Llegó la hora cero. Después de meses de preparativos, discursos triunfalistas, promesas gubernamentales y cuantiosas inversiones públicas, finalmente se inaugura la Copa Mundial de Futbol en el Estadio Azteca o como se llame. Sin embargo, la imagen que proyecta México al mundo dista mucho del magno evento que prometieron los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Porque se trataba de que la fiesta deportiva no solo fuera adentro del Coloso de Santa Úrsula, sino desde el arribo de los visitantes a las terminales aéreas, al transporte colectivo, a la libre movilidad por el Centro Histórico y en general a mostrar con orgullo la gran capital y al país entero.

En cambio, el Azteca amaneció cercado por miles de manifestantes que decidieron aprovechar el escaparate global para visibilizar demandas que durante años han sido ignoradas por las autoridades. Ahí estarán las madres buscadoras reclamando justicia y verdad; campesinos exigiendo apoyos; transportistas inconformes; jubilados demandando sus pensiones completas; vecinos afectados por las obras y la saturación urbana en los alrededores del estadio; así como los maestros de la CNTE - y otros grupos anti sistémicos-  que abandonaron las aulas para convertir las calles en instrumento de chantaje.

La escena retrata con precisión el estado que guarda el país: una administración federal y un gobierno capitalino rebasados por los problemas que ellos mismos dejaron crecer. Lo que debía ser una celebración internacional terminó convirtiéndose en una vitrina mundial de conflictos sociales no resueltos.

La verdadera noticia no son las protestas. Las manifestaciones son consecuencia de algo mucho más profundo: la incapacidad gubernamental para resolver problemas que llevan años acumulándose. Cuando las demandas sociales encuentran respuesta institucional, no necesitan llegar a los reflectores de un Mundial para ser escuchadas. Cuando la autoridad es eficaz, los conflictos se atienden antes de que se conviertan en crisis.

El Mundial simplemente exhibió lo que ya existía.

A ello se sumó la evidente improvisación logística. Durante meses se habló de planes integrales de movilidad, coordinación metropolitana, modernización del transporte y protocolos especiales para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros. Sin embargo, bastaron las primeras horas de actividad para confirmar que la Ciudad de México no alcanzó el nivel de operación que exigía un evento de esta magnitud.

Los accesos al Estadio Azteca registran complicaciones, el Metro opera bajo mucha presión operativa, el aeropuerto enfrentó desafíos adicionales y las vialidades mostraron nuevamente las limitaciones estructurales de una ciudad que lleva décadas postergando soluciones de fondo.

Lo más preocupante es que México ni siquiera enfrentó el reto monumental que representaron los mundiales de 1970 y 1986. Aquellas fueron competencias organizadas prácticamente en su totalidad por nuestro país. Hoy hablamos apenas de quince encuentros distribuidos en tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Un "mundialito" comparado con los desafíos que México asumió exitosamente en el pasado.

Y, aun así, los gobiernos de la Cuarta Transformación mostraron dificultades para cumplir con las expectativas.

La comparación entre sedes resulta inevitable. Tanto Jalisco como Nuevo León parecen haber respondido con mayor eficacia a las exigencias internacionales. Los gobiernos encabezados por Pablo Lemus y Samuel García entendieron que el Mundial representaba una prueba de capacidad administrativa y una oportunidad para fortalecer infraestructura y servicios.

La Ciudad de México, en cambio, ofrece una lectura distinta. Clara Brugada apostó por proyectos de alto impacto mediático, pero de escasa utilidad para resolver los problemas estructurales de la capital. Se destinaron esfuerzos a intervenciones cosméticas, al cambio de imagen urbana, al repintado de espacios públicos y a una narrativa estética que privilegió la propaganda sobre la funcionalidad.

El Mundial terminó funcionando como una auditoría pública de capacidades gubernamentales. Y los resultados no favorecen precisamente a quienes hoy gobiernan la Ciudad de México ni al país.

Tampoco debe perderse de vista que no todas las protestas tienen el mismo origen ni la misma legitimidad. Existen causas genuinas y dolorosas, como las encabezadas por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas o sectores productivos abandonados por las políticas públicas. Pero también existen movimientos que han convertido el chantaje político en método de negociación permanente con las autoridades. El caso de la CNTE es quizá el ejemplo más evidente de cómo algunos grupos han aprendido que bloquear calles, paralizar actividades y afectar a terceros suele producir mayores beneficios que el diálogo institucional.

Lo cierto es que, concluida la fiesta futbolera, comenzará inevitablemente la búsqueda de responsables. La pregunta no será si hubo fallas, sino quién pagará el costo político de ellas.

Y permanecerá la percepción ciudadana de que los gobiernos no estuvieron a la altura de un desafío relativamente limitado para un país con la experiencia organizativa de México.