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Desde San Lázaro. Un año sin pena ni gloria. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

02 Sep 2025
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Desde San Lázaro. Un año sin pena ni gloria. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Claudiashein

Con resultados ambivalentes en un entorno muy adverso, la presidenta Sheinbaum llega a su primer Informe de Gobierno gozando de una popularidad de 74% de aprobación  de acuerdo a la más reciente encuesta de esta casa editorial y ello implica necesariamente que una buena parte de la población está contenta con su gestión, sin embargo, ello no quiere decir que los graves problemas que lastiman a México tengan visos de solución en el mediano plazo como la seguridad pública, la economía, la regeneración del sistema de salud y educación que están colapsados,  al igual que las dos empresas públicas del Estado, Pemex y CFE, además que las finanzas públicas presentan un estado grave de precariedad que compromete, incluso el fondeo de los programas sociales que en buena medida soportan la popularidad de la Jefa del Ejecutivo Federal.

La doctora se sacó la rifa del tigre al recibir un gobierno quebrado y con gigantescos escollos que requerirán tiempo, dinero y sobre todo capacidad de gestión, ya que la herencia maldita que heredó de su mentor son de tal magnitud que no bastarán los seis años  que tiene para solucionarlos.

Aunado a ello, hay que decirlo con todas sus letras, el secuestro del Poder Judicial tiene implicaciones graves en la certidumbre jurídica y el pleno respeto al orden constitucional.

El nuevo andamiaje jurídico que ha creado la 4T, efectivamente daña al régimen democrático en aras de consolidar una incipiente autocracia.

La descomposición interna es un tema grave, el otro, es la presión permanente que ejerce el presidente Donald Trump sobre su contraparte mexicana que complica aún más el entorno económico, político, social y de gobernabilidad, ya que entre los aranceles y las sanciones que se imponen arbitrariamente a los productos mexicanos, asfixian a diversos sectores de la población.

El factor más preocupante que genera la ley del garrote de Trump es la incertidumbre que prevalece en la economía nacional, por la falta de definiciones en temas torales como la misma renegociación del T-MEC.

A la presidenta se le ordenó expresamente seguir con las mañaneras y con ellas pretender conformar un México irreal basado en mentiras y medias verdades, que al contrastarlas con los datos duros del propio gobierno, pues no pasan el crisol de la realidad.

A casi un año de gobierno, todavía no vemos a la presidenta en todo su esplendor, se nota maniatada por una camisa de fuerza que le impuso AMLO, es decir, a un año de que llegó al poder no se aprecia las fortalezas, la personalidad propia y la visión de gobierno hacia el 2030, al contrario, se muestra una mala calca del tabasqueño que pretendió un proyecto político de gobierno en donde la atención de la pobreza era la premisa fundamental, empero, esa promesa solo quedó en el discurso y así seguirá por muchos años más, ya que el regalo del dinero público no revierte la pobreza y la marginación.

Las dadivas gubernamentales permiten por el momento gozar de popularidad, empero esta es un espejismo, mientras no se aliente la productividad y la incorporación de la población marginada a la inclusión social con acceso a un trabajo bien remunerado, vivienda,  salud, educación y  recreación.

Mientras la doctora no muestre su auténtica personalidad,  su propia cosmovisión y su manera de gobernar sin ataduras, seguiremos dando cuenta de resultados mediocres que no corresponden a todo el potencial que tiene México para salir adelante.

Desde luego, hay diferencias entre el gobierno de AMLO y de Sheinbaum como el diametral enfoque que existe entre ellos en materia de seguridad pública, en donde la estrategia de Abrazos no balazos logró que los criminales se empoderaran de vastas regiones del territorio nacional, además de incrustarse en altas esferas del poder; en cambio ahora se observa un combate real y frontal contra los criminales de todo el país y aunque Omar García Harfuch y los principales mandos castrenses están comprometidos con la instrucción presidencial de pacificar al país y revertir los índices delictivos, lo cierto es que se trata de una lucha desigual contra las capacidades económicas, en armamento, inteligencia y cooptación de mandos militares y policiales por parte de los cárteles del crimen que están asentados en todo el territorio nacional.

En el tema económico, la situación es más complicada, porque se carecen de los recursos presupuestales para detonar la economía, sobre todo porque las grandes inversiones privadas ya no ven a México como un destino confiable y por ello han elegido invertir en otras regiones del orbe.

La inversión total ha caído 5.5 % en los últimos ocho meses.

En su Primer Informe no se asomó la autocrítica y menos el tan necesario llamado a la unidad nacional, al contrario, envuelta en una gran nube de datos sesgados se vanaglorió de los supuestos éxitos alcanzados.

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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.