Ahora que la presidenta Sheinbaum anda buscando desviar el misil hacia la oposición, de la corrupción de Guadalupe Taddei en el INE, al ordenar una auditoria a ese instituto desde el año 2000, salta a la vista la pifia hecha por Morena y aliados en el Congreso, por haber autorizado a Taddei superpoderes que la convirtieron en “dueña” del organismo electoral.

La crisis que dejó Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral no solamente obliga a investigar las irregularidades cometidas durante su administración, sino también a revisar las decisiones legislativas que permitieron concentrar facultades extraordinarias en la presidencia del organismo. En octubre de 2024, Morena y sus aliados aprobaron modificaciones al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que facilitaron la designación unilateral de funcionarios estratégicos, debilitando el mecanismo colegiado que anteriormente exigía el respaldo de ocho consejeros.

Aquella reforma modificó sustancialmente el equilibrio interno del INE. La presidencia adquirió facultades para nombrar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, posiciones fundamentales para el funcionamiento administrativo, operativo y electoral del Instituto. La decisión fue cuestionada desde entonces porque reducía los contrapesos internos y concentraba atribuciones que, por la naturaleza del organismo, deberían ejercerse mediante acuerdos entre sus integrantes.

El problema no consistió únicamente en otorgarle mayores facultades a Guadalupe Taddei, sino en crear condiciones institucionales que podían facilitar decisiones discrecionales y dificultar su supervisión. Las investigaciones sobre contrataciones, relaciones con proveedores y conflictos de interés durante su gestión han colocado nuevamente sobre la mesa la importancia de establecer controles efectivos sobre el manejo de los recursos públicos.

La salida de Taddei, seguida por aproximadamente 30 bajas de funcionarios vinculados con su administración, refleja la profundidad de la reorganización que enfrenta el organismo.

En medio de esta crisis apareció una decisión relevante de Blanca  Cruz García, presidenta provisional del INE, quien anunció que no ejercerá unilateralmente las facultades extraordinarias de la presidencia y que los nuevos nombramientos serán analizados y acordados por las consejerías. La decisión fue acompañada por el compromiso de revisar la estructura administrativa, evaluar a los funcionarios y colaborar con las autoridades fiscalizadoras.

La determinación tiene especial importancia porque el Consejo General recupera, al menos durante esta etapa provisional, un papel central en las decisiones administrativas. La colegialidad permite que los nombramientos sean discutidos, que existan diferentes opiniones y que las responsabilidades no se concentren exclusivamente en una persona.

Paralelamente, el senador Manlio Fabio Beltrones anunció una iniciativa para devolver al Consejo General atribuciones sobre nombramientos, compras y licitaciones. Otras fuerzas políticas, incluidos Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, también han presentado propuestas para modificar las facultades extraordinarias de la presidencia del INE.

El asunto resulta particularmente significativo porque ahora legisladores de distintas fuerzas coinciden en revisar un modelo de concentración de atribuciones que apenas dos años atrás fue aprobado por la mayoría oficialista.

La discusión, sin embargo, no debería agotarse en los nombramientos.

Si realmente se pretende reconstruir la confianza ciudadana, el INE necesita fortalecer los procedimientos de contratación pública, transparentar las adjudicaciones directas, revisar los mecanismos de evaluación de proveedores y garantizar que cualquier relación personal, familiar o empresarial susceptible de generar conflictos de interés sea declarada y examinada oportunamente.

El INE enfrenta una crisis institucional precisamente cuando debería concentrar todos sus esfuerzos en preparar unas elecciones intermedias de enorme complejidad. La renovación de la Cámara de Diputados, las elecciones de 17 gubernaturas y miles de cargos locales exigirán una estructura profesional, coordinación administrativa y absoluta certeza en los procedimientos.

México no puede darse el lujo de llegar a esa jornada con un árbitro electoral sometido a sospechas permanentes.

Además de modificar las reglas, transparentar las decisiones y garantizar que nadie vuelva a confundir la presidencia del árbitro electoral con el control personal de una institución que pertenece a todos los mexicanos, se debe pugnar porque el organismo sea totalmente imparcial y autónomo. Veremos cómo se desarrolla el proceso de selección del nuevo presidente del INE y sobre todo cuál es su experiencia y que tanto está vinculado al oficialismo o a cualquier partido político.