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Como veo, doy. Caso Bonilla y elección interna de Morena, en la lupa de la democracia. Por: Jorge Luis Galicia Palacios Destacado

06 Ene 2020
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  • Caso Bonilla y elección interna de Morena, en la lupa de la democracia.
  • Economía y seguridad, los grandes pendientes de la 4T. 

Crecimiento económico y seguridad, son los grandes pendientes para el gobierno de la Cuarta Transformación y en ambos casos queremos en verdad creer en la narrativa que argumenta que el año pasado se pusieron las bases para alcanzar los objetivos trazados en estos dos grandes temas, aunque siendo realistas, dada las cifras en cada caso, de estancamiento en lo económico y de aumento de los actos delictivos en materia de seguridad, la cosa no será tan fácil como el discurso anuncia, pero tenemos esperanza de que los resultados, ahora sí, mejoren.

En materia política, hay dos temas que en términos de democracia siguen  causando escozor, uno entre la población en general y otro entre los morenistas en particular: el caso Bonilla en Baja California y la elección de la dirigencia que habrá de sustituir a quien ha asumido un tiempo extra en la presidencia nacional de Morena, y por lo complicado de los asuntos, además de intereses creados, en los cánones de la política son temas que diversos sectores de la población seguro darán seguimiento de cerca y es posible que en esa observación se apoyen en esa herramienta que conocemos como Lupa, porque los casos lo ameritan y porque de las resoluciones finales en cada caso depende en gran medida que sus afiliados, además de seguidores y ciudadanos que votaron por ellos en 2018, sigan creyendo en la democracia.

Como sabemos, en Baja California, Jaime Bonilla asumió el cargo de gobernador sin que a la fecha sus gobernados sepan si durará en el cargo cinco años o dos, porque hay que recordar que en esa entidad el legislativo local modificó la Constitución estatal para ampliar el periodo de gobierno al entonces ya gobernador electo, quien ganó en las urnas para un periodo de gobierno de dos años, pero a los diputados se les ocurrió que era mejor que ese gobierno tenga una duración de cinco años.

Tan controversial fue la decisión tomada en el legislativo local que lo que aprobaron fue impugnado por diversos actores y ahora corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitir el veredicto final en tan polémico tema, veredicto que, por el periodo vacacional de las fiestas decembrina en los tribunales, sigue pendiente, por lo que se espera que el asunto se resuelva la brevedad posible.

Cuál será la resolución judicial, no lo sabemos, pero más allá de los vericuetos e interpretaciones legales que al respecto existan y sirvan para emitir un fallo, lo cierto es que en Baja California la ciudadanía acudió a las urnas a votar por un gobierno de dos años, porque así lo establece la Constitución estatal que a la letra señala que “el gobernador electo sólo dure un periodo de dos años, por lo que iniciará funciones el 1 de Noviembre de 2019 y concluirá el 31 de Octubre del 2021” y, aunque atípica, es una modificación que se hizo bajo el consenso legislativo, en mayoría calificada, en el año de 2014.

En todo caso, las leyes no pueden hacerse a la medida de alguien en particular, por lo que, si el legislativo local quiere hacer modificaciones o reformas al respecto, éstas se deben plantear para los siguientes procesos más no para un proceso que ya se legitimó mediante el voto.

Habrá quien, en términos coloquiales diga que lo de Javier Bonilla es un caso para la araña, por aquello de las historias increíbles y difíciles de resolver que se contaban en la conocida y popular historieta La pequeña Lulú, donde uno de sus personajes, Tobi, cuando se necesitaba investigar algo, se convertía en un detective llamado “La Araña”, y de ahí la frase, que, a decir verdad, por muy detectivesca que parezca el tema de la Ley Bonilla, a los jueces solo les corresponde aplicar los preceptos de la Carta Magna y punto.

 

VA MI RESTO.- Otro caso igual de complicado en el ámbito de la democracia y participación ciudadana, es el que se presenta en las filas del partido en el poder, donde, a menos de un año de ser gobierno, muy pocos de sus militantes imaginaron lo complicado que sería cumplir con sus estatutos y relevar a su dirigente nacional, al grado de que el Instituto Nacional Electoral tuviese que intervenir para verificar la validación de su padrón antes de elegir a sus cuadros dirigentes, cosa que no ha sucedido.

Por si fuera poco, Yeidckol Polevnsky, Secretaria General con funciones de Presidenta, se ha aferrado a permanecer por otros cuatro años como líder, y esa acción ha encendido los focos rojos al interior del partido en el gobierno, porque lejos de hablar de una organización democrática, lo único que ha dejado entrever son ambiciones y un futurismo personal que en nada ayudan a la causa de la 4T o lo que es mejor a las causas de la democracia.

El relevo se debió realizar el pasado 20 de noviembre, pero la lucha interna y los constantes desencuentros entre los cuadros dirigentes del partido color guinda no parecen augurar un desenlace terso y de seguir así, no solo seguirán debiendo resultados positivos en materia económica y seguridad como gobierno, sino que en la política partidista incumplirán a sus seguidores los aires de renovación, democracia y participación que también habían prometido, al menos no lo podrán hacer en un plazo corto porque, según se observa, el conflicto de la sucesión va para largo, y hasta ahí porque como veo, doy.

 

Desde este espacio les deseamos lo mejor en este año que inicia, feliz 2020.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.