El segundo aniversario del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llega en medio de una profunda polarización política y con un balance gubernamental cargado de claroscuros. Lo que debía convertirse en una celebración de consolidación política terminó transformándose en un ejercicio de movilización masiva para intentar proyectar fuerza en uno de los momentos más delicados que enfrenta la Cuarta Transformación.

La presidenta decidió replicar el modelo de movilización heredado del obradorismo: con el acarreo de simpatizantes, despliegue territorial de estructuras partidistas y un mensaje central orientado a demostrar músculo político.

La narrativa oficial sostiene que el pueblo respalda masivamente al gobierno. Pero detrás del espectáculo político subyace otra preocupación mucho más seria: la creciente tensión con Estados Unidos y las investigaciones judiciales que amenazan con golpear directamente a figuras relevantes de Morena.

En los pasillos de San Lázaro y del Senado, la lectura es clara. La movilización también busca enviar una señal hacia Washington frente a las versiones sobre posibles acciones judiciales o incluso operativos de extracción contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.

El contexto explica el nerviosismo.

Las investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales han colocado al oficialismo bajo presión internacional. La entrega de exfuncionarios sinaloenses a fiscales norteamericanos y la figura de testigos protegidos alimentan la percepción de que podrían venir nuevas revelaciones y más órdenes judiciales.

Frente a ello, Morena intenta cerrar filas y exhibir respaldo popular.

Sin embargo, más allá de la capacidad de movilización territorial, la realidad nacional dista mucho de ser motivo de celebración.

En materia económica, el gobierno enfrenta uno de sus peores momentos.

El crecimiento se ha desacelerado peligrosamente y los indicadores de inversión muestran señales preocupantes de desconfianza. La incertidumbre generada por las reformas judiciales, los conflictos regulatorios y la percepción de debilitamiento institucional han provocado cautela entre inversionistas nacionales y extranjeros.

México se acerca peligrosamente a una fase de recesión técnica mientras las finanzas públicas muestran creciente presión por el elevado gasto social, la fragilidad de Pemex y el incremento del costo financiero de la deuda.

A ello se suma la crisis de seguridad.

Pese a los discursos oficiales, amplias regiones del país continúan bajo control de organizaciones criminales. Las extorsiones, desapariciones, homicidios y disputas territoriales siguen golpeando a millones de mexicanos, mientras las autoridades federales mantienen una estrategia que no ha logrado recuperar plenamente el control del territorio nacional.

Omar García Harfuch rema a contracorriente y se enfrenta contra toda clase de enemigos tanto en las filas de los criminales como en el seno del oficialismo.

En el sector salud, el panorama tampoco ofrece resultados alentadores.

El desabasto de medicamentos continúa afectando hospitales y clínicas públicas. Familias enteras siguen padeciendo la falta de tratamientos oncológicos, insumos médicos y atención especializada. El prometido sistema de salud “como el de Dinamarca” quedó reducido a una frase propagandística frente a una realidad marcada por carencias y saturación hospitalaria.

El sistema educativo también enfrenta severos problemas estructurales.

Rezagos de aprendizaje, deterioro de infraestructura escolar, conflictos sindicales con la disidencia magisterial y deficiencias presupuestales mantienen a millones de estudiantes atrapados en un modelo incapaz de responder a las exigencias de competitividad global.

Y mientras esos problemas se acumulan, la relación bilateral con Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos en años recientes.

La confrontación política con el gobierno de Donald Trump escala conforme avanzan las investigaciones relacionadas con narcotráfico, migración y seguridad fronteriza. Washington observa con preocupación la infiltración criminal en estructuras políticas mexicanas y el posible involucramiento de funcionarios vinculados con Morena.

Por eso el gobierno mexicano intenta mostrar cohesión interna.

Pero una cosa es movilizar simpatizantes y otra muy distinta resolver los problemas estructurales que enfrenta el país.

La presidenta mantiene niveles importantes de respaldo político gracias a los programas sociales y a la fortaleza territorial del oficialismo. Sin embargo, eso no significa que exista un consenso nacional sobre el rumbo del país.

México sigue profundamente dividido.

Millones de ciudadanos observan con preocupación el deterioro económico, el debilitamiento institucional y la creciente confrontación política impulsada desde el poder.

Incluso algunos legisladores oficialistas reconocen en privado que el gobierno enfrenta un desgaste acelerado apenas en su segundo año.

Y no podía ser de otra manera.

Porque gobernar implica mucho más que llenar plazas o movilizar estructuras partidistas. Implica ofrecer resultados concretos en seguridad, salud, economía, educación, gobernabilidad y en otros tantos rubros que prevalecen los grandes pendientes.

Por eso, más allá de la propaganda y de las concentraciones masivas organizadas por Morena, una parte importante del país se pregunta si realmente existe algo que celebrar en estos dos años de gobierno.