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Desde San Lázaro. Corcholatas hacia la derrota. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

28 Ago 2026
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Desde San Lázaro. Corcholatas hacia la derrota. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/PartidoMorenaMx

Los destapes anticipados de Morena para cinco de 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027 —Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Sinaloa— confirman que el oficialismo decidió acelerar los tiempos electorales y colocar sobre la mesa a sus primeras “corcholatas”, disfrazadas bajo el eufemismo de coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Son Nora Ruvalcaba, Pablo Gutiérrez Lazarus, Rosa María Bayardo, Santiago Nieto e Imelda Castro, respectivamente.

Morena puede llamarlos como quiera, pero políticamente son sus virtuales candidatos a gobernador y desde ahora tendrán meses para recorrer sus estados, promover su imagen, organizar estructuras y hacer campaña sin llamarle campaña, es decir van a hacer actos anticipados de campaña. Una fórmula suficientemente conocida desde la sucesión presidencial de 2024.

Lo interesante no son únicamente los nombres, sino las condiciones políticas bajo las cuales competirán. Porque, contrario al discurso triunfalista que seguramente acompañará estos nombramientos, ninguna elección está resuelta y en varias de esas entidades Morena enfrentará escenarios particularmente complicados.

Aguascalientes y Querétaro son dos plazas en las que el PAN conserva estructuras políticas sólidas y gobiernos con capacidad territorial. Los hidrocálidos padecerán otra vez a Nora Ruvalcaba, quien intentará por cuarta ocasión consecutiva conquistar la gubernatura. El dato por sí mismo resulta revelador: Morena vuelve a apostar por una candidata que ya conoce ampliamente el electorado y que hasta ahora no ha conseguido desplazar al panismo.

Querétaro presenta un escollo demasiado grande para Regeneración Nacional. Santiago Nieto fue finalmente ungido como coordinador morenista y tendrá enfrente una maquinaria panista profundamente arraigada y con un gobernador, Mauricio Kuri que, al igual que sus antecesores, han dado resultados positivos a los queretanos

Luego vienen Campeche y Colima, donde el problema para Morena es diferente: allí deberá cargar con el desgaste de sus propios gobiernos.

En Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus tendrá que enfrentar no solamente a la oposición, sino las consecuencias políticas de la administración de Layda Sansores y el crecimiento de Movimiento Ciudadano. La frivolidad, censura a los medios de comunicación, corrupción e incompetencia de la mandataria complica la permanencia de Morena en el Poder.

Colima tampoco será un paseo dominical. Rosa María Bayardo está directamente vinculada al proyecto político de la gobernadora Indira Vizcaíno, con quien comenzó a trabajar políticamente desde 2017 y en cuya administración ocupó la Secretaría de Desarrollo Económico. Por ello será imposible que durante la campaña pueda deslindarse de los resultados del actual gobierno estatal.

Indira arrastra una estela de corrupción que difícilmente podrá desprenderse y por ósmosis política le trasladará este pasivo a Bayardo.

Y finalmente está Sinaloa.

Allí Morena enfrenta posiblemente su elección más complicada, no necesariamente porque hoy aparezca derrotado en las encuestas —de hecho, mediciones recientes todavía colocan competitiva a Imelda Castro— sino porque tendrá que convencer a los sinaloenses de que puede romper con el grupo político que gobernó el estado con el narco durante los últimos años.

Imelda Castro fue presentada como la figura que deberá encabezar una nueva etapa y ahora pretende marcar distancia de Rubén Rocha Moya y de Enrique Inzunza. El problema es que en política la memoria existe.

Castro y Rocha no son personajes que apenas se hayan conocido durante el sexenio. Sus trayectorias políticas han coincidido durante años y ambos terminaron formando parte del mismo proyecto que llevó a Morena al poder en Sinaloa. Ahora, después de la crisis política provocada por Rocha Moya, resulta conveniente construir la narrativa de que la virtual candidata representa una ruptura con el rochismo.

Habrá que ver cuántos sinaloenses compran esa historia.

Si alguien piensa que la relación de Morena con el PVEM y PT es buena habría que pulsar el ánimo de las dirigencias de ambos partidos en relación a las intermedias del 2027, quienes se observan bastante optimistas para ir solos en varias entidades.

Los verdes y petistas empiezan a preguntarse para qué necesitan seguir subordinados a Morena si pueden utilizar las elecciones intermedias para incrementar su propia fuerza política rumbo a 2030.

Estas fuerzas políticas analizan competir por separado en algunas entidades. Entre los estados donde existen tensiones aparecen precisamente Campeche, Colima y Querétaro. El PVEM tiene cuadros propios que quieren competir y el PT también pretende aprovechar su estructura para negociar mejores posiciones.

Es decir, la fotografía de Morena, Verde y PT levantando juntos la mano de un candidato puede durar mucho menos de lo que imaginan en la dirigencia nacional morenista.

Aguascalientes y Querétaro serán pruebas de expansión; Campeche y Colima, referéndums sobre sus gobiernos; y Sinaloa será la prueba de fuego para determinar cuánto daño político dejó el derrumbe del rochismo.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.