La discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 abre una semana política decisiva en donde el desenlace parlamentario está escrito de antemano. Morena y sus aliados cuentan con los votos necesarios para sacar adelante el dictamen aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mientras la oposición se prepara para cuestionar las prioridades del gasto, denunciar sus desequilibrios y presentar reservas que no prosperarán.

El verdadero debate, sin embargo, no debería limitarse a las confrontaciones desde la tribuna ni a la cantidad de reservas rechazadas. Lo importante está en la letra pequeña de un presupuesto que revela las dificultades financieras del gobierno de Claudia Sheinbaum y las contradicciones de un modelo económico que mantiene compromisos crecientes de gasto sin conseguir que la economía nacional alcance un ritmo sostenido de crecimiento.

El proyecto contempla un gasto superior a los 10.6 billones de pesos. Es una cantidad monumental, pero engañosa cuando se examina cuánto dinero se encuentra comprometido de antemano en pensiones, participaciones a las entidades federativas, costo financiero de la deuda, nómina gubernamental y otras obligaciones. El margen para emprender nuevas obras, mejorar servicios públicos o atender emergencias resulta considerablemente menor de lo que sugiere la cifra global.

Uno de los capítulos que merece especial atención es el de los programas sociales, particularmente porque 2027 será un año electoral en el que estarán en disputa la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, entre otros cargos públicos.  El gobierno tiene la obligación de garantizar la continuidad de los apoyos establecidos en la legislación, pero también de impedir que su distribución se convierta en un instrumento de promoción partidista.

La entrega de transferencias públicas no constituye por sí misma una irregularidad electoral. Lo que debe investigarse y sancionarse es su eventual condicionamiento político, la utilización de padrones con fines proselitistas, la intervención indebida de servidores públicos o el empleo de recursos presupuestales para favorecer candidaturas. Por ello, la fiscalización del gasto social deberá ser especialmente rigurosa durante los meses anteriores a la elección.

La oposición tiene aquí una responsabilidad que va mucho más allá de denunciar desde la tribuna. Debe revisar las reglas de operación, los mecanismos de supervisión, los calendarios de dispersión y las modificaciones presupuestales, además de presentar pruebas concretas cuando identifique posibles desvíos.

Otro asunto que debería ocupar buena parte de la discusión legislativa es el endeudamiento público. El costo financiero previsto para 2027 ronda los 1.6 billones de pesos, una cantidad que absorbe recursos que podrían destinarse a infraestructura, educación, salud o seguridad. Se trata de una obligación que no puede eliminarse mediante discursos y que aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas frente a cambios en las tasas de interés, el tipo de cambio y las condiciones de financiamiento.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria ha advertido sobre la trayectoria ascendente de la deuda pública y la limitada capacidad de los ingresos para acompañar ese crecimiento. Sus estimaciones sitúan el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público alrededor de 55 por ciento del producto interno bruto en 2027 y en 56.5 por ciento hacia 2032, mientras los ingresos públicos permanecerían próximos a 22.8 por ciento del PIB.

Esa diferencia entre obligaciones crecientes e ingresos relativamente estancados constituye uno de los principales desafíos fiscales de México. No significa que el país enfrente inevitablemente una crisis de deuda, pero sí que el gobierno dispone de menos margen para responder a contingencias económicas, financiar nuevas inversiones y estabilizar sus cuentas sin recurrir a ajustes o mayores fuentes de recaudación.

Las agencias calificadoras internacionales observan precisamente esa combinación de variables: crecimiento económico, deuda, déficit, costo financiero, estabilidad institucional y perspectivas de ingresos. Una reducción de la calificación soberana es inevitable si las condiciones fiscales se deterioran. Sus consecuencias podrían incluir mayores costos de financiamiento para el gobierno y, por distintas vías, para empresas y hogares.

El problema de fondo continúa siendo el crecimiento económico.

México necesita inversiones productivas, infraestructura suficiente, seguridad jurídica, energía confiable, disponibilidad de agua y condiciones que permitan a las empresas ampliar operaciones y generar empleos formales. Sin esos elementos, las posibilidades de elevar sostenidamente la recaudación sin aumentar la presión tributaria son limitadas.

La incertidumbre relacionada con la política comercial de Estados Unidos y la revisión del T-MEC añade otra dificultad a un panorama que ya enfrenta problemas internos de productividad e inversión. El presupuesto puede distribuir recursos, pero no sustituye una estrategia integral de crecimiento.

El Presupuesto 2027 será una prueba de la capacidad del Estado mexicano para conciliar obligaciones sociales, disciplina fiscal e inversión productiva.