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Desde San Lázaro. Un tratado comercial con nuevo rostro. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

27 Abr 2026
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Desde San Lázaro. Un tratado comercial con nuevo rostro. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/SE_mx

La relación entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum atraviesa uno de sus momentos más complejos, marcados por la desconfianza política, tensiones comerciales y un reacomodo geopolítico que no favorece la interlocución bilateral. La reciente incorporación del gobierno mexicano a un bloque de países con posturas críticas frente a Trump —conformado por España, Brasil y Colombia, entre otros—, durante el encuentro en Barcelona, no pasó inadvertida en Washington. Más aún cuando se da en el contexto de una negociación clave: la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El movimiento diplomático de México tiene lecturas encontradas. Por un lado, responde a una lógica de diversificación de alianzas y afinidades ideológicas con gobiernos progresistas. Por otro, implica un riesgo evidente: tensar aún más la relación con el principal socio comercial del país. En política exterior, los gestos importan, y alinearse —aunque sea parcialmente— con un bloque “antitrump” en plena renegociación comercial es, cuando menos, una apuesta arriesgada.

El telón de fondo es económico. Los aranceles al acero, aluminio, cobre y partes automotrices mexicanas se mantienen como un instrumento de presión por parte de Estados Unidos. No son medidas nuevas, pero sí persistentes, y reflejan una visión proteccionista que ha caracterizado el discurso y la práctica de Trump. En este escenario, el ideal de integración regional que dio origen al tratado comercial parece diluirse frente a intereses nacionales cada vez más rígidos.

Lo que se observa, en los hechos, es una fragmentación de la negociación. México dialoga con Canadá, por un lado, y con Estados Unidos por otro. La lógica trilateral que dio vida al acuerdo se ve desplazada por dinámicas bilaterales que, si bien pueden destrabar temas específicos, debilitan la arquitectura integral del tratado. Y eso tiene implicaciones de largo alcance.

El punto neurálgico de esta discusión se encuentra en el artículo 34.7 del T-MEC, la llamada cláusula sunset. Este mecanismo establece que el tratado tendrá vigencia hasta 2036, salvo que las partes acuerden su extensión hasta 2042. En apariencia, se trata de una disposición técnica; en la práctica, es una herramienta que representa una despresurización a la relación comercial, ya que permite reabrir el debate en las revisiones anuales en los próximos diez años, sobre la continuidad del acuerdo.

Hay también hay una lectura estratégica desde México. La eventual permanencia del tratado bajo estas condiciones podría ser, paradójicamente, una forma de resistir el momento político actual. En tres años, el tablero en Estados Unidos podría cambiar. Trump no estará en el poder, y la posibilidad de un relevo con una visión menos proteccionista abriría la puerta a una renegociación más equilibrada.

Esa apuesta no es menor. Implica asumir costos en el corto plazo —aranceles, tensiones diplomáticas, incertidumbre comercial— con la expectativa de un beneficio futuro. Es, en esencia, una estrategia de contención frente a un entorno adverso. Pero como toda apuesta, conlleva riesgos. El principal: que el escenario político en Estados Unidos no cambie en la dirección esperada.

El tratado no es solo un instrumento comercial; es el eje de la relación económica de América del Norte. Cualquier alteración en su funcionamiento tiene efectos directos en empleo, inversión y crecimiento.

La postura del gobierno mexicano, al sumarse a un bloque crítico de Trump, también puede interpretarse como un intento de ganar margen de maniobra. Mostrar que existen alternativas, que México no depende exclusivamente de Estados Unidos. Sin embargo, la realidad económica impone límites claros: más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense. La interdependencia es, en ese sentido, innegable.

El desafío, entonces, es encontrar un equilibrio. Mantener una política exterior activa y diversificada sin comprometer los intereses estratégicos del país. Defender el tratado sin caer en confrontaciones innecesarias. Y, sobre todo, garantizar que las decisiones políticas no terminen afectando la estabilidad económica.

La relación Trump-Sheinbaum es, en muchos sentidos, una relación en construcción, pero también en tensión. Dos visiones distintas, dos estilos de liderazgo y dos contextos políticos que no siempre convergen. En medio de ello, el T-MEC se convierte en el campo de disputa donde se juega mucho más que un acuerdo comercial.

El tiempo dirá si la estrategia mexicana logra sortear este momento complejo. Por ahora, lo cierto es que la incertidumbre ha regresado a una relación que, durante años, se había construido sobre la base de reglas claras. Y en economía, la incertidumbre suele ser el peor de los escenarios.

Desde la óptica de la relación comercial y política entre los gobiernos de México y Estados Unidos, el pacto de Barcelona solo sirvió para complicar más la relación bilateral.

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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.