El despido fulminante de Marx Arriaga marca un punto de inflexión en la política educativa del actual sexenio y abre una nueva etapa en la definición de los contenidos que reciben millones de niños y adolescentes en el país. Su salida no es un simple ajuste administrativo: es la caída de uno de los perfiles más ideologizados del proyecto educativo impulsado en los últimos años y, al mismo tiempo, una señal política inequívoca de que se están moviendo piezas en el tablero del poder.
Desde su posición en la estructura de la Secretaría de Educación Pública, Arriaga fue el arquitecto intelectual de los nuevos libros de texto gratuitos que sustituyeron planes, programas y contenidos bajo el argumento de una transformación pedagógica centrada en el “humanismo mexicano”. Sin embargo, para amplios sectores académicos, especialistas y padres de familia, aquel rediseño no fue una modernización, sino una carga ideológica que colocó el activismo político por encima de la formación científica y técnica.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la educación pública fue concebida como una herramienta de transformación social con un claro sello político. La narrativa de la “cuarta transformación” se filtró en los contenidos, en el lenguaje y hasta en los ejemplos utilizados en los libros. En lugar de reforzar matemáticas, ciencias o comprensión lectora —áreas en las que México arrastra rezagos históricos— se optó por priorizar enfoques comunitarios y discursos de reivindicación social que, si bien pueden tener valor formativo, no sustituyen el rigor académico.
El problema de fondo no es la inclusión de valores o el énfasis en la justicia social. El verdadero daño radica en haber sacrificado calidad, evaluación y estándares internacionales en nombre de una causa política. Mientras el mundo acelera hacia la inteligencia artificial, la robótica y la economía del conocimiento, aquí se decidió relativizar contenidos técnicos y científicos bajo la premisa de combatir el “neoliberalismo educativo”. El contraste es evidente: en países asiáticos y europeos se refuerzan competencias STEM y pensamiento crítico; en México se abrió un debate ideológico que polarizó a la sociedad y dejó en segundo plano la excelencia académica.
La salida de Arriaga no ocurre en el vacío. Se inscribe en una secuencia de movimientos que han alcanzado a personajes considerados incómodos o desgastados dentro del régimen. Ahí están los casos de Alejandro Gertz Manero, de Adán Augusto López Hernández, del alcalde de Tequila, Diego Rivera, y ahora del propio Arriaga. Cada uno con circunstancias distintas, pero todos con un común denominador: su salida o desplazamiento ha servido para enviar mensajes de control político y recomposición interna.
La pregunta inevitable es: ¿quién será el siguiente? En un régimen donde la disciplina interna es condición de supervivencia, los movimientos abruptos no son casualidad. La presidenta ha dejado claro que asumirá el mando con responsabilidad plena. Ser la primera mujer en encabezar el Ejecutivo federal implica no solo un hito histórico, sino también la necesidad de imprimir un sello propio y deslindarse de decisiones que generaron desgaste.
La educación es un terreno simbólicamente poderoso. Tocar esa área envía señales tanto al interior como al exterior. Con la dimisión de Arriaga no se transformarán de la noche a la mañana los contenidos de los libros de texto; los ciclos escolares ya están en marcha y los materiales distribuidos. Pero sí puede comenzar un proceso de revisión técnica que recupere equilibrios: fortalecer ciencias, actualizar contenidos digitales, incorporar habilidades del siglo XXI y, al mismo tiempo, mantener una perspectiva humanista menos ideologizada.
Se anticipa que cualquier ajuste curricular deberá armonizarse con el marco constitucional reformado en 2019, que eliminó la evaluación punitiva pero dejó intacto el mandato de calidad educativa. Los diputados oficialistas evitarán reconocer errores de fondo, pero saben que la percepción social sobre los libros representó un costo político innecesario.
También hay una dimensión positiva que podría emerger de este relevo. Se ha hablado de incorporar con mayor claridad la aportación histórica, científica y cultural de las mujeres en el desarrollo nacional. Si ese énfasis se traduce en contenidos sólidos y documentados —y no en consignas— podría significar un avance real hacia una educación más incluyente y rigurosa.
El reto, sin embargo, es mayor: recuperar la confianza. Padres de familia, docentes y expertos necesitan certeza de que el sistema educativo no será rehén de vaivenes ideológicos. La educación no puede convertirse en campo de batalla político permanente. Los niños que hoy cursan primaria y secundaria no tendrán una segunda oportunidad para aprender lo que no se les enseñe ahora.
La caída de Marx Arriaga simboliza el cierre de una etapa marcada por la confrontación educativa. Falta saber si la nueva fase apostará por la reconciliación técnica y el fortalecimiento académico o si solo será un ajuste cosmético para reducir costos políticos. El país no puede darse el lujo de perder otra generación en disputas ideológicas.
