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Desde San Lázaro. Rumbo al 2030. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

13 Ago 2026
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Desde San Lázaro. Rumbo al 2030. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com

Faltan cuatro años para la elección presidencial de 2030 y algunos dirán que resulta demasiado pronto para hablar de sucesores, candidaturas y proyectos presidenciales. En política, sin embargo, cuatro años pueden ser una eternidad para gobernar, pero no necesariamente para construir una candidatura presidencial.

Por ahora hay dos nombres que, desde nuestra perspectiva, conviene colocar bajo la lupa: Luis Donaldo Colosio Riojas y Andy Manuel López Beltrán.

No porque sean necesariamente quienes encabezan hoy las preferencias electorales, porque no es así, sino porque alrededor de ambos se construyen rutas políticas hacia 2030.

Movimiento Ciudadano tiene en Colosio Riojas uno de sus principales activos nacionales. Actualmente es senador por Nuevo León y carga, para bien y para mal, con uno de los apellidos de mayor peso simbólico de la política mexicana.

La ruta que algunos imaginan para él pasa eventualmente por Sonora y después por la candidatura presidencial.

Colosio, sin embargo, ha puesto públicamente distancia respecto de una candidatura inmediata a gobernador o a la Presidencia. Eso no significa que esté descartado. En política cuando se saca la cabeza o se alza la mano para algún cargo, de inmediato comienzan los ataques. Es mejor negar la aspiración.

Movimiento Ciudadano necesita, además, resolver su propia sucesión interna y definir quién puede convertir el crecimiento territorial del partido en una verdadera alternativa nacional.

Del otro lado aparece Andy López Beltrán.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador carga con una ventaja extraordinaria y también con un enorme lastre: su apellido.

Como hemos escrito en otras ocasiones, el talento y el carisma, no se hereda ni se mama.

La posibilidad de construirle una trayectoria que pase por el Congreso y eventualmente por Tabasco para proyectarlo nacionalmente resulta políticamente imaginable, pero no debe presentarse todavía como un itinerario consumado.

Además, existe un problema fundamental para Andy: el obradorato puede construir candidaturas, pero no puede heredar automáticamente popularidad.

Una cosa es ser hijo de Andrés Manuel López Obrador y otra muy diferente poseer su capacidad de movilización, olfato político y astucia para mover a millones de mexicanos.

Las presidencias no se transmiten mediante el acta de nacimiento.

Y aquí aparece el personaje que puede echar abajo cualquier proyecto sucesorio previamente diseñado dentro del oficialismo: Omar García Harfuch.

El secretario de Seguridad tiene hoy algo que Andy todavía no posee: capacidad operativa, posicionamiento nacional y números.

Una encuesta de MetaMetrics publicada en mayo colocó a Harfuch con 36.3% de las preferencias para encabezar a Morena en 2030, seguido por Marcelo Ebrard con 20.4%. Otro ejercicio de GobernArte de mayo lo ubicó todavía más arriba, con 44.5%, frente a 20.9% de Ebrard y apenas 6.2% de Andrés Manuel López Beltrán

Son fotografías extremadamente prematuras, pero muestran algo que no debe ignorarse: si hoy Morena tuviera que escoger candidato presidencial mediante popularidad, Harfuch tendría argumentos mucho más sólidos que Andy López Beltrán.

Harfuch ya comprobó en la contienda por la Ciudad de México que ganar preferencias internas no necesariamente significa obtener una candidatura cuando los grupos duros del movimiento consideran que otro perfil representa mejor sus intereses políticos.

Por ello su eventual candidatura presidencial dependerá de mucho más que buenos números.

Dependerá de los resultados que entregue en seguridad, de su relación con Claudia Sheinbaum, de las resistencias del obradorato más ortodoxo y, sobre todo, de quién tenga realmente el control político de Morena cuando llegue la hora de destapar la corcholata de 2030.

Enrique Peña Nieto comenzó a construir su candidatura presidencial muchos años antes de 2012. Su exposición desde el Estado de México lo convirtió progresivamente en la carta natural del PRI.

Andrés Manuel López Obrador nunca abandonó realmente la carrera presidencial después de 2006 y llegó a 2018 como un candidato construido durante más de una década.

Y para 2024, aunque Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y otros personajes participaron en aquella peculiar competencia de las corcholatas, desde mucho antes, Claudia Sheinbaum aparecía como la heredera política preferida de López Obrador.

Por eso resulta ingenuo sostener que hablar de 2030 es adelantarse demasiado.

Lo verdaderamente interesante será observar cómo se alinean las estrellas durante los próximos dos años.

Primero viene 2027, en donde se impondrá Morena, pero con grandes pérdidas en los estados y en la Cámara Baja federal y dependiendo de estos resultados, se fortalecerá determinada candidatura presidencial, pero conociendo la terquedad de AMLO, no tengo dudas que será Andy el bueno de su proyecto político, aunque esto represente la derrota.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.