Solo un iluso o simpatizante cuatrotero cree que con el Plan Michoacán se abatirán de forma relevante los índices delictivos a tal nivel que se terminen los asesinatos y las extorsiones contra limoneros y aguacateros. Ello no ocurrirá mientras no se limpie la casa de aquellos funcionarios públicos federales, estatales y municipales que están coludidos con los criminales.

Lejos de los michoacanos, en Palacio Nacional,  se presentó el citado plan en una clara señal de darles atole con el dedo y eso lo veremos con el paso del tiempo, no obstante que la misma presidenta de México se comprometió a darle un seguimiento personal cada 15 días para ver los avances.

Para nadie es un secreto que con el cobijo del poder público, los delincuentes amplían  sus  tentáculos de poder con  la mayor impunidad. Así se explica que en buena parte del territorio nacional, los cárteles de la droga sean los que mandan por encima incluso, del gobernador en turno.

El caso purépecha no solo tiene que ver la pacificación y establecer las bases del crecimiento económico con mayor inclusión social, sino con el malestar creciente de los michoacanos por la clase política que los gobierna en donde salta a la palestra por su incompetencia e ineptitud el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Las manifestaciones ocurridas en varias ciudades del estado, en donde destacan las de Morelia y Uruapan, con la participación tumultuaria de la ciudadanía con el justo  reclamo de  la renuncia  del gobernador y la pacificación de la entidad, inciden necesariamente en el tema político-electoral que tiene como  vórtice  el surgimiento del movimiento regional  denominado El Sombrero y cuyo fundador, Carlos Manzo, buscaba que se extendiera en todo el estado y  en otras entidades vecinas de Michoacán como es el caso de Guanajuato, Zacatecas, Jalisco y Estado de México.

Los asesinos de Manzo no terminaron con su proyecto político, al contrario, lo hicieron crecer a tal nivel que no solo llamó la atención de la presidenta Sheinbaum, sino que atrajo las miradas internacionales sobre la creciente inseguridad que prevalece en Michoacán, pero sobre todo sacudió conciencias de los michoacanos para evitar que Morena siga gobernando esa entidad.

Cuando sube de tono el reclamo popular,  el gobierno federal se avoca a intentar resolver el problema que dio pie a esa inconformidad social, como es el caso de la violencia que prevalece en Michoacán y que obligó a la Titular del Poder Ejecutivo Federal  a recibir a Grecia Quiróz, viuda de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan y de anunciar el plan respectivo para pacificar a esa entidad con 57 mil millones de pesos que de ninguna manera son recursos presupuestales extraordinarios, sino que ya son parte de la suma de todos los programas públicos que ya se ejercen en ese  estado,  y el envío de más tropas del ejército, entre una serie de compromisos que no son otra cosa que un “copy page” de lo que están  haciendo los tres niveles de gobierno de Morena en esa entidad y que a todas luces han sido insuficientes.

Las manifestaciones  ciudadanas son  lo único que impedirá que los malos gobernantes continúen destrozando al país y tal como se observa en Michoacán y ahora con la movilización de la generación Z del próximo 15 de noviembre en todo el país, el gobierno de la 4T debe ponerse las pilar so pena de recibir el mayor castigo posible con el rechazo de los mexicanos en las urnas.

Con el paso del tiempo se verá la efectividad del Plan Michoacán de la 4T, mientras tanto, el país se enfila a los comicios del 2027 y aunque parece que falta mucho, la realidad es que todo se mueve hacia esa nueva cita con las urnas, lo que significa que todo pasará por el crisol electoral y el caso de Michoacán no será la excepción, sobre todo con el surgimiento del movimiento político de El Sombrero.

 Entre la gestión gubernamental para atender las necesidades que agobian más a los mexicanos como la inseguridad, violencia y crisis económica, entre otros rubros, y la obsesión por establecer un nuevo andamiaje institucional y jurídico, además de fortalecer el control total de los organismos electorales como el INE y el TEPJF para mantener el poder más allá. Incluso de la voluntad ciudadana, se lleva buena parte del tiempo del obradorato y como se observan las cosas, la prioridad fundamental es evitar la alternancia del poder a toda costa.