La política mexicana lleva semanas en girar en torno a la elección intermedia de 2027. Aunque todavía faltan meses para que arranque formalmente el proceso electoral, el anuncio de que Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México competirán nuevamente en coalición confirma que el oficialismo tiene un objetivo claro: conservar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y conquistar las 17 gubernaturas que estarán en disputa.
La decisión es relevante. Se trata de la continuidad de una estrategia que le ha permitido al bloque gobernante acumular poder como ninguna otra fuerza política en la historia reciente del país. Con esa mayoría, Morena y sus aliados han reformado la Constitución a conveniencia, desmantelando contrapesos institucionales y concentrando facultades en el Poder Ejecutivo.
Durante meses, algunos analistas y no pocos opositores apostaron a que las tensiones derivadas de las reformas electorales conocidas como Plan A y Plan B provocarían la ruptura entre Morena y sus aliados. El PT amagó con marcar distancia y el Verde, fiel a su pragmatismo, elevó el precio de su respaldo.
Sin embargo, resulta difícil imaginar que el Partido del Trabajo y el Verde decidan abandonar una alianza que les garantiza acceso al presupuesto público, posiciones estratégicas, candidaturas y toda clase de canonjías políticas. Ambos partidos han encontrado en Morena una fuente inagotable de supervivencia y rentabilidad electoral.
En términos coloquiales, sería ingenuo pensar que dejarán de “mamar del presupuesto”.
La coalición no solo seguirá viva, sino que llegará fortalecida. Los tres partidos anunciaron que establecerán filtros y candados más estrictos para impedir la postulación de candidatos presuntamente vinculados con el crimen organizado, un reconocimiento tácito de que la infiltración del narcotráfico en la política ya no puede ocultarse debajo de la alfombra.
¿Estas oyendo Rubén Rocha Moya?
La medida busca contener el daño reputacional provocado por las investigaciones y señalamientos que han surgido en torno a figuras relevantes del oficialismo.
Entre los nombres que más ruido han generado se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, así como el senador Enrique Inzunza, ambos señalados por una Corte de Nueva York por supuestos vínculos con grupos del crimen organizado.
A estos nombres podrían sumarse otros mandatarios estatales de Morena.
Más allá de la solidez o debilidad jurídica de esas acusaciones, el tema representa una amenaza política real para el partido gobernante, que por primera vez enfrenta cuestionamientos internacionales sobre la integridad de algunos de sus cuadros más visibles.
Frente a ese escenario, la coalición oficialista decidió cerrar filas.
Primero en torno al narcogobernador –craso error- y segundo, para evitar que los malosos se les cuelen por la puerta de atrás.
Con el respaldo conjunto de Morena, PT y Verde, la 4T mantiene amplias posibilidades de retener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Si eso ocurre, la Constitución seguirá siendo modificada al antojo del grupo en el poder, sin necesidad de negociar con la oposición y con la intención evidente de consolidar un proyecto político de largo aliento.
En otras palabras, la llamada Cuarta Transformación busca extender su hegemonía durante muchos años más.
Del otro lado del tablero, la oposición continúa extraviada.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no logran construir una narrativa convincente ni una estrategia común. Cada partido parece más preocupado por temas de coyuntura que por ofrecer una alternativa real de gobierno.
Lo más preocupante es que han desaprovechado temas que pudieron convertirse en poderosos instrumentos de desgaste para el oficialismo, particularmente los señalamientos internacionales sobre nexos entre morenistas y el narcotráfico.
La falta de coordinación, liderazgo y visión estratégica mantiene a la oposición en estado de irrelevancia.
Así, mientras el oficialismo se organiza con disciplina y pragmatismo, sus adversarios siguen atrapados en divisiones, mezquindades y cálculos personales.
La paradoja es que el gobierno enfrenta problemas mayúsculos: inseguridad desbordada, crecimiento económico insuficiente, crisis en el sistema de salud, deterioro educativo, finanzas públicas presionadas y una empresa petrolera en franco declive, entre muchos otros problemas.
A pesar de ello, la presidenta de la República y buena parte de la estructura gubernamental dedican una cantidad considerable de tiempo y recursos a tareas eminentemente partidistas orientadas a preservar el poder.
La prioridad parece no ser resolver los problemas que más aquejan a los mexicanos, sino asegurar que el movimiento mantenga el control del Congreso, de los estados y de las instituciones.
Se blindarán frente al desgaste, cerrarán el paso a perfiles incómodos y utilizarán toda su maquinaria territorial para mantenerse en la cima.
La pregunta de fondo es si la ciudadanía seguirá otorgando un cheque en blanco a un proyecto que concentra cada vez más poder y con vínculos con criminales o si, finalmente, exigirá una limpia a fondo y resultados.
