En la antesala de la contienda electoral de 2027, los partidos políticos han comenzado a mover sus piezas con una anticipación que revela no solo nerviosismo, sino también una clara conciencia de que el escenario ya no les pertenece por completo. La ciudadanía —esa que durante años fue relegada a un papel meramente testimonial— se ha convertido en el botín más codiciado. Y en ese contexto, el anuncio del PAN de abrir sus candidaturas a perfiles ciudadanos mediante la figura de “Defensores de la Patria” no es menor. Es, en realidad, una jugada arriesgada, necesaria y profundamente reveladora.

El problema es que la idea no es nueva. La narrativa, el nombre y hasta el concepto remiten inevitablemente a los “defensores de la Cuarta Transformación” impulsados por el oficialismo. La oposición, en lugar de construir una identidad propia, parece caer en la tentación de replicar —de forma poco creativa— los mecanismos que tanto ha criticado. Y sin embargo, más allá de la copia burda, el fondo del asunto merece atención: la apertura a candidaturas ciudadanas es una exigencia social que ningún partido puede seguir ignorando.

No es casual que, casi de inmediato, PRI y PT hayan salido a anunciar movimientos similares, mientras que el Verde ya opera discretamente en territorio para posicionar a sus propios perfiles rumbo a las 17 gubernaturas que estarán en juego, además de la renovación de la Cámara de Diputados. Todos quieren subirse al tren de la “ciudadanización” de la política, aunque en muchos casos se trate más de una estrategia cosmética que de una convicción democrática.

El PAN, sin embargo, enfrenta un dilema mayor. Su apuesta implica ceder espacios de poder a perfiles externos, lo que inevitablemente generará resistencias internas. Las estructuras tradicionales no suelen ceder terreno sin dar batalla, y menos cuando se trata de candidaturas que podrían desplazar a cuadros con años —o décadas— de militancia. Pero también es cierto que Acción Nacional tiene poco margen de maniobra: necesita reinventarse o resignarse a seguir perdiendo terreno frente a un oficialismo que ha sabido capitalizar el descontento social.

Y es que, mientras la oposición intenta reorganizarse, el bloque gobernante tampoco está exento de tensiones. Morena vive una efervescencia interna donde cada grupo busca imponer a sus propios candidatos. La unidad que en su momento fue su mayor fortaleza comienza a mostrar grietas evidentes. A eso se suma lo que algunos ya califican como una “rebelión en la granja”, protagonizada por sus aliados del PT y el Partido Verde, quienes han comenzado a marcar distancia de la presidenta en turno, enviando señales de que la disciplina política ya no es lo que era.

En paralelo, el llamado “plan B” de la reforma electoral sigue generando controversia. La intención de incorporar a la revocación de mandato en las boletas no es vista por todos como un ejercicio democrático, sino como una estrategia para posicionar figuras del oficialismo con la irrupción de Sheinbaum en la contienda electoral.

Más inequidad no puede haber.

El tablero, pues, se está configurando en medio de tensiones cruzadas.  La reyerta política ha entrado en un torbellino frenético que arrastra todo lo que toca.

No hay que perder de vista otro elemento clave: las cuatro agrupaciones que buscan convertirse en partidos políticos. Todas ellas están, literalmente, con el Jesús en la boca, a la espera de la aprobación de la presidenta, perdón del INE, lo cierto es que su eventual registro o rechazo podría fragmentar aún más el voto y alterar las dinámicas tradicionales de competencia.

La elección de 2027 no será una más. Será, en muchos sentidos, un referéndum sobre el rumbo del país y sobre la capacidad de los partidos para adaptarse a una realidad que ya no controlan. La ciudadanía, harta de simulaciones, podría convertirse en el factor decisivo. Pero para que eso ocurra, la apertura de candidaturas no puede quedarse en el discurso. Requiere reglas claras, procesos transparentes y, sobre todo, voluntad política real.

Lo que se observa es un sistema político en plena reconfiguración. Las viejas fórmulas ya no garantizan victorias, y las nuevas aún no terminan de consolidarse. En ese terreno incierto, la única certeza es que quien logre conectar genuinamente con la ciudadanía tendrá la ventaja. La pregunta es si algún partido está realmente dispuesto a hacerlo… o si todos seguirán apostando por las mismas prácticas de siempre, disfrazadas con nuevos nombres.

Y eso de las campañas electorales adelantadas y de tener las puertas abiertas al dinero del narco en los procesos electorales, nadie habla y menos el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque el Ejecutivo les tiene prohibido hacerlo, vamos ni en el Plan B se mencionan.