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Desde San Lázaro. PVEM o PT: Quién se doblegará. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

25 Feb 2026
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Desde San Lázaro. PVEM o PT: Quién se doblegará. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com

La reunión del lunes en Palacio Nacional no fue tersa. Alrededor de la mesa se sentaron las dirigencias del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) encabezada por el “Niño Verde”, Jorge Emilio González Martínez y del Partido del Trabajo (PT), de Alberto Anaya, frente a la presidenta Claudia Sheinbaum y el equipo que redactó la iniciativa de reforma electoral. No era una reunión protocolaria: era un pase de lista para medir lealtades.

La mandataria fue clara y, según los asistentes y lo declarado por ella misma, fue inflexible en tres ejes que resumen el corazón de la propuesta. Primero, reducir el costo de la democracia: menos recursos públicos a partidos, recorte de estructuras y racionalización del gasto electoral. Segundo, eliminar los diputados y senadores de representación proporcional, una cirugía mayor que modificaría la integración del Congreso. Tercero, cerrar las puertas al financiamiento ilícito —particularmente el dinero del narcotráfico— en campañas, acompañado de un rediseño institucional que implicaría adelgazar al Instituto Nacional Electoral (INE) y desaparecer o reducir a su mínima expresión a los organismos públicos locales electorales (OPLES).

El mensaje político fue aún más nítido: la reforma busca consolidar a la llamada Cuarta Transformación rumbo a 2027 y blindar la sucesión presidencial de 2030. La pregunta no es si habrá reforma —eso ya está decidido— sino quién pagará el costo político de acompañarla sin matices. Y ahí se abre la grieta entre el Verde y el PT.

El PVEM ha hecho del pragmatismo su ideología real. Ha sobrevivido a alternancias, sanciones y cambios de viento aliándose con quien ostente el poder. En 2018 y 2024 se subió al tren mayoritario y obtuvo beneficios concretos: posiciones legislativas, gobiernos locales, carretadas de billetes y márgenes de maniobra. Su apuesta ha sido clara: maximizar presencia, aunque eso implique sacrificar identidad y principios ideológicos

Sin embargo, la eliminación de los legisladores plurinominales toca fibras sensibles. El Verde ha construido buena parte de su representación vía listas de representación proporcional. Quitar ese mecanismo lo obligaría a ganar más distritos por mayoría relativa, un terreno donde depende —en buena medida— de las coaliciones. En otras palabras, la reforma reduce su autonomía y lo hace más dependiente del partido dominante.

Aun así, si la historia reciente sirve de guía, el Verde tenderá a doblarse. Lo hará negociando compensaciones: candidaturas seguras (gubernaturas de SLP y Quintana Roo) espacios en el rediseño institucional o garantías presupuestales en gobiernos estatales donde es aliado. El cálculo es frío: fuera del oficialismo, su margen de supervivencia se estrecha.

El PT, en cambio, se asume como partido-movimiento, con una base militante más ideologizada. Ha sido aliado leal, pero también ha demostrado capacidad de presión. En votaciones clave ha amagado con romper filas para negociar mejores condiciones. Su dirigencia sabe que su fuerza electoral propia es limitada, pero también que su narrativa de izquierda podría resentir una reforma percibida como regresiva en términos de pluralidad.

La desaparición de los plurinominales no le es ajena: el PT también se beneficia de ese esquema. Pero su dilema es más político que aritmético. ¿Puede acompañar una reforma que la oposición calificará como intento de control institucional? ¿Puede defender el adelgazamiento del INE y la desaparición de los OPLES sin cargar con la amenaza de la extinción?

En la reunión se percibió que la presidenta no está dispuesta a descafeinar su propuesta. Su equipo argumentó que el costo del sistema electoral mexicano es excesivo y que la simplificación generará ahorros sustanciales. También defendieron que la representación proporcional distorsiona la voluntad popular y que la proliferación de órganos locales duplica funciones.

Pero la política no es solo técnica. Eliminar plurinominales favorece a las fuerzas mayoritarias y complica la vida a la chiquillada y cierra espacios a las minorías. Reducir estructuras del INE y absorber funciones locales concentra decisiones. El oficialismo calcula que tiene la fuerza para impulsar los cambios, pero necesita cohesión interna para evitar fisuras que la oposición capitalice.

Ahí es donde el PT podría jugar a tensar la cuerda. No necesariamente para romper, sino para renegociar. Su amenaza creíble no es irse con la oposición —escenario improbable— sino encarecer su apoyo. El Verde, por el contrario, suele optar por la ruta de menor confrontación pública.

Romper con el oficialismo en estos momentos implica riesgos enormes: pérdida de posiciones, aislamiento legislativo y eventual castigo electoral. Ninguno de los dos partidos está en condiciones de navegar en solitario una elección federal competida. La racionalidad indica que ambos se quedarán, pero no al mismo precio ni con el mismo entusiasmo.

La presidenta lo sabe. Por eso convocó a la cúpula en Palacio y no delegó la interlocución. La reforma electoral no es solo un ajuste administrativo- electoral; es la pieza que busca garantizar la ventaja competitiva en 2027 y 2030.

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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.