Con la salida de Mónica Soto de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se cierra una etapa controvertida en la máxima autoridad jurisdiccional electoral del país. La magistrada presentó su renuncia el pasado 17 de agosto y ésta tendrá efectos a partir del 31 del mismo mes, después de que la Comisión Permanente la aprobara por 26 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones. Su gestión quedará inevitablemente sometida al juicio público por decisiones que la oposición consideró favorables al oficialismo y que alimentaron durante años la percepción de una justicia electoral muy cercana al poder.
Ahora, sin embargo, el Tribunal Electoral enfrenta una prueba que puede resultar todavía más trascendente: decidir hasta dónde puede llegar el Instituto Nacional Electoral en el monitoreo de los medios de comunicación durante las campañas de 2027 sin cruzar la delicadísima frontera que separa la fiscalización electoral de la censura.
El asunto no es menor. El Consejo General del INE aprobó la metodología para monitorear los programas de radio y televisión que difundan noticias durante el proceso electoral federal 2026-2027. El esquema contempla 14 variables y una de ellas lleva un nombre tan rebuscado como preocupante: “mecanismos discursivos indirectos de descalificación de personas precandidatas o candidatas”. Su propósito declarado es detectar expresiones que, aun sin constituir una agresión explícita, transmitan menosprecio, cuestionamiento o descalificación hacia quienes compiten por un cargo de elección popular.
Hasta ahí podría argumentarse que estamos simplemente frente a otro ejercicio de monitoreo. El problema comienza cuando la autoridad pretende internarse en terrenos profundamente subjetivos: la ironía, el sarcasmo, la minimización de logros, los cuestionamientos implícitos de legitimidad y otras formas de expresión que forman parte natural del periodismo político, particularmente del análisis y la opinión.
Más inquietante todavía es la interpretación de que podrían evaluarse elementos como el tono de voz, los gestos, las muecas o la actitud corporal de quienes informan sobre candidatos y campañas. Precisamente esa controversia ha llegado al Tribunal Electoral, donde corresponderá analizar la validez de la metodología aprobada por el INE.
¿Desde cuándo levantar una ceja, utilizar el sarcasmo o adoptar determinado tono frente a las declaraciones de un candidato puede convertirse en materia de evaluación de una autoridad electoral?
El propio INE sostiene que su metodología no pretende sustituir el criterio editorial de los medios ni calificar la validez de las opiniones periodísticas, sino ofrecer información pública sobre el tratamiento que reciben las candidaturas. Esa explicación debe tomarse en cuenta. Pero también debe advertirse que cuando una autoridad comienza a clasificar las formas mediante las cuales periodistas y comunicadores expresan críticas, ironías o cuestionamientos, se abre una puerta peligrosísima para la discrecionalidad.
Porque hoy se llama monitoreo; mañana puede convertirse en señalamiento y pasado mañana en sanción.
Y allí aparece la contradicción política del INE. Mientras prácticamente todo el país observa desde hace semanas a aspirantes de Morena recorrer estados, encabezar reuniones, promocionar su imagen, construir estructuras territoriales y disputar abiertamente candidaturas para 2027, la autoridad electoral parece particularmente interesada en estudiar cómo habla un periodista, qué gesto hace un conductor o cuánto sarcasmo utiliza un analista.
El oficialismo está a dando a conocer los que serán sus candidatos para disputar las gubernaturas en 17 entidades del país, no obstante que ello debería hacerse hasta el otro año, conforme a los ordenamientos electorales vigentes.
El INE debería concentrar buena parte de sus energías institucionales en garantizar que nadie se adelante ilegalmente a las campañas, fiscalizar recursos, impedir el uso electoral de estructuras gubernamentales y asegurar condiciones equitativas para todos los contendientes. No convertirse en una especie de policía del lenguaje corporal de los comunicadores.
El periodismo político no puede ejercerse con un manual de gesticulación colocado junto al micrófono.
Un conductor no puede estar preguntándose si levantar las cejas será interpretado como descalificación. Un analista no puede medir cada ironía pensando que posteriormente será clasificada por una institución académica contratada por el INE. Un caricaturista, comentarista o periodista tampoco puede ejercer su oficio bajo la amenaza implícita de que la autoridad determine qué quiso decir más allá de las palabras que efectivamente pronunció.
Por ello, la resolución del Tribunal Electoral adquiere una dimensión mucho mayor que una simple controversia administrativa. Los magistrados tendrán que establecer si semejante metodología es compatible con la libertad de expresión consagrada en la Constitución o si representa una invasión excesiva del Estado sobre el trabajo editorial de los medios.
La democracia necesita autoridades electorales fuertes, pero también necesita periodistas incómodos, comentaristas críticos y medios capaces de cuestionar al poder sin pedir permiso.
Porque si el INE termina calificando palabras, tonos de voz, sarcasmos, gestos y hasta muecas, estaremos peligrosamente cerca de pasar del monitoreo electoral al monitoreo del pensamiento.
