Las malas noticias regresaron por la puerta grande. La inflación en México volvió a sorprender —y no para bien— al ubicarse en 4.63 por ciento anual durante las primeras dos semanas de marzo, de acuerdo con el INEGI. El dato no sólo implica un repunte frente a periodos recientes, sino que además rebasa con claridad el 4.37 por ciento estimado por los analistas del mercado.

No es un asunto menor. En un entorno donde la narrativa oficial insiste en la estabilidad macroeconómica como uno de los principales logros, la realidad comienza a mostrar fisuras. Más aún cuando este repunte inflacionario ocurre en vísperas de una decisión clave de política monetaria por parte del Banco de México.

Si bien la inflación subyacente —aquella que excluye los precios más volátiles como alimentos frescos y combustibles— mostró una ligera moderación al ubicarse en 4.46 por ciento, el dato dista todavía del objetivo de 3 por ciento del banco central. Dicho de otro modo: el problema inflacionario sigue lejos de estar resuelto.

Entre el oficialismo ya se escuchaban voces que apostaban por un relajamiento en las tasas de interés. Sin embargo, la realidad parece imponer su propio guion. Todo apunta a que el banco central optará por un incremento adicional de al menos 25 puntos base en su reunión de mañana. No porque quiera, sino porque las condiciones lo obligan.

El dilema es claro: por un lado, la necesidad de no apuntalar el crecimiento económico; por el otro, el imperativo de evitar que la inflación vuelva a desanclarse. En ese equilibrio precario, la credibilidad del banco central está en juego.

Pero más allá de los tecnicismos monetarios, hay un factor que comienza a presionar con fuerza: el incremento en los precios de los combustibles a nivel internacional. El alza en las gasolinas no es un fenómeno aislado ni coyuntural. Responde a tensiones globales, ajustes en la oferta y la persistente volatilidad de los mercados energéticos.

Y como siempre, México no es inmune.

Hoy, la gasolina premium ronda ya los 28 pesos por litro en diversas regiones del país. Y si bien el gobierno ha contenido parcialmente los incrementos mediante ajustes al IEPS —ese impuesto especial que funciona como amortiguador—, el margen de maniobra no es infinito. Cuando se agote, el golpe será directo al consumidor.

La gasolina regular, la llamada magna, tampoco está lejos de cruzar la barrera psicológica de los 24 pesos por litro. Un umbral que, de romperse, tendría efectos inmediatos en la inflación, el transporte y, por supuesto, en el costo de vida de millones de mexicanos.

Aquí es donde la narrativa de la “soberanía energética” enfrenta su prueba más dura. Porque si realmente se hubiera alcanzado ese objetivo, los vaivenes internacionales tendrían un impacto mucho menor en el mercado interno. Pero la realidad indica lo contrario: seguimos siendo vulnerables a lo que ocurra fuera de nuestras fronteras.

En otras palabras, la promesa de blindaje energético no ha logrado aislar al país de los choques externos. Y eso se traduce, inevitablemente, en presión sobre los precios.

La inflación, conviene recordarlo, es el impuesto más regresivo que existe. No distingue entre ingresos ni niveles socioeconómicos. Afecta a todos, pero golpea con mayor dureza a quienes menos tienen. Cada punto porcentual adicional erosiona el poder adquisitivo, pulveriza salarios y encarece la vida cotidiana.

El problema no es sólo estadístico. Es profundamente social.

Mientras los indicadores macroeconómicos se discuten en mesas técnicas y conferencias de prensa, en la calle la percepción es mucho más simple: todo está más caro. El transporte, los alimentos, los servicios. Y lo que no sube de precio, reduce su contenido o calidad.

Esa es la inflación real que enfrentan los ciudadanos.

De acuerdo con los propios datos del INEGI, los precios de mercancías y servicios siguen mostrando presiones persistentes. A ello se suma el efecto acumulado de meses anteriores, que ha dejado una base elevada difícil de revertir en el corto plazo.

El debate debería ir más allá de la retórica. Porque si bien la política monetaria es responsabilidad del banco central, las decisiones fiscales, energéticas y regulatorias también juegan un papel determinante en la trayectoria de los precios.

No se trata sólo de subir o bajar tasas. Se trata de entender que la inflación es un fenómeno complejo, alimentado por múltiples factores: desde los costos de producción hasta la logística, pasando por los precios internacionales y las políticas públicas.

Por lo pronto, el mensaje es claro: la inflación no está bajo control y las presiones siguen latentes. La decisión de mañana del Banco de México será apenas un capítulo más en una historia recurrente.

Y mientras tanto, para millones de mexicanos, la conclusión es inevitable: vienen tiempos en donde el dinero rinde menos.

La 4T debe ajustarse el cinturón y dejar el gasto populista para después.