Con el argumento barato de que “pongo mi candidatura al servicio del partido” en clara alusión al porque no se ha registrado para reelegirse como diputado, Ricardo Monreal declaró que hay entre 130 y 150 diputados federales de Morena –entre ellos Dolores Padierna y Alfonso Ramírez Cuellar-   que pretenden reelegirse en los comicios de 2027. Estamos hablando de entre 51 y 59 por ciento de los 254 integrantes de la fracción parlamentaria guinda que buscarían permanecer otros tres años en San Lázaro.

La noticia abre una pregunta inevitable: ¿cuántos de ellos merecen, a juicio de sus electores, otros tres años en la curul?

Porque antes de pensar en la encuesta de Morena, en el respaldo de Palacio Nacional, en las cuotas de los grupos internos o en la maquinaria partidista que eventualmente los llevará nuevamente a las boletas, esos legisladores deberían rendir cuentas ante los ciudadanos de sus respectivos distritos y explicar qué hicieron durante los últimos tres años para merecer nuevamente su confianza.

Esta elección tendrá además una característica histórica: será la última oportunidad para la reelección consecutiva de diputados federales antes de que entre en operación la reforma constitucional que la prohíbe a partir de los procesos electorales de 2030. Es decir, quienes consigan reelegirse en 2027 serán los últimos integrantes de una generación legislativa que pudo aspirar a permanecer consecutivamente en su cargo.

Monreal explicó que los aspirantes serán sometidos a encuestas en sus distritos y que Morena decidirá posteriormente quiénes obtendrán las candidaturas. También señaló que no tendrán obligación de solicitar licencia para participar en el proceso interno, aunque deberán respetar las restricciones para evitar el uso de recursos públicos con fines electorales.

Pero una cosa es ganar una encuesta interna y otra muy distinta merecer la aprobación ciudadana.

El problema de fondo es la calidad del Poder Legislativo mexicano. La Cámara de Diputados debería ser uno de los grandes centros de deliberación nacional, donde se discutan soluciones para los problemas económicos, educativos, sanitarios, fiscales, energéticos y de seguridad que enfrenta México. Sin embargo, durante años se ha profundizado una dinámica en la que las bancadas suelen votar disciplinadamente conforme a las instrucciones de sus dirigencias y liderazgos políticos.

Morena no inventó esa práctica. PRI y PAN también la utilizaron cuando fueron mayorías. Lo preocupante es que la disciplina partidista termine sustituyendo el debate parlamentario y convierta al legislador en un simple número dentro del tablero de votaciones.

Por eso la reelección de los diputados merece una discusión mucho más profunda que saber quién aparecerá nuevamente en las boletas.

Habría que revisar quién presentó iniciativas relevantes, quién defendió los intereses de su distrito, quién asistió regularmente a las sesiones, quién participó en comisiones, quién fiscalizó al Ejecutivo y quién simplemente levantó la mano siguiendo la instrucción de su coordinador parlamentario.

La paradoja apareció precisamente estos días. Monreal pidió a los diputados interesados en reelegirse que cuiden su imagen y asistan a trabajar después de las críticas por el elevado ausentismo registrado durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador.

No deja de resultar revelador que, cuando comienza la carrera por conservar la curul, también aparezca la preocupación por cuidar la imagen frente a los ciudadanos.

La discusión conduce inevitablemente a otro viejo debate: ¿necesita México una Cámara de Diputados de 500 integrantes?

Reducir el número de legisladores requeriría una reforma constitucional y una discusión seria sobre representación proporcional, pluralidad y equilibrio territorial. No basta con eliminar curules para ahorrar dinero, porque también debe garantizarse que las minorías políticas tengan representación. Pero tampoco debería convertirse en un dogma sostener que 500 diputados constituyen necesariamente la dimensión óptima del Congreso mexicano.

La pregunta es perfectamente legítima: ¿podría funcionar la Cámara con menos legisladores, menor burocracia y un gasto más reducido, sin sacrificar representación democrática?

La respuesta debería construirse con datos y no con consignas.

Lo que sí pueden hacer los ciudadanos en 2027 es evaluar individualmente a quienes pretenden permanecer otros tres años en San Lázaro. La reelección legislativa nació precisamente con ese argumento: premiar al representante eficiente y castigar al deficiente.