Ya terminaron los conversatorios que organizó el Senado relativos a la iniciativa sobre la Ley Mordaza y ahora anuncian en el Cámara de Diputados la realización de un periodo extraordinario de sesiones del 9 al 17 de junio, para su discusión y eventual aprobación y aunque existe un ánimo optimista entre algunos de los participantes a los foros de consulta de que omitirán varios artículos que le dan un toque fascista a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo cierto es que existen fundadas dudas de que no ocurra y que al contrario, no se le moverá ni una coma a la iniciativa presidencial, a excepción del artículo 109 relativo a plataformas digitales, ordenamiento que será eliminado.
En la víspera de la elección judicial en donde todas las canicas del régimen están puestas para evitar que sea un fracaso por el alto nivel abstencionismo, se cocina la Ley Mordaza que atenta contra la libertad de expresión e incluso transgrede en T-MEC y pone en el ojo del huracán a México, por parte de los organismos internacionales garantes de los derechos humanos.
Así es, en vías paralelas avanza la cita inexorable de los ciudadanos con las urnas para participar en un ejercicio supuestamente democrático para empezar a formar un nuevo Poder Judicial que permitirá brindar, a decir del oficialismo, una justicia pronta y expedita, aunque la realidad apunta en dirección contraria.
Y en el Congreso se cocina la Ley Mordaza que, en su parte modular incluye la censura, cancelación de plataformas digitales y lo relacionado con la Agencia de Transformación Digital con 106 atribuciones y que será la Santa Inquisición de la 4T para llevar a la hoguera de la censura y por ende hacia los castigos punitivos a aquellos que osen criticar al régimen.
De hecho, el contenido de la citada ley es todo una joya de la represión que le da vida a una dictadura y no a un régimen democrático como el que presumimos tener.
Allí está el registro de telefonía móvil que, con la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el retiro de una orden judicial, pues estará permitido la intervención telefónica por parte del gobierno y la eventual usurpación de los datos personales de los usuarios.
En el contenido de la Ley Mordaza hay artículos que son de verdadera antología para pintar de un solo trazo a una dictadura en ciernes como el 57 que menciona que la Agencia de Transformación Digital, mediante asignación directa, podrá otorgar a una dependencia o entidad del Ejecutivo Federal la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico para uso comercial, con el fin de cumplir con los objetivos de cobertura social y universal del Estado mexicano.
El quid del asunto es que la Agencia dará y quitará concesiones de medios electrónicos y ello de suyo, representa una total regresión y deja a expensas de los poseedores de estas concesiones, a un acto autoritario del gobierno para que les retire sus títulos de concesión. Imaginemos qué sucederá si se cae en la tentación de que el gobierno de Claudia Sheinbaum le quite TV Azteca a Ricardo Salinas Pliego, con el pretexto de que no paga sus impuestos y de que sus contenidos editoriales “son contrarios a los objetivos sociales de la 4T en favor de la población más desprotegida”.
Hay artículos como el 201, 202 y 210 que contienen criterios de censura a los concesionarios. El 201, advierte a aquellos que transmitan contenidos que sean pagados, patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros, organismos internacionales o personas físicas o morales de nacionalidad extranjera, deberán contar con previa autorización por escrito de la secretaria de Gobernación.
Será pura coincidencia pero en el siglo pasado, en donde el PRI era la dictadura perfecta, conforme al calificativo que le indilgo acertadamente el recién finado Mario Vargas Llosa, nada se transmitía en los medios de comunicación, impresos o electrónicos, sin la autorización del poderosísimo secretario de Gobernación en turno y si se trataba de un tema escabroso, tendría que contar también con la aprobación presidencial.
En cuanto a tema del internet y de las plataformas digitales la cosa esta peor, ya que el monitoreo gubernamental podrá detectar a aquellos usuarios que osen divulgar en sus redes sociales contenidos adversos al gobierno o que, por ejemplo, critiquen a la presidenta o alguno de sus notables colaboradores.
“Las plataformas digitales cuyos contenidos estén disponibles en el territorio nacional, no podrán comercializar espacios publicitarios para la difusión de publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros, distinta de aquella que tenga fines culturales o turísticos”.
Es decir que si un ente extranjero pretende difundir, verbigracia, contenidos científicos pues expresamente lo tendrá prohibido.
Como se aprecia, si se ve como pato, camina como pato y hace como pato, entonces es una dictadura que requiere su Ley Censura correspondiente.