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Desde San Lázaro. Aterrizaje de emergencia. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

06 Ene 2020
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Las promesas de campaña del Presidente López Obrador giraron en torno principalmente a tres aspectos que lastimaban a la población; la desigualdad social, los abusos de poder y la corrupción, así se construyó una narrativa en torno a temas muy básicos y fácilmente identificables como, por ejemplo, los miembros del Estado Mayor Presidencial, las camionetas blindadas y el avión presidencial.

“Ni Obama lo tiene” rezaba el slogan publicitario de un candidato chapado como populista y demagogo, pero tan eficaz en el propósito de llevarlo a la presidencia de la República. Ahora tiene que navegar entre la promesa y la realidad, entre el candidato y el gobernante.

Ya con la alta investidura en su poder tiene que enfrentarse contra sus propias promesas de campaña como el de crecer al 4 por ciento anual, terminar con la inseguridad, crear más de un millón de empleos anuales o bajar la luz y las gasolinas. Nada ha cumplido al contrario en todos estos rubros se muestran indicadores negativos.

Dijo que no iba aumentar impuestos o crear otros así como evitar contratar más deuda externa. Ambas propuestas han sido falacias ante la nueva miscelánea fiscal y los rangos de endeudamiento autorizados en el congreso.

La narrativa se construye a diario desde el púlpito de Palacio Nacional a base de mentiras y en el mejor de los casos de medias verdades, aunque a fuerza de ser sincero eso no le preocupa a AMLO ya que los amlovers no solo le creen sino que repiten hasta el cansancio el evangelio del día.

Sin embargo el universo de votantes indecisos o incluso simpatizantes de AMLO están decepcionados y acusan malestar e ira que no solo expresan públicamente al reconocer que se equivocaron al votar por el tabasqueño sino que critican la ineficacia en el accionar gubernamental.

Los mexicanos quieren acciones concretas de gobierno en varios sentidos como la seguridad pública, el crecimiento económico, generación de empleo y apoyo del Estado a los sectores sociales más vulnerables a quienes ahora, les quitan el Seguro Popular y en su lugar crean el Instituto de Salud para el Bienestar que simplemente para qué empiece a operar a mediana capacidad requiere un par de años.

Los caprichos y ocurrencias del presidente le han costado al país por lo menos una década de retraso por cada año de gobierno y millones de dólares en pérdidas. Verbigracia, la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción de las tres obras que están condenadas al fracaso: Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya.

Si bien es cierto que las mañaneras son origen y destino para construir la nueva narrativa del régimen también es verdad que por ellas cava su tumba política el proyecto de la auto llamada 4T ya que con cortinas de humo, acusar a otros del fracaso es imposible gobernar. Los hechos barren al discurso presidencial.

El proyecto del nuevo régimen va en picada, en un aterrizaje en donde por desgracia lleva a todo el país sobre sus hombros y lo peor es que creen que ese desplome apunta en la dirección correcta.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.