En tiempos en que el gobierno federal enfrenta crecientes presiones sobre las finanzas públicas, resulta indispensable establecer prioridades. Y si existe una inversión que no admite regateos es la educación superior. Por ello, la solicitud del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, para que el presupuesto de la institución aumente al menos un punto porcentual por encima de la inflación en 2027 debe entenderse no como una exigencia extraordinaria, sino como una necesidad impostergable.

Durante la entrega del Informe Anual 2025 ante la Cámara de Diputados, el rector fue claro: la UNAM requiere mayores recursos para actualizar el equipamiento de sus planteles, fortalecer su infraestructura académica y garantizar la operación cotidiana de la máxima casa de estudios. No se trata de construir elefantes blancos ni de incrementar el gasto burocrático; se trata de mantener vigente una institución que representa el principal motor de movilidad social y generación de conocimiento en México.

Los números respaldan esa petición.

Actualmente la UNAM atiende a más de 266 mil estudiantes, de los cuales cerca de 34 mil cursan estudios de posgrado. Su oferta académica comprende 133 licenciaturas y 42 programas de posgrado, distribuidos en facultades, escuelas, institutos y centros de investigación que forman profesionales en prácticamente todas las áreas del conocimiento.

No existe otra institución pública en México con semejante capacidad académica.

Leonardo Lomelí recordó que la docencia continúa siendo la prioridad central de la Universidad, particularmente porque atiende a jóvenes provenientes de contextos sociales profundamente desiguales. Para miles de estudiantes, ingresar a la UNAM representa la única posibilidad real de acceder a educación superior de excelencia y transformar sus condiciones de vida.

Ese es quizá el mayor valor de la Universidad Nacional.

La UNAM no solo forma médicos, ingenieros, abogados, científicos, economistas o artistas. Forma ciudadanos. Es un espacio donde convergen la pluralidad, la libertad de pensamiento, la investigación científica y el debate de las ideas, elementos indispensables para cualquier democracia moderna.

Además, su prestigio trasciende las fronteras nacionales. Año con año aparece entre las mejores universidades de América Latina y figura dentro de los principales rankings universitarios del mundo, consolidándose como una de las instituciones académicas más reconocidas del ámbito iberoamericano.

Ese liderazgo no se sostiene por generación espontánea.

Los laboratorios requieren equipamiento moderno. Los centros de investigación necesitan tecnología de punta. Las bibliotecas demandan actualización permanente. Los sistemas digitales, la conectividad y los programas de innovación evolucionan a un ritmo acelerado que obliga a realizar inversiones constantes.

Congelar presupuestos en términos reales equivale, en los hechos, a reducir capacidades.

Por ello, el incremento solicitado —apenas un punto porcentual por encima de la inflación— luce razonable frente a la dimensión de los retos que enfrenta la Universidad y frente a la enorme contribución que realiza al desarrollo nacional.

La discusión también debe ubicarse en un contexto más amplio.

El gobierno de la Cuarta Transformación ha sostenido que la educación pública constituye un derecho fundamental y un instrumento para combatir la desigualdad. Si esa convicción es genuina, el respaldo presupuestal a la UNAM debe reflejarse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

No basta con discursos en favor de la educación.

Se requiere dotar de recursos suficientes a las instituciones que hacen posible ese derecho constitucional.

Invertir en la UNAM significa invertir en investigación científica, innovación tecnológica, desarrollo económico, cultura, salud pública y competitividad internacional. Significa fortalecer la formación de los profesionales que mañana dirigirán hospitales, empresas, tribunales, centros de investigación y dependencias gubernamentales.

Cada peso destinado a la Universidad Nacional genera beneficios que trascienden generaciones.

En San Lázaro tendrán la responsabilidad de discutir el presupuesto federal de 2027. Sería un grave error que las restricciones financieras terminaran afectando precisamente a una de las instituciones que mayores beneficios produce para el país.

La UNAM no representa una carga para las finanzas públicas.

Representa la mejor inversión que México puede hacer para construir un futuro con mayor igualdad, más oportunidades y un desarrollo basado en el conocimiento.

Se debe considerar, desde el punto de vista del legado que deja un gobernante, el apoyo que da a la educación pública durante su gestión y ello necesariamente pasa por mejorar las condiciones de desarrollo e inclusión de la población, en este sentido, la presidenta Sheinbaum, aún más como egresada de la UNAM, tiene la obligación institucional y moral para apoyar a su alma mater y a las actuales y futuras generaciones que solo tienen como opción académica y profesional, la educación pública de calidad.