Noviembre, 2025

La alertas rojas están prendidas en Palacio Nacional desde el asesinato de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan y luego con  la “marcha Z” , enturbiada por la violencia desplegada por el Bloque Negro  (auspiciado por el gobierno), por lo que fueron llamados de urgencia  por la presidenta Claudia Sheinbaum los gobernadores y legisladores federales del oficialismo para reforzar  la estrategia política electoral rumbo al 2027 en virtud del creciente descontento contra la 4T que prevalece en buena parte del territorio nacional.

La estrategia de control de daños por la creciente violencia y la inseguridad que no se frena, no obstante, las cifras oficiales maquilladas; y la recesión económica que mantiene al gobierno en niveles de precariedad financiera, ponen en verdadero peligro al proyecto político de AMLO-Sheinbaum y ello de suyo, implica reducir a su mínima expresión a los opositores, sin importar los medios para que ello ocurra.

Así que la judicialización de casos políticos, persecución del SAT y de otras instancias federales y estatales contra opositores; fallos de jueces y de la SCJN contra personajes incómodos para el régimen como Ricardo Salinas, espionaje político y una retahíla de acciones represivas para impedir que de ninguna manera ocurra la alternancia en el poder.

En este sentido, el crisol de las elecciones intermedias será un buen parámetro para ver el nivel real de aceptación y popularidad que tiene la 4T en el país, además, claro, de sopesar si efectivamente la oposición partidista está desaparecida o de plano ha revivido luego de la debacle sufrida en los comicios del 2024.

Así como se están cooptando todos los contrapesos al Poder Ejecutivo y estableciendo un control férreo sobre los Poderes Legislativo y Judicial, además de crear una nueva Ley de Amparo que impida a los adversarios políticos del régimen, alcanzar la protección de la justicia; se está cocinando en la presidencia de la República la reforma electoral que busca cerrarle la puerta a los grupos minoritarios y a la oposición con la reducción de los espacios de representación proporcional y del financiamiento público y establecer todo un andamiaje institucional para impedir por todas las vías que tengan posibilidad alguna de perder el poder en las elecciones del 2030.

La reforma electoral de Pablo Gómez está alineada a las legislaciones de las dictaduras de la región como la de Cuba, Venezuela y Nicaragua, en donde además de apropiarse de los organismos electorales, se conformó un Poder Judicial sometido a los designios del dictador en turno.

Mientras se le da el último toque a la Reforma Electoral en las Cámaras de Senadores y Diputados se le da atole con el dedo a todos aquellos que muestran preocupación por este engendró que se cocina en el laboratorio del doctor “Frankenstein Gómez”, como son los propios magistrados electorales de los estados, quienes se ven amenazados por esa reforma que, de acuerdo a filtraciones, podrían desaparecer esos tribunales.