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Para 2030, se triplicará la cifra de personas en situación de retiro

15 Mar 2017
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  • Titular de Consar, Carlos Ramírez Fuentes, se reunió con diputados de la Comisión de Seguridad Social
  • Cuentas Individuales no garantizan pensiones dignas: diputada Damián González

La Comisión de Seguridad Social, presidida por la diputada Araceli Damián González (Morena), se reunió con el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez Fuentes, quien expuso ante los legisladores el panorama del sistema de pensiones en nuestro país, ante fenómenos como el acelerado crecimiento demográfico, gasto pensionario y volatilidad financiera.

Ramírez Fuentes detalló que el rubro que más crece de todo el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es el gasto para pago de pensiones, principalmente por lo que se conoce como “generaciones de transición”, que son las personas que cotizaban en el anterior sistema en el que esos ingresos eran primordialmente subsidiados.

Resaltó el modelo de Cuentas Individuales, ya que permite a cada trabajador ahorrar de manera bimestral y tiene ventajas como que el ahorrador siempre recibe el beneficio de su capital y sus recursos son heredables, la movilidad entre sector público y privado, y que el empleado puede elegir entre 11 Afores y cambiarse.

Precisó que el monto invertido en este esquema es de 2.8 billones, que equivale a alrededor del 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y aseguró que la expectativa es que crezca aceleradamente en los siguientes años. “El dinero en cuanto entra se pone a trabajar y eso a veces pasa desapercibido, pero se genera actividad productiva, empleo y crecimiento económico”.

Aseguró que “los ahorros de los trabajadores cercanos al retiro tienen liquidez, por lo que están seguros. Las elecciones de Estados Unidos causaron volatilidad y las tasas de interés se incrementaron de manera significativa; sin embargo, fue una buena noticia para los ahorradores de largo plazo.

La presidenta de la comisión, diputada Araceli Damián González, consideró que “las Cuentas Individuales son cuentas de ahorro diferido que no cumple con la meta de otorgar a los trabajadores una pensión digna. La propia Auditoría Superior de la Federación reconoce que el modelo de Cuentas Individuales no sirven para alcanzar pensiones dignas”.

Comentó que en su informe anterior la Consar refirió que tenía ahorros por 2 billones 801 mil 498 mdp, y hoy se reporta una cifra menor, es decir, parece haber una pérdida de 47 mil 406 mdp. “En ese sentido qué puede decir la Consar a los trabajadores”.

Asimismo, preguntó sobre la rentabilidad histórica del SAR, ya que anteriormente mencionaron una tasa de 5.92 y ahora baja a 5.61. Agregó que las tasas que se cobran en las Afores son más altas que en otros países como España o Austria.

La diputada Arlet Mólgora Glover (PRI) preguntó los alcances del programa que da oportunidad a los adultos mayores de 65 años el retiro de su SAR. Por su parte, el diputado Pablo Bedolla López (PRI) solicitó saber qué estrategias tiene la Consar para poder ir hacia comisiones más bajas.

Del mismo partido, Beatriz Vélez Núñez, manifestó su preocupación de que un trabajador deba ahorrar el 12 por ciento del salario para tener una pensión digna, debido a que en casi todos lados tienen el límite del 2 por ciento.

La diputada María Eloísa Talavera Hernández (PAN) cuestionó qué pasa con los trabajadores de los estados que tienen sus propios sistemas de seguridad social y no tienen un esquema definido como los afiliados al IMSS o ISSSTE.

Hugo Alejo Domínguez, diputado del PAN, preguntó si los ahorros que invierten las Afores tienen alguna cobertura ante riesgos o el dinero de los trabajadores corre algún riesgo inminente al ser invertido en diferentes sectores para el desarrollo del país.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral (Nueva Alianza) inquirió si hay algún resultado sobre una investigación desarrollada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en torno a las comisiones por cobrar.

Por su parte, el titular de la Consar expuso que “las Afores toman el dinero de los trabajadores y lo invierten y el cómo lo hacen es fundamental para pagar buenos rendimientos y buenas pensiones. No hay ningún sector donde no participen de alguna forma las Afores. Se invierte en infraestructura, salud, vivienda, electricidad, educación, turismo, alimentos y otros”.

Puntualizó que los recursos se invierten en deuda gubernamental y corporativa. “El rendimiento no está garantizado, pero nunca el trabajador ha perdido capital. Los ahorradores no se tienen que preocupar porque el capital no se afecta, los rendimientos sí, pero la tendencia es a la alza”.

Con el sistema pensionario anterior, explicó que “un trabajador topado en el seguro social con 25 salarios mínimos, tiene una pensión de aproximadamente del 80 por ciento de su salario, es decir, alrededor de 40 mil pesos, y una pensión de ese tamaño cuesta 13 millones y medio de pesos, de los cuales 12 son subsidio, es decir, las reglas anteriores eran muy generosas”.

No obstante, afirmó que ante los cambios poblacionales los países han tenido que adaptarse a esquemas en los que hay más personas retiradas y menos jóvenes para financiar los retiros. “Observamos que se aumentan las edades de retiro y hay cambio de fórmulas para definir beneficios”.

Agregó que en México, para 2030 se revertirá el bono demográfico y habrá un fenómeno de envejecimiento. “Se triplicarán las personas en situación de retiro, pero no así las personas laborando”, comentó.

Refirió uno de los grandes retos es la falta de incentivos de ahorro voluntario  y acelerar la tendencia en reducción de comisiones, y recomendó integrar los distintos pilares de pensiones y que estos se comuniquen, a fin de poder enfrentar ese complejo desafío.

Indicó que para obtener una pensión digna, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere que una pensión de alrededor del 50 por ciento del salario de un trabajador es digna, y recomienda ahorrar el 12 de dicho salario.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.