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Violaciones a derechos humanos, sello de Gutiérrez Maldonado en Veracruz

09 Abr 2019
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La Fuerza Civil, grupo élite de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, ha sido señalado por graves violaciones a los derechos humanos en fechas recientes. Sus elementos, sus vehículos o su solo nombre son la representación del miedo para muchos ciudadanos.

Al frente de la SSP Veracruz, de quien depende la Fuerza Civil, está Hugo Gutiérrez Maldonado, llegado de Monterrey, donde fue acusado de extorsión y otros delitos.

Los integrantes de este equipo han incurrido presuntamente en ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones sexuales y otros ilícitos en contra de civiles durante la administración del gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez.

Su entrenamiento y uniformes fueron el orgullo del exgoberandor Javier Duartey de su entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, ambos señalados por desaparición forzada.

Se lo llevaron vivo y fue hallado en el servicio forense

Roxana buscó a Alejandro desde que dejó de contestarle el teléfono. Había salido de su casa en el puerto hacia el municipio de La Antigua, donde trabajaba como albañil.

Lo siguiente que supo de su esposo fue por unas fotos que circularon a través de los medios, relativas a un operativo que la Fuerza Civil había realizado en la comunidad del Coral, en el municipio Úrsulo Galván. Ella lo reconoció por un tatuaje que tenía en la muñeca. Horas después a Roxana le avisaron que el cuerpo de su esposo se encontraba en el Servicio Médico Forense de Xalapa.

Cuando Alejandro salió de su casa vestía pantalón de mezclilla y playera, según contó Roxana, misma ropa que se le ve en la foto; sin embargo, al llegar al Semefo le aseguraron que había sido encontrado con un uniforme tipo militar.

El cuerpo se veía golpeado y con señales de tortura; las autoridades señalaban que había muerto en el enfrentamiento con la Fuerza Civil, aun cuando en la foto se le veía salir caminando esposado.

En el comunicado oficial se reportaron tres personas abatidas y se les vinculaba con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Roxana sólo recibió un cuerpo maltratado, desnudo y deformado por los golpes. Así lo enterró, así sus dos hijas pequeñas le dijeron adiós a su padre.

Privación de la libertad y violación

El 15 de marzo, en la carretera La Tinaja-Cosamaloapan, elementos de la Fuerza Civil fueron emboscados por un grupo de la delincuencia organizada. Durante la noche, varios camiones fueron incendiados y Tania (nombre ficticio por seguridad) conoció el infierno a manos de quienes deberían cuidarla.

Viajaba en la carretera cerca de Tlalixcoyan y se detuvo a comprar agua de coco, cuando llegaron varias patrullas con hombres uniformados, la sometieron y la subieron a una de las camionetas.

Fue llevada a un lugar desconocido; en el camino le taparon los ojos y los elementos de la Fuerza Civil la amenazaron de muerte, además de hacer insinuaciones sexuales y propinarle varios golpes.

Tras varios minutos, llegaron a una base donde había cuatro camas, ahí estaban tres hombres y tres mujeres que corrieron la misma suerte.

Fueron más de 12 horas de torturas, violaciones, golpes y amenazas; uno de los policías la obligó a darle sexo oral mientras la encañonaba con una pistola, otros la manosearon y tocaron sus partes íntimas.

“Yo lo único que pensaba era que mi familia no iba a saber qué me pasó y que jamás iban a saber o se iban a imaginar que fue la Fuerza Civil la que hizo todo eso”, relató.

Tania aún no sabe por qué decidieron abandonarlas en un paraje desolado cerca de la carretera, donde les recordaron que tenían sus direcciones, a modo de amenaza.

Pero se armó de valor y decidió presentar la denuncia ante la Fiscalía General del estado.

Hay 3 investigaciones de la CEDH

Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, informó que ya se han iniciado, tan sólo en 2018, tres investigaciones por violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y violaciones sexuales presuntamente cometidos por elementos de la Fuerza Civil.

Detalló que dos de éstas fueron iniciadas de oficio al darse a conocer estas agresiones en algunos medios de comunicación, mientras que una de las quejas fue presentada personalmente por la víctima.

“La Comisión ha abierto quejas de oficio en los casos que se han dado a conocer por parte de medios de comunicación, es decir que las presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos no han acudido directamente a la Comisión, pero la Comisión ha tenido conocimiento de esos hechos”, declaró.

 

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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.