Septiembre tiene una relación traumática con la memoria de los mexicanos. La ciencia insiste, con razón, en que los sismos no pueden predecirse y que tampoco existe evidencia para afirmar que septiembre sea, por alguna extraña condición geológica, el mes de los terremotos. Sin embargo, la memoria colectiva dice otra cosa: basta mencionar el 19 de septiembre para que millones de mexicanos recuerden inmediatamente 1985 y 2017.

El próximo sábado será nuevamente 19 de septiembre y, aunque sería irresponsable alimentar supersticiones o pronósticos sin sustento científico, la fecha obliga a plantearnos una pregunta mucho más importante: ¿está México verdaderamente preparado para enfrentar un terremoto de gran magnitud?

Porque los terremotos no pueden evitarse, pero muchas de sus consecuencias sí.

Ahí comienza la responsabilidad del Estado.

Un gobierno no puede impedir que las placas tectónicas se muevan, pero sí puede evitar que un edificio construido irregularmente se desplome; puede vigilar el cumplimiento de los reglamentos de construcción, actualizar mapas de riesgo, fortalecer los sistemas de alerta, capacitar permanentemente a la población, disponer de hospitales preparados para una emergencia y, sobre todo, contar con recursos financieros inmediatamente disponibles cuando sobreviene una catástrofe.

Por eso resulta imposible hablar de protección civil sin recordar una de las decisiones más cuestionables del sexenio de Andrés Manuel López Obrador: la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, dentro de la extinción masiva de fideicomisos impulsada por la 4T.

El gobierno argumentó entonces corrupción, opacidad e intermediarios. Era perfectamente válido revisar el funcionamiento del fondo, auditarlo, perseguir irregularidades y castigar responsables. Lo que resulta mucho más discutible es que la solución haya sido desaparecer un instrumento financiero construido precisamente para que el Estado mexicano pudiera responder ante terremotos, huracanes, inundaciones, incendios y otras emergencias sin depender de improvisaciones presupuestales.

Ese fue uno de los grandes vicios políticos del obradorismo: confundir instituciones defectuosas con instituciones inútiles. En lugar de corregirlas, profesionalizarlas y transparentarlas, muchas fueron eliminadas bajo el argumento de que pertenecían al periodo neoliberal.

La naturaleza, por supuesto, no entiende de neoliberalismo ni de Cuarta Transformación.

Un terremoto tampoco pregunta qué partido gobierna.

Y precisamente por eso la protección civil debería ser una política de Estado, no una bandera ideológica.

La administración de Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de corregir esa visión. No necesariamente resucitando al FONDEN con el mismo nombre y las mismas reglas, sino creando un verdadero fondo nacional de contingencias con recursos suficientes, transparentes, auditables y disponibles inmediatamente ante una emergencia de gran escala.

Ese debería ser uno de los debates del Paquete Económico 2027.

Los diputados están discutiendo precisamente cómo se gastará el dinero público el próximo año. Antes de repartir miles de millones entre prioridades políticas, programas clientelares u obras de dudosa rentabilidad, deberían preguntarse cuánto vale estar preparados para la próxima gran catástrofe.

En las grandes concentraciones urbanas continúa una presión brutal sobre el uso del suelo. Edificios construidos donde antes había casas; desarrollos que multiplican la densidad poblacional; inmuebles modificados sin suficiente supervisión; corrupción inmobiliaria; permisos cuestionables y autoridades municipales y alcaldías que demasiadas veces descubren las irregularidades cuando ocurre la tragedia.

La mejor política de protección civil empieza mucho antes de que suene la alerta sísmica.

Empieza cuando se concede una licencia de construcción.

Un reglamento antisísmico extraordinario sirve de poco si nadie vigila que se cumpla. Un atlas de riesgos tampoco salva vidas si termina convertido en un documento burocrático que nadie consulta antes de autorizar desarrollos inmobiliarios.

Y fuera de las grandes ciudades la situación puede ser todavía peor.

En comunidades rurales de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla y otras entidades vulnerables existen viviendas construidas con materiales precarios, caminos deficientes, hospitales distantes y municipios con capacidades mínimas de protección civil. Allí la desigualdad también se convierte en riesgo sísmico.

México ha avanzado enormemente en cultura sísmica. Los simulacros, las rutas de evacuación, los protocolos escolares y laborales y el Sistema de Alerta Sísmica han permitido construir hábitos que hace cuatro décadas prácticamente no existían. Pero pensar que con hacer sonar una alarma y realizar un simulacro cada septiembre estamos preparados sería una peligrosa complacencia.