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Desde San Lázaro. Prioridad, salvar al Metro. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

31 Ene 2023
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Desde San Lázaro. Prioridad, salvar al Metro. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://twitter.com/CDMXMetro

Más allá de las implicaciones políticas, sociales y legales que pudiera tener la falta de mantenimiento mayor al Metro de la CDMX, es vital canalizar los recursos presupuestales suficientes para  rehabilitarlo totalmente, ya que está en juego la vida de los usuarios.

Desde su inauguración en 1969 hasta el día de hoy, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) cuenta con 12 líneas con una longitud de red de 269,52 km y 195 estaciones (115 subterráneas, 55 superficiales y 25 elevadas).

En la actualidad están  fuera de servicio parcialmente la línea 1 y la 12.

Llama la atención que a lo largo de la historia del Metro se han dado 6 percances de gran dimensión en sus instalaciones: el primero de ellos, ocurrió el 20 de octubre de 1975 en la estación Viaducto de la Línea 2, dejando 31 muertos y 70 heridos.

El segundo accidente ocurrió el 4 de mayo de 2015 en la estación Oceanía de la Línea 5. El percance dejó un saldo de 12 personas heridas y 1 muerto.

El tercero,  sucedió el 10 de marzo de 2020 en la estación Tacubaya de la Línea 1, con un muerto y 41 heridos.

El cuarto accidente fue el 6 de enero de 2021, en las oficinas del Metro ubicadas en la calle de Delicias 67. Murió una persona, 31 lesionados, así como la suspensión de las líneas, 1, 2,3, 4, 5 y 6.

El quinto percance ocurrió el 3 de mayo de 2021 en la estación Olivos de la Línea 12 y al momento hay 25 muertos y por lo menos 79 heridos.

El sexto y más reciente percance ocurrió el 7 de enero de este año entre las estaciones Potrero y La Raza de la Línea 3, dejando un muerto y 57 lesionados, cuatro de ellos prensados.

Como se aprecia, desde 1975 hasta 2015, es decir en 40 años no ocurrió ningún percance fatal, luego, ya en la administración de Claudia Sheinbaum, han sido cuatro accidentes fatales.

Decir que la Jefa de Gobierno de la CDMX es culpable por ello, es una verdad a medias, porque desde 1997 se dejó de invertir en mantenimiento mayor y compra de equipos y refacciones.

En las administraciones de gobiernos procedentes de la izquierda, PRD y Morena, con Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas,  Marcelo Ebrard,  Miguel Ángel Mancera y ahora Claudia,  se dejó de dar el mantenimiento mayor adecuado al Metro, claro, con su matices ya que mientras con Ebrard se construyó la Línea 12, con AMLO, Encinas, Mancera y Sheinbaum, decreció el presupuesto para el Metro en números reales.

Un sistema de transporte vetusto que mueve en promedio al día a 4 millones de pasajeros, debe tener un presupuesto creciente, en virtud de que a medida que se supera la vida útil y funcional de todo el intrincado sistema que hace posible su operación, requiere más y más recursos, tanto para la rehabilitación, como la adquisición de nuevos equipos, amén de darle la capacitación adecuada a los trabajadores de mantenimiento del Metro.

Hay que decirlo con todas sus letras; los trabajadores del Metro, en especial los encargados del mantenimiento, hacen milagros todos los días para que funcione en condiciones razonables de operación y seguridad, aunque, esto último ya no es posible ante la falta de refacciones y equipos nuevos.

Lejos de irse por la fácil al atribuirle los percances a acciones de sabotaje y por ello justificar la presencia de 6 mil elementos de la Guardia Nacional, deben canalizar de inmediato las partidas extraordinarias presupuestales para revertir el daño ocasionado, principalmente por el uso y el paso del tiempo.

Ante una austeridad franciscana impulsada por el presidente López Obrador en aras de fondear sus tres obras insignia y los programas de bienestar social con tintes electorales, cercenó a múltiples programas  de gobierno y quito presupuesto a todas las entidades federativas, al tiempo de desaparecer instituciones que apuntaron el desarrollo social de la población, por ello  es casi imposible que lleguen los recursos porque no hay, y si hubieran faltaría la voluntad política.

Por ello y por darle prioridad a otro tipo de gastos como la revocación de mandato, el juicio a los expresidentes, las marchas en apoyo a AMLO, la propaganda política soterrada para promover la candidatura presidencial de Sheinbaum, amén de impulsar eventos masivos de esparcimiento como los conciertos gratuitos, se dejó de invertir en el Metro y las consecuencias están a la vista.

El argumento que se usa en las mañaneras de que “los anteriores nos dejaron un cochinero” si aplica en la capital del país y más en el Metro.

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El apunte del director

  • MAYO 2026
    **PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

    La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.
    Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?
    La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.
    El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.
    En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.
    La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.
    Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.
    El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.
    La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.
    El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.
    En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.