Mientras continúen los actos anticipados de campaña, como el registro iniciado desde el pasado 22 de junio de los aspirantes a coordinadores de la defensa de la transformación de Morena, el Instituto Nacional Electoral podrá emitir todos los exhortos y llamados que quiera, pero sus advertencias carecen de credibilidad. El organismo encabezado por Guadalupe Taddei ha dejado la percepción de ser un árbitro firme e imparcial para convertirse, a los ojos de amplios sectores de la opinión pública, en un acompañante complaciente del oficialismo. Y cuando el árbitro parece inclinar la balanza hacia uno de los contendientes, el principio del piso parejo se desvanece y la democracia pierde legitimidad.

La legislación electoral mexicana fue diseñada precisamente para evitar campañas permanentes. El objetivo era impedir que quienes ostentan el poder utilizaran recursos políticos, mediáticos y de exposición pública durante meses o incluso años para obtener una ventaja indebida sobre sus adversarios. Por ello, las campañas para las gubernaturas tienen una duración máxima de 60 días previos a la jornada electoral. Sin embargo, los hechos demuestran que esa disposición ha quedado reducida a letra muerta.

Los aspirantes de Morena han comenzado un largo recorrido por las entidades federativas bajo la figura de "coordinadores de la defensa de la transformación", un eufemismo que intenta disfrazar lo que, en los hechos, son auténticas precampañas. Si el proceso arrancó el 22 de junio y la elección se celebrará dentro de casi un año, el país presencia campañas de alrededor de 346 días, casi seis veces más largas de lo permitido por la legislación. Es decir, la excepción terminó convirtiéndose en la regla.

La responsabilidad de este deterioro institucional no recae únicamente en Morena. También alcanza al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instituciones llamadas precisamente a hacer cumplir la ley sin distingos partidistas. Cuando ambas autoridades toleran mecanismos que evidentemente buscan eludir las prohibiciones legales, envían un mensaje demoledor: la norma puede ser burlada siempre y cuando exista creatividad política para cambiarle el nombre a las campañas.

Lo más preocupante es que la simulación se ha normalizado. Nadie cree que esos recorridos sean simples ejercicios de organización partidista. Nadie ignora que las entrevistas, los mítines, las reuniones con estructuras territoriales y la promoción sistemática en redes sociales tienen un propósito eminentemente electoral. Cambia el nombre, pero no la esencia.

Ante ese escenario, la oposición tampoco permanecerá inmóvil. Acción Nacional y el PRI han comenzado a mover sus propias piezas, conscientes de que competir respetando estrictamente los tiempos legales equivaldría a regalar meses de ventaja al oficialismo. La consecuencia es inevitable: todos adelantan sus procesos y México entra formalmente en una dinámica de campañas políticas prácticamente permanentes.

El problema es mucho más profundo que una simple disputa entre partidos. Cuando la clase política vive en campaña durante casi todo el sexenio, deja de gobernar para comenzar a administrar expectativas electorales. Los congresistas privilegian la promoción personal sobre el trabajo legislativo; los gobernadores recorren municipios pensando en la siguiente elección; los alcaldes inauguran obras con fines propagandísticos; los funcionarios públicos dedican buena parte de su tiempo a fortalecer proyectos políticos en lugar de resolver problemas públicos.

Mientras los aspirantes recorren el país buscando simpatías, los grandes desafíos nacionales pasan a un segundo plano. La inseguridad continúa golpeando amplias regiones del territorio; el crecimiento económico sigue sin alcanzar el ritmo que demanda la generación de empleos; los sistemas de salud y educación enfrentan enormes rezagos; Pemex mantiene severos problemas financieros; la relación con Estados Unidos atraviesa momentos de alta tensión y la inversión permanece condicionada por un clima de incertidumbre jurídica y política.

Sin embargo, esas prioridades parecen perder importancia frente a la lógica electoral permanente. La política deja de ser un instrumento para resolver problemas y se convierte en una competencia ininterrumpida por conservar o conquistar el poder.

Quizá el mayor daño no sea jurídico, sino institucional. Cada proceso adelantado que queda impune erosiona un poco más la confianza ciudadana en las autoridades electorales. Si la ley sólo se aplica a unos y se interpreta con flexibilidad para otros, la percepción de imparcialidad desaparece. Y una democracia sin árbitros confiables termina convirtiéndose en una competencia donde los resultados son cuestionados incluso antes de que inicie formalmente la contienda.

México necesita autoridades electorales que hagan valer la ley con el mismo rigor para todos los partidos, sin importar quién gobierne. De lo contrario, las campañas dejarán de durar 60 días para extenderse prácticamente durante todo el ciclo político, con el enorme costo que ello implica para la gobernabilidad, la rendición de cuentas y la atención de los problemas que verdaderamente preocupan a los ciudadanos.