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Desde San Lázaro. La rebelión de López Obrador. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

24 Ago 2026
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Desde San Lázaro. La rebelión de López Obrador. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/

La intempestiva decisión de Rubén Rocha Moya de reasumir la gubernatura de Sinaloa, después de 112 días de licencia y sin contar con el beneplácito de Palacio Nacional y horas después renunciar, -lo que significa que se va para siempre del gobierno-  no debe observarse como el simple berrinche de un político que se resiste a perder el poder. Estamos frente al primer desafío abierto de AMLO y su grupo contra la presidenta Claudia Sheinbaum y, por lo tanto, ante una fractura que amenaza con crecer conforme Estados Unidos apriete las tuercas sobre los políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Rocha salió de su madriguera por un momento, mientras las investigaciones en Estados Unidos se conforman en su contra por conspirar con integrantes del Cártel de Sinaloa. Él rechaza los cargos y sostiene su inocencia, pero el problema político permanece intacto. Su reincorporación fue unilateral y provocó algo impensable meses atrás: el deslinde prácticamente inmediato de la Presidencia, de Morena y de casi todo el bloque del oficialismo.

Hay un cisma dentro de la Cuarta Transformación.

Rocha Moya difícilmente habría tomado una decisión de semejante tamaño político sin calcular las consecuencias. Su regreso desafía directamente la estrategia de Sheinbaum para contener una crisis que amenaza la relación con Estados Unidos y coloca nuevamente sobre la mesa la incómoda discusión sobre los personajes del oficialismo investigados o señalados desde aquel país.

El episodio de Andy López Beltrán ya había encendido las alarmas. Estados Unidos le canceló la visa y la Embajada norteamericana recordó públicamente que ese documento puede ser revocado cuando existan razones para hacerlo. La reacción del clan López Obrador fue inmediata y pretendió convertir una decisión administrativa estadounidense en un conflicto político.

El mensaje fue evidente: alrededor del expresidente existe enorme preocupación y temor por las decisiones que está tomando Washington.

Mientras eso ocurría, Claudia Sheinbaum enviaba una señal diametralmente distinta.

Omar García Harfuch acudió a Buenos Aires a la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la DEA y con representantes de más de cien países. Ahí, el director de la agencia estadounidense, Terry Cole, calificó al secretario mexicano como un “socio confiable” y destacó públicamente su liderazgo y cooperación. Harfuch, por su parte, reconoció que el intercambio de información con Estados Unidos se ha acelerado considerablemente.

Este episodio caló profundo en López Obrador y a partir de ese momento ha tomado una serie de decisiones que acelerarán la caída de su clan.

Son dos grupos definidos dentro del oficialismo. Por un lado se encuentra el grupo político heredado del sexenio anterior empeñado en cerrar filas frente a cualquier señalamiento proveniente de Estados Unidos; por el otro, una presidenta que necesita mantener funcionando la relación bilateral y que sabe perfectamente que enfrentarse simultáneamente con la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y las agencias de seguridad estadounidenses sería una apuesta suicida para México.

En medio de la negociación del T-MEC y de un sinnúmero de temas que están colgados con alfileres en la relación con Donald Trump.

Por eso resulta significativo que, después del regreso de Rocha a la gubernatura, gobernadores, dirigentes de Morena y legisladores oficialistas hayan cerrado filas alrededor de Sheinbaum y no del mandatario sinaloense. El mensaje tiene destinatario: en México hay una sola Presidenta de la República y las decisiones del gobierno federal se toman en Palacio Nacional, no en Palenque.

Me estás oyendo inútil, como citaba Paquita

La decisión del gobernador cayó como una bomba en Palacio Nacional que causó la ira presidencial que orilló a su ausencia de la mañanera por motivos de “salud”. Rocha Moya puede convertirse en el símbolo de una resistencia mucho mayor: la de aquellos personajes del obradorismo que consideran que Sheinbaum debe protegerlos hasta las últimas consecuencias frente a Estados Unidos.

Pero la presidenta enfrenta una disyuntiva histórica.

Puede cargar con todos los expedientes heredados del sexenio anterior o puede construir su propio gobierno, tomar plenamente el mando y dejar que cada quien responda por sus actos.

Es decir, asumir su responsabilidad histórica como la primera mujer presidenta del país.

Mientras tanto, estamos viendo las fisuras de la relación de AMLO con Sheinbaum.

Yo me quedo como colofón de ese affaire, con el mensaje en X de la presidenta: “Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder…México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la nación es eterna”.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.