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Como veo, doy. Genaro García Luna y los testigos protegidos. Por: Jorge Luis Galicia Palacios Destacado

30 Ene 2023
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Como veo, doy. Genaro García Luna y los testigos protegidos. Por: Jorge Luis Galicia Palacios Imagen tomada de: https://twitter.com
  • Genaro García Luna y los testigos protegidos
  • Acusaciones, una sopa de su propio chocolate

Una sopa de su propio chocolate, eso es lo que al parecer le están dando al súper policía en los tiempos de los gobiernos de Vicente Fox, y  Felipe Calderón, con el primero como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI)  y como Secretario de Seguridad Pública, con el segundo. Resulta que lleva una semana el juicio que en Estados Unidos de Norteamérica, en una Corte de Nueva York, se le sigue a Genaro García Luna, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y de haber protegido mediante sobornos a un cártel de la droga en México.

Tal vez lo que más llama la atención en este juicio no es el personaje al que han sentado frente al jurado norteamericano, sino quienes lo acusan y dan testimonio de supuestos actos de soborno, secuestros, falsos decomisos, usurpación de funciones, y apoyo de traslado de drogas de México a Estados Unidos.

Entonces lo interesante de este juicio son los acusadores, aquellos delincuentes confesos que bajo la modalidad de “testigos protegidos” han convenido reducciones en sus condenas, privilegios en la cárcel y no sé sabe cuántas otras canonjías habrán conseguido por testificar en contra del procesado, y donde en la primera semana a García Luna esos delincuentes le han dicho cuanto han querido en su propia cara, aunque también han habido oficiales de la CIA, la DEA y el FBI.

Serán casi tres semanas las que lleven al jurado a emitir una sentencia contra el mexicano procesado, y decíamos que al otrora poderoso funcionario le están dando una sopa de su propio chocolate porque hay que recordar que, en los gobiernos de Fox y Calderón, la opinión pública, tuvimos conocimiento de varios personajes que, por diversos delitos, la mayoría de ellos absueltos por falta de pruebas, fueron procesados y donde los testigos eran aparentemente fabricados al antojo de los acusadores.

Contra García Luna han hablado hasta ahora delincuentes confesos como Sergio Villarreal Barragán, El Grande; Tirso Martínez Sánchez, “el Futbolista” y Héctor Tolentino, líder de “Trinitarios de Nueva York” y, sin pruebas contundentes, en algunos casos dicen que “les dijeron”, “supieron”, “oyeron” o bien que ellos fueron testigos de algunas entregas de supuestos sobornos, pero sin pruebas contundentes o con fechas que no coinciden con los tiempos en que el acusado era funcionario.

Nuestro comentario viene a colación, porque es exactamente ese tipo de testigos o de pruebas, las que en los tiempos del súper policía en mención, en el gobierno de Felipe Calderón, principalmente, se acusó y encarceló bajo la premisa del “haiga sido como haiga sido” al general Tomás Ángeles Dauahare y a Noé Ramírez Mandujano, quienes ocupaban cargos importantes en la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, respectivamente, y para hacerlos a un lado de sus funciones públicas se les inventaron delitos que supuestamente los involucraban con la delincuencia organizada.

Tomas Ángeles Dauahare, quien tuvo que pasar 11 meses de prisión por las mentiras de un testigo protegido, fue uno más de muchos otros personajes a quienes en la administración calderonista les aplicaron el terrorismo de Estado y la persecución política a partir de un instrumento sacado de la manga que usaron indiscriminadamente para crear cortinas de humo en su aparente “guerra” contra la delincuencia organizada: El testigo protegido.

No fueron los únicos, testigos protegidos los hubo en el asunto que se conoció como el “michoacanazo”; también se usaron para acusar al empresario Jorge Hank Rohn; y contra Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, todos ellos absueltos por las autoridades judiciales ante la falta de pruebas.

En fin, aunque en el caso de García Luna todo apunta a que es culpable aún sin que se tomen con seriedad las declaraciones de los testigos protegidos, también es cierto que el procesado tiene derecho a declararse inocente hasta que no se le demuestre lo contrario.

LAS CARTAS HABLAN.- El 16 de mayo de 2012 Tomás Ángeles Dauahare fue detenido por cargos de supuestos vínculos con un grupo de narcotraficantes y recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez. 11 meses después fue absuelto por falta de pruebas. Su principal acusador fue un testigo protegido. 

Sobre el particular, se sabe que el pecado por el cual fue encarcelado Tomás Ángeles es el hecho de haber alertado, personalmente y por escrito, al entonces presidente Felipe Calderón sobre los nexos que Genaro García Luna tenía con grupos delictivos dedicados al narcotráfico.

VA MI RESTO.- Los llamados testigos protegidos, por lo que se ha visto, al menos entre la justicia mexicana, son “delincuentes pagados”, y están tan protegidos que las más de las veces en los expedientes judiciales sus declaraciones fueron registradas por su apelativo y eso da pauta para pensar que no sólo no existen, sino que las supuestas declaraciones son producto de la inventiva popular para sustentar delitos también fabricados, y hasta ahí porque como veo doy.

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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.