedias, la historia muestra que el partido dominante suele enfrentar desgaste natural del ejercicio del poder. Si a este factor se suma una confrontación interna mal resuelta, el costo puede traducirse en pérdida de escaños o de gubernaturas clave. Por eso la definición de candidaturas no es sólo una pugna de ambiciones personales: es una cuestión de supervivencia política.
La pregunta de fondo es si Morena logrará procesar sus diferencias mediante mecanismos institucionales o si prevalecerán las imposiciones respaldadas por uno u otro liderazgo. En un escenario donde la presidenta tiene la facultad formal y el control del aparato gubernamental, pero López Obrador conserva una influencia simbólica y política considerable, el equilibrio será determinante.
