Algo se mueve en las entrañas del poder y no precisamente por casualidad. Cuando la narrativa sobre presuntos vínculos entre políticos y delincuencia organizada comienza a golpear peligrosamente al oficialismo, aparecen expedientes, investigaciones y detenciones contra personajes de la oposición que permiten cambiar, aunque sea temporalmente, la conversación pública.
La detención del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado por su presunta participación en una trama de contrabando de combustibles y luego la de Ángel Aguirre -ex mandatario perredista de Guerrero y ex amigo de AMLO- por desaparición forzada y otros delitos en torno a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, responde a esta lógica y pone varios cuestionamientos sobre la mesa:
Y dónde está el gobernador con licencia de Sinaloa el morenista Rubén Rocha Moya, o más aún, ¿Qué exgobernador de oposición, sigue?
Que se investigue a Ruffo y, si existen pruebas suficientes, que responda ante los tribunales. Nadie debe recibir impunidad por su militancia política ni porque haya pertenecido a un partido distinto de Morena.
De igual manera, en la nueva verdad histórica de la 4T en torno a los estudiantes de Ayotzinapa, se requiere esclarecer a fondo este grave asunto.
Pero exactamente la misma vara debe aplicarse hacia dentro de la 4T.
Porque resulta con alto nivel de sospechosismo que, mientras se acumulan señalamientos a personajes cercanos al oficialismo por investigaciones relacionadas con huachicol fiscal, delincuencia organizada y vínculos criminales, el aparato de procuración de justicia coloque los reflectores sobre personajes opositores.
El huachicol fiscal es uno de los mayores escándalos de corrupción y delincuencia organizada que enfrenta México. Durante años han entrado al país cantidades monumentales de combustibles mediante esquemas de contrabando, evasión fiscal, documentación falsa y complicidades que necesariamente tuvieron que atravesar aduanas, puertos y distintas estructuras gubernamentales.
Una operación de semejante tamaño difícilmente puede explicarse exclusivamente mediante empresarios privados y funcionarios menores.
Faltan de caer los peces gordos incrustados en las altas esferas del gobierno del presente y del anterior sexenio, mientras no pase ello, el gobierno está en una grave omisión que conlleva serias responsabilidades.
Adán Augusto López, por ejemplo, está en esa fila de presuntos acusados por ese delito y por su convivencia con Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de Seguridad de Tabasco durante su gobierno y está relacionado con investigaciones sobre el grupo criminal denominado La Barredora.
Cotidianamente aparecen escándalos relacionados con innombrables de Morena por contrabando de combustibles, corrupción, delincuencia organizada y funcionarios o exfuncionarios vinculados con el crimen organizado y sin embargo se pone ante las cámaras a exgobernadores de oposición.
En esa lógica, se habla de que uno de los posibles perseguidos políticos del régimen será el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
El ex mandatario ha enfrentado durante años acusaciones e investigaciones de diversa naturaleza y continúa siendo uno de los adversarios políticos más confrontados con el actual gobierno de esa entidad.
Por ello, en los corrillos políticos comienza a surgir la interrogante sobre si podría convertirse en el siguiente gran objetivo.
Si existen elementos para procesarlo, que se presenten ante un juez.
Pero que no se utilice la justicia como instrumento de compensación política.
Porque sería gravísimo que se estableciera una especie de contabilidad partidista de la corrupción: por cada escándalo que golpee a Morena, presentar un detenido del PAN, PRI o cualquier otra fuerza opositora.
La justicia no funciona por cuotas, sesgos políticos y por filias y fobias.
El problema para el oficialismo es todavía mayor porque hay un jugador sobre el cual Palacio Nacional tiene escaso control: Estados Unidos.
La administración de Donald Trump ha endurecido su estrategia contra los cárteles mexicanos y ha colocado a estas organizaciones dentro de una lógica de seguridad nacional mucho más agresiva.
Si las agencias estadounidenses construyen expedientes contra políticos mexicanos relacionados presuntamente con narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de combustibles u organizaciones criminales, difícilmente preguntarán si el personaje pertenece a Morena, PAN, PRI o cualquier otro partido.
Se puede medio controlar buena parte de la narrativa política nacional, pero de lo que surja de las Cortes de Justicia de Estados Unidos, pues es imposible.
Y si desde las cortes y agencias estadounidenses continúan apareciendo expedientes contra políticos mexicanos, cualquier estrategia de distracción doméstica tendrá una vida muy corta, sobre todo cuando se basa en falsedades o medias verdades.
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene entonces una oportunidad para terminar con cualquier sospecha de justicia selectiva.
A las cortinas de humo el viento las dispersa y la verdad sale a relucir.
