En toda democracia, la representación de las minorías cumple una función esencial para la estabilidad política. No se trata únicamente de repartir espacios de poder, sino de abrir canales institucionales para procesar el conflicto social. El Congreso, en teoría, es el lugar donde las tensiones políticas se transforman en debate y las diferencias encuentran cauces legales.

Cuando esos espacios se reducen o desaparecen, el riesgo es evidente: las voces que no encuentran representación dentro de las instituciones terminan buscando otras formas de expresión. Y en un país con la historia política de México, ese escenario no es menor.

A lo largo del siglo pasado, cada vez que se cerraron los canales institucionales para amplios sectores de la sociedad, las inconformidades terminaron trasladándose a las calles. Algunas de esas protestas dejaron episodios de profunda violencia, sangre y dolor que aún permanecen en la memoria colectiva.

Por eso el debate sobre la reforma electoral que finalmente llegó a la Cámara de Diputados no debería limitarse al argumento de cuánto cuesta la democracia mexicana. La discusión de fondo es otra: qué tan abiertos permanecerán los espacios de representación política y si el rediseño institucional que propone el gobierno no terminará debilitando los equilibrios que sostienen la gobernabilidad del país.

Tras meses de insinuaciones, borradores filtrados y amagos desde Palacio Nacional, la iniciativa aterrizó por fin en San Lázaro. Lo hizo, sin embargo, con menos filo del que anticipaban las primeras versiones. Un proyecto que en su concepción original prometía sacudir de raíz el sistema electoral mexicano terminó llegando algo “descafeinado”. Pero que nadie se engañe: aun en su versión moderada, la iniciativa representa el andamiaje legal que el oficialismo necesita para intentar consolidarse en el poder por varios lustros más.

La narrativa oficial ha sido clara y reiterada: el objetivo es abaratar la democracia. El argumento suena bien en tiempos de austeridad republicana. ¿Quién podría oponerse, en teoría, a reducir el costo del aparato electoral y del financiamiento a los partidos políticos?

El problema es que cuando se revisan los números con frialdad, el supuesto ahorro es marginal. La reducción de 25 por ciento en el financiamiento público a los partidos y la eliminación de los legisladores plurinominales —uno de los ejes de la propuesta— no implicarían un recorte sustancial en el gasto público. El impacto en las finanzas nacionales sería, en realidad, más simbólico que real.

Entonces, si el ahorro no es significativo, ¿cuál es el verdadero fondo de la reforma?

EL objetivo es crear un andamiaje electoral que impida la alternancia en el poder: rediseñar las reglas del juego electoral para favorecer al partido que hoy domina el mapa político del país. Morena ha demostrado capacidad para ganar elecciones en territorio, movilizar estructuras y capitalizar el arrastre de sus liderazgos, además contar con el apoyo de grupos criminales. Bajo esas condiciones, un sistema con menos contrapesos legislativos y con menor presencia de representación proporcional sería, naturalmente, más favorable al oficialismo.

La reforma plantea cambios en el Senado: la reducción del número de integrantes de 128 a 96 y el traslado a la Cámara de Diputados de la figura de primera minoría, es decir, la fórmula que permite otorgar representación a quienes quedan en segundo lugar en la contienda electoral.

Sobre el papel, el rediseño busca simplificar el modelo de representación. En la práctica, abre un debate mucho más profundo sobre los equilibrios del poder legislativo.

Porque si hay un cáncer que ha erosionado la legitimidad del Congreso mexicano es la sobrerrepresentación. Esa misma que hoy sostiene la mayoría calificada del oficialismo y que le ha permitido reformar la Constitución a una velocidad inédita. Gracias a esa ventaja legislativa, el bloque gobernante ha modificado decenas de artículos constitucionales en los últimos años, al punto de que la Carta Magna luce cada vez más distante de la que fue promulgada en 1917.

Cierto también que los privilegios y abusos de la partidocracia alimentaron durante años el descontento ciudadano. Las dirigencias partidistas convirtieron las listas plurinominales en un botín político donde los primeros lugares se repartían entre líderes, operadores y personajes cercanos a las cúpulas, garantizando escaños y curules sin necesidad de pedir un solo voto.

Pero eliminar ese mecanismo también tiene consecuencias estructurales. La representación proporcional fue creada precisamente para evitar que una sola fuerza política arrasara con el Congreso y para garantizar la presencia de minorías. Sin ese equilibrio, el sistema puede inclinarse hacia mayorías aún más dominantes.

Y ahí aparece una paradoja política interesante: quienes más podrían perder con esta reforma son los propios aliados del oficialismo.

El Partido Verde y el Partido del Trabajo han construido buena parte de su presencia legislativa gracias a la representación proporcional. Su capacidad para ganar distritos o estados completos es limitada, pero su supervivencia política se ha sostenido gracias a las listas plurinominales.

Eliminar o reducir ese mecanismo equivale, para varios partidos pequeños y medianos, a firmar su sentencia de muerte política.