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Desde San Lázaro. Adrián De La Garza y Mario Zamora, las apuestas de la oposición. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

08 Oct 2026
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Desde San Lázaro. Adrián De La Garza y Mario Zamora, las apuestas de la oposición. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/AdrianDeLaGarza

Mientras Morena termina de acomodar las piezas después del destape anticipado de sus aspirantes a las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027, con inconformidades y fracturas que todavía amenazan con pasar factura, PAN y PRI comienzan a concentrar su atención en dos entidades particularmente relevantes: Nuevo León y Sinaloa, donde Adrián de la Garza y Mario Zamora, respectivamente, aparecen entre los nombres que se mueven dentro de la oposición rumbo a la contienda.

Ambos personajes cuentan con trayectoria y estructuras políticas que los colocan dentro de la competencia interna opositora. En Nuevo León, el segundo informe de Adrián de la Garza como alcalde de Monterrey se convirtió prácticamente en una concentración de figuras nacionales opositoras: acudieron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, Xóchitl Gálvez, Margarita Zavala, Ricardo Anaya y los dirigentes nacionales del PAN y PRI, Jorge Romero y Alejandro Moreno.

LA candidatura conjunta todavía no está resuelta. El PAN había advertido que De la Garza tendría que decidir en qué proceso interno participar y señaló que la legislación estatal no contempla la figura de candidatura común, aunque una coalición tendría otras reglas. Precisamente ahí se comprobará si PAN y PRI son capaces de convertir el discurso de unidad opositora en acuerdos concretos o vuelven a sucumbir ante sus pleitos internos.

Nuevo León presenta además una circunstancia que inevitablemente formará parte de la campaña: Samuel García enfrenta investigaciones y denuncias por presuntas irregularidades financieras. El Congreso estatal abrió un procedimiento de juicio político por acusaciones relacionadas con una supuesta triangulación de recursos hacia despachos vinculados con familiares del gobernador, mientras Morena presentó ante la FGR otra denuncia por presuntos actos de corrupción.

García ha rechazado las acusaciones y recientemente negó cualquier relación personal con el despacho de su padre y su medio hermano que recibió más de 15 millones de pesos de una empresa investigada por la FGR. Será tarea de las autoridades determinar responsabilidades; políticamente, sin embargo, esos expedientes estarán inevitablemente presentes cuando Movimiento Ciudadano intente defender en las urnas el estado que gobierna desde 2021.

MC enfrenta un gran dilema para Nuevo León ya que tiene dos aspirantes con posibilidades para ganar; Luis Donaldo Colosio y Mariana Rodríguez Cantú, esposa de Samuel García, y será la ponderación final de los naranjos lo que necesariamente incidirá finalmente en el resultado de la elección del próximo año.

La designación anticipada de candidaturas en las 17 entidades produjo inconformidades dentro de Morena. En Nuevo León, por ejemplo, la elección de Clara Luz Flores y de Andrea Chávez en Juárez,  provocó que Tatiana Clouthier anunciara un nuevo movimiento después de expresar abiertamente su rechazo a esa decisión, aunque mantuvo su respaldo a Claudia Sheinbaum

Sinaloa representa un escenario todavía más delicado.

Mario Zamora ya ha reconocido públicamente su disposición a participar en 2027. Más significativo aún: ha planteado la necesidad de unificar a la oposición para evitar la dispersión del voto frente a Morena.

Pero la elección sinaloense tendrá como telón de fondo algo mucho más grave que la disputa ordinaria entre partidos: la crisis política y de seguridad que rodea al gobierno de Rubén Rocha Moya.

La justicia estadounidense presentó una acusación contra Rocha y otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Documentos incorporados incluso al debate parlamentario mexicano recogen que la acusación estadounidense sostiene que Los Chapitos habrían financiado y operado en favor de la campaña de Rocha en 2021 mediante intimidación, secuestro de operadores opositores y otras acciones ilegales.

Eso no disminuye el tamaño del problema político para Morena. Sinaloa llegará a 2027 después de años de violencia, enfrentamientos entre facciones criminales y una crisis institucional que convirtió al gobernador en protagonista de una confrontación diplomática con Estados Unidos. Morena tendrá que explicar a los sinaloenses qué ocurrió durante estos años, lo que implica que Imelda Castro, candidata del oficialismo, tendrá que deslindarse de la administración saliente, tarea que luce harto difícil, toda vez que ha acompañado a Rocha en diversas tareas en el servicio público.

Así que Nuevo León y Sinaloa pueden convertirse en dos buenos laboratorios para medir el México electoral de 2027.

En Nuevo León estará en juego la capacidad de Movimiento Ciudadano para conservar uno de sus principales bastiones después de seis años de gobierno de Samuel García, frente a Morena y una oposición que deberá decidir si realmente puede caminar unida alrededor de una candidatura competitiva.

En Sinaloa estará a prueba Morena después de uno de los episodios políticos más delicados de su historia estatal, con un gobernador acusado por la justicia estadounidense de presuntos vínculos con el narcotráfico y una sociedad que ha padecido directamente la violencia generada por la confrontación criminal.

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El apunte del director

  • Octubre 2026

    Una decapitación orquestada desde la 4T

    La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

    Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

    La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

    La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

    Y allí aparece el problema político.

    No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

    Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

    Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

    Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

    Ese mismo principio debe valer para Calderón.

    La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

    La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

    No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

    Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

    Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.