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Desde San Lázaro. Se levanta la Sociedad Civil. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

30 Ene 2023
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Desde San Lázaro. Se levanta la Sociedad Civil. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://twitter.com/SocCivilMx

Con el anuncio de otra marcha ciudadana en defensa del voto y del INE, surge la iniciativa de varios protagonistas del acontecer nacional, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Valadés, José Woldenberg y Francisco Barnés, entre otros, que buscan un  nuevo punto de partida que impida la instauración de un régimen unipersonal que someta a los ciudadanos y al régimen democrático.

La comunión de propósitos de cientos de miles de mexicanos de todos los estratos sociales, cuya preocupación en abonar para la reconstrucción del país, no tiene nada que ver con pertenecer a un bloque de “conservadores” o de la “derecha radical”, sino con un pensamiento colectivo que coincide con la visión de que hay un deterioro de la vida institucional  y  pérdida de rumbo;  que no se deja engañar por mentiras y la negación de los problemas.

En el diagnóstico del documento intitulado “Un punto de partida” se menciona que la economía está derrumbada, el combate a la pobreza está en franco retroceso y en el umbral de un Estado ingobernable, con la preocupación de que el crimen organizado se inserte en los procesos electorales y estructuras del poder público.

Hoy la democracia está en riesgo, existe un Estado omiso, crece la militarización y la destrucción de las instituciones, al tiempo de que la inversión es un desastre y el crecimiento económico es igual a cero.

Y en el Congreso, de parte del bloque oficialista, en lugar de construir una agenda en favor de la gente y por resolver los problemas más acuciantes  que aquejan a la población, se busca destazar al INE en la víspera de las elecciones más relevantes de la historia, al tiempo de fondear los programas de política asistencial con fines electorales y seguir tirando el dinero público en las tres obras insignia del obradorismo.

La productividad social y económica del gasto público es ridículamente baja e incluso negativa y en el documento en cuestión se cuestiona la viabilidad de las megas obras del sexenio. “El AIFA solo transporta al uno por ciento de los pasajeros que utilizan el aeropuerto de la CDMX; la refinería “Dos Bocas” cuesta más del doble del presupuesto original y 12 veces más que Deer Park y aún se desconoce cuánto producirá  y que costo, en cuanto al Tren Maya no cubrirá ni siquiera los gastos de operación, durante varios años”

El Colectivo por México representa uno de los esfuerzos más sólidos y serios de la conjunción de esfuerzos de la sociedad, civil y de protagonistas de la política, intelectuales, empresarios, artistas y activistas, entre otros, que buscan configurar un liderazgo ciudadano plural, además de terminar con la polarización y darle paso a la pluralidad.

Para nadie es un secreto que Cuauhtémoc Cárdenas no solo no está de acuerdo en la forma que conduce AMLO al país, sino que francamente tiene posiciones encontradas con el tabasqueño, a tal nivel que ha sido uno de los principales promotores para impulsar este frente cívico ciudadano.

De hecho, aunque ese no sea el propósito del Colectivo por México, el exgobernador de Michoacán e hijo del promotor de la expropiación petrolera, ha fustigado en varios ocasiones a AMLO por su plan energético que busca estatizar a Pemex y CFE en detrimento de los consumidores, del medio ambiente y de la competitividad.

El encontronazo de trenes podría ser el título de este nuevo capítulo entre Cárdenas vs López Obrador, en donde a pesar de las edades, ya que el ingeniero es más grande que AMLO, se contrapone la visión de México que tiene “un joven  viejo” como es el tabasqueño que pretende regresar al país al siglo pasado y el “viejo joven”  michoacano que prefiere abrir a las dos empresas productivas del Estado a la inversión privada, sin menoscabo de la soberanía de ellas.

Cuauhtémoc Cárdenas, bien podría ser, si lo quisiera, otro aspirante a la presidencia de la República en el 2024, como otros miembros de la sociedad civil que tienen el reconocimiento del pueblo y que sin duda bien podrían abanderar a la oposición para acabar con el actual régimen autoritario.

A 16 meses de la elección del 2024, se comienza a mover la sociedad civil con gran cohesión y eso que se antojaba difícil de concretar hasta hace apenas algunos meses, se ha  cristalizado ante los ojos perplejos del presidente López Obrador que solo ha atinado a decir que “ya chole con las marchas ciudadanas”.

Esto ya nadie lo para y para que aquellos que pensaban que  los “fifís no saben ni manifestarse, ni expresar su malestar en las calles”, pues ya vieron que están muy equivocados.

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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.