Las piezas más importantes del rompecabezas del artero asesinato de los dos colaboradores más cercanos y queridos de la Jefa del Gobierno Capitalino, Clara Brugada, no aparecen por ningún lado por lo que el caso sigue abierto, lo que representa que a los largo de tres meses, las pesquisas realizadas por la Fiscalía de la CDMX y la Secretaria de Seguridad federal y capitalina, han avanzado a paso muy lento y conforme pasen los días se complicará más el asunto.

El tema es de suma importancia, toda vez que el certero golpe de los criminales a Brugada representa una victoria de los delincuentes que asesinaron a Ximena Guzmán y José Muñoz, no solo por conocer las entrañas de la agenda de la funcionaria de más alto rango en la administración de la CDMX, sino que realizaron un acto de terrorismo con un contundente mensaje a la ciudadanía de que ellos son los que mandan en la metrópoli.

No han detenido al autor material, tampoco a los autores intelectuales y menos han encontrado la madeja que los lleve a determinar el móvil del ajusticiamiento, por lo que diremos que solo detuvieron a 13 sujetos que de forma tangencial participaron en la célula que planeó y ejecutó a los dos personajes referidos, con una precisión milimétrica que deja al descubierto la capacidad profesional de estos malandros.

En un crimen de Estado, por lo menos para el ex DF, ya que no fueron abatidos dos servidores públicos de cualquier nivel, sino eran las dos personas en las que se apoyaba la Jefa de Gobierno en rubros que requerían discreción absoluta y lealtad a toda prueba.

Por lo menos, durante 20 días, los autores intelectuales y materiales prepararon el golpe, sin que nadie se haya percatado de ello, no obstante que, por el nivel que ostentaban en la estructura operativa de las oficinas centrales, requerían cierta protección personal, pero no la tenían y menos esperaban el ataque.

De todas las hebras que podrían llevar a los asesinos, varias están en los asuntos escabrosos que tiene en su escritorio la Jefa de Gobierno y que tiene que ver con el combate al crimen organizado de la capital, por sus múltiples tentáculos que manejan  en materia de tráfico de drogas, derecho de piso, asesinatos, invasión de inmuebles y toda suerte de delitos de alto impacto.

Desde luego, la línea de investigación más sólida proviene de los grupos criminales que operan en Iztapalapa y su relación con capos nacionales de alto nivel.

Ojalá, no le tiemble la mano a Clara Brugada para hacer justicia y castigar a los culpables.

Es lo menos que puede hacer para honrar a sus dos colaboradores y para cumplir con la encomienda de la presidenta, Claudia Sheinbaum de llegar hasta las últimas consecuencias para que los asesinatos no queden impunes.

Es deseable que los detenidos no sean tan solo chivos expiatorios y que, efectivamente todos ellos, sean parte de la célula criminal que participaron en  los asesinatos.

Ante la presión presidencial de resolver el caso, Clara Brugada, Bertha Alcalde y Pablo Vázquez deben aplicarse con todas sus capacidades institucionales y personales para dar resultados a la brevedad, ya que no solo la opinión pública nacional está atenta a los acontecimientos, sino también los medios de comunicación internacionales y por supuesto, las agencias de inteligencia y seguridad del gobierno de los Estados Unidos.

El grado de vulnerabilidad mostrada por el grupo en el poder de la CMDX, es inaudito y preocupante, ya que si a ellos les bajaron dos de sus miembros más connotados, que puede esperar el ciudadano de a pie ante los delincuentes que mantienen el control de vastas regiones del país, tal como lo ha señalado el mismo presidente de la Unión Americana, Donald Trump.

La vorágine de violencia no tiene límites ni reconoce niveles de funcionarios públicos, podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que estamos en una de las etapas de la historia contemporánea de México más aciagas por el grado de empoderamiento de los criminales, quienes tuvieron mano laxa oficial a nivel nacional y en casi todas las entidades del país, para acrecentar su poder sobre una ciudadanía totalmente  indefensa y la deriva.

El Estado no ha podido cumplir con el mandato constitucional de proporcionar seguridad a los mexicanos ni a su patrimonio y como se aprecian las cosas en el corto plazo, tardarán años para recomponer el entuerto que dejó López Obrador con su política de Abrazos no balazos.