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Desde San Lázaro. Harfuch enfilado hacia el 2030. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

21 Ago 2026
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Desde San Lázaro. Harfuch enfilado hacia el 2030. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/

¿Estará Omar García Harfuch preparado para asumir responsabilidades políticas de mayor nivel que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? La pregunta dejó de ser una simple especulación de café después de lo ocurrido en Buenos Aires, donde el poderoso director de la DEA, Terrance Cole, prácticamente llenó de elogios al funcionario mexicano frente a representantes de más de cien países reunidos en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas.

Cole llamó a Harfuch “socio de confianza” y “buen amigo”, reconoció su liderazgo, valentía y colaboración y recordó incluso que sobrevivió al atentado perpetrado en su contra en junio de 2020 y regresó a cumplir con sus responsabilidades públicas.

Este epíteto de halagos, provienen del director de la agencia antidrogas estadounidense en momentos particularmente complicados de la relación entre México y Estados Unidos.

Y eso tiene enorme valor político.

En Buenos Aires, el secretario mexicano presentó resultados que fortalecen su posición: habló de 63 mil 500 detenidos por delitos de alto impacto, 32 mil 800 armas aseguradas y 518 toneladas de drogas decomisadas durante la actual administración. También destacó el intercambio de inteligencia prácticamente en tiempo real con las agencias estadounidenses y la cooperación entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la OFAC para perseguir las estructuras financieras del crimen organizado.

Más allá de la discusión que necesariamente debe darse sobre las cifras oficiales de homicidios y su metodología, resulta evidente que la política de seguridad de Claudia Sheinbaum es sustancialmente diferente a la aplicada durante el sexenio anterior.

Ahora se detiene a criminales, se realizan operativos, se decomisan armas y drogas y se golpean estructuras financieras.

Y el rostro de esa estrategia se llama Omar García Harfuch.

Hay Que recordar que Harfuch quiso convertirse en candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2023 y ganó claramente la encuesta interna: obtuvo 40.5 por ciento de las preferencias contra 26.7 por ciento de Clara Brugada, pero no fue el candidato. La aplicación del criterio de paridad de género terminó colocando a Brugada en la candidatura y Harfuch aceptó la decisión sin romper con Morena, sin confrontarse públicamente con Andrés Manuel López Obrador y sin provocar una crisis interna.

Esa disciplina política también cuenta.

Porque desde entonces quedó demostrado algo que sus adversarios internos difícilmente pueden ignorar: Harfuch tiene posibilidades electorales.

Dentro de Morena existen sectores radicales que nunca lo han visto con buenos ojos. Harfuch no pertenece al núcleo histórico de la izquierda partidista, no proviene de las luchas sociales que dieron origen al movimiento y representa un perfil institucional, policiaco y pragmático muy diferente al de los cuadros tradicionales de la 4T.

Sin embargo, tiene algo que muchos de sus detractores internos no poseen: capacidad, resultados, exposición nacional, reconocimiento ciudadano, interlocución con Estados Unidos y, sobre todo, la confianza absoluta de Claudia Sheinbaum.

Esa última condición es fundamental.

Harfuch ha demostrado una lealtad prácticamente irrestricta hacia la Presidenta. No construye públicamente un proyecto paralelo, evita protagonizar confrontaciones políticas y concentra sus apariciones en los asuntos relacionados con seguridad.

Pero precisamente ese comportamiento fortalece su capital político.

Mientras otros personajes de Morena aparecen constantemente involucrados en escándalos, disputas internas, declaraciones desafortunadas o luchas por candidaturas, Harfuch construye una imagen basada esencialmente en resultados.

¿Qué sigue para Omar García Harfuch?

La Secretaría de Gobernación podría ser eventualmente una posibilidad, pero existe otra posibilidad que seguramente incomodará muchísimo a los sectores radicales de Morena.

La Presidencia de la República.

Faltan cuatro años para 2030 y hablar ahora de candidatos presidenciales parecería prematuro si no fuera porque en México las sucesiones comienzan prácticamente desde el momento en que toma posesión un presidente.

Harfuch tendría entonces 48 años.

No significa que Omar tenga asegurado absolutamente nada.

Cuatro años constituyen una eternidad política y la seguridad pública es posiblemente la responsabilidad más peligrosa del gobierno mexicano. Un acontecimiento de alto impacto puede destruir en días el prestigio acumulado durante años.

Estados Unidos parece haber encontrado en Harfuch un interlocutor confiable en México y Claudia Sheinbaum tiene en él a uno de sus funcionarios políticamente más rentables.

Por eso los radicales de Morena deberían comenzar a acostumbrarse a una realidad incómoda: aquel policía al que no querían como candidato a jefe de Gobierno puede terminar convertido en uno de los personajes más fuertes del sexenio y el principal del que viene.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.