La Cuarta Transformación ha perfeccionado un método político tan eficaz como peligroso: presentar como avances democráticos lo que en realidad son mecanismos del autoritarismo. Bajo el discurso de “darle voz al pueblo”, el oficialismo ha impulsado reformas que, lejos de fortalecer a las instituciones, las subordinan a los intereses del gobierno de la autollamada 4T.

Dos ejemplos ilustran con claridad esta estrategia: la reforma judicial y la revocación de mandato.

Ambas fueron vendidas como instrumentos de participación ciudadana y democratización. En los hechos, se han convertido en farsas cuidadosamente diseñadas para consolidar el predominio del partido gobernante y debilitar los contrapesos constitucionales.

La reforma judicial es, quizá, el caso más delicado.

Con el argumento de combatir privilegios y acercar la justicia al pueblo, el oficialismo impulsó la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Sobre el papel suena atractivo. En la práctica, ha representado un grave riesgo para la independencia judicial.

La impartición de justicia requiere preparación técnica, autonomía y protección frente a presiones políticas. Un juez no debe resolver con base en la popularidad, sino conforme a la Constitución y las leyes. Someter su designación a campañas electorales y a la influencia de estructuras partidistas significa politizar la justicia.

Y eso es exactamente lo que ocurrió.

La llamada elección de jueces estuvo marcada por la operación de los célebres “acordeones”: listas distribuidas para inducir el voto por candidatos afines al régimen. En vez de un proceso genuinamente ciudadano, lo que se observó fue una movilización diseñada para garantizar el control del Poder Judicial.

El resultado es una señal preocupante para los mercados, para los inversionistas y para cualquier persona que dependa de tribunales imparciales para defender sus derechos.

Cuando el Poder Judicial deja de ser un contrapeso y se convierte en un apéndice del Ejecutivo, se debilita el Estado de derecho. Y cuando no existe certeza jurídica, la inversión se retrae, los proyectos se posponen y la economía resiente el impacto.

Ningún empresario serio quiere arriesgar su capital en un país donde los jueces puedan responder más a intereses políticos que a la ley.

La otra gran simulación es la revocación de mandato.

En teoría, se trata de un instrumento para que la ciudadanía retire anticipadamente a un gobernante que ha perdido la confianza popular. En la práctica mexicana, ha sido transformado en una herramienta propagandística para ratificar al presidente.

El mecanismo es tan absurdo como inútil.

Los propios simpatizantes del oficialismo recaban las firmas necesarias para solicitar la consulta. Después, la maquinaria gubernamental y partidista moviliza a sus bases para acudir a las urnas y votar porque el mandatario continúe en el cargo.

Es decir, quienes promueven el proceso son los mismos que aseguran su resultado.

Un tongo digno del Óscar.

Lejos de constituir un control ciudadano, la revocación de mandato se convierte en un ejercicio de autoafirmación política financiado con recursos públicos y utilizado para medir la capacidad de movilización del partido en el poder.

Este modelo no es nuevo en América Latina.

Regímenes como los de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela utilizaron mecanismos plebiscitarios para legitimar su permanencia y erosionar gradualmente los contrapesos democráticos. La consulta, en lugar de limitar al poder, terminó fortaleciendo al líder.

Cuando se combinan consultas diseñadas para la ratificación del gobernante con un Poder Judicial subordinado al Ejecutivo, el sistema democrático pierde equilibrio. El presidente concentra cada vez más facultades y las instituciones dejan de funcionar como auténticos contrapesos.

La democracia se diluye entre las manos de una incipiente autocracia a la mexicana.

La democracia no se consolida con elecciones tramposas, sino con reglas que impidan el abuso del poder. Un Poder Judicial independiente y mecanismos de rendición de cuentas auténticamente ciudadanos son indispensables para preservar las libertades.

Ni la reforma judicial ni la revocación de mandato cumplen ese objetivo.

La primera pone en riesgo la autonomía de los jueces. La segunda convierte un supuesto instrumento ciudadano en una plataforma de propaganda política.

Ambas figuras deberían revisarse a fondo y, de ser necesario, derogarse.

México necesita instituciones sólidas, no simulaciones costosas; contrapesos reales, no plebiscitos a modo; justicia imparcial, no tribunales sometidos al poder político.

Si de verdad se quiere fortalecer el régimen democrático y el Estado de derecho, el camino no pasa por mecanismos diseñados para concentrar poder, sino por restablecer la autonomía de las instituciones.

Porque cuando la democracia se convierte en espectáculo y los contrapesos son domesticados, el país deja de avanzar hacia una república de leyes y comienza a transitar hacia un sistema donde el poder se perpetúa bajo la apariencia de legitimidad popular.