En los pasillos de San Lázaro comienza a percibirse un olor fétido, como a olor de cadáver. No se trata únicamente de la habitual disputa parlamentaria o de los ajustes naturales en el equilibrio de fuerzas dentro del Congreso. Lo que se vislumbra ahora es algo más profundo: la posible desaparición o irrelevancia de partidos que durante décadas formaron parte del sistema político mexicano, mientras en paralelo empiezan a perfilarse nuevas franquicias políticas listas para ocupar el espacio que quede vacante.
El detonante de esta sacudida es la reforma electoral que impulsa el bloque gobernante. Más allá del contenido técnico de la iniciativa, el verdadero terremoto está ocurriendo en la arena política, donde las alianzas que parecían inquebrantables comienzan a mostrar grietas cada vez más evidentes.
La discusión ha colocado en una posición particularmente incómoda a dos de los aliados tradicionales del oficialismo: el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Ambos partidos se encuentran frente a un dilema que en política pocas veces aparece con tanta crudeza: apoyar la reforma y asumir las consecuencias que podrían poner en riesgo su propia existencia, o rechazarla y enfrentarse abiertamente con el poder presidencial.
En otras palabras, si respaldan la reforma se hacen el harakiri político; si votan en contra, firman su sentencia de muerte al desafiar directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La paradoja es evidente. Durante años, tanto el PT como el Partido Verde Ecologista de México sobrevivieron gracias a su capacidad para alinearse con el poder en turno, convirtiéndose en socios funcionales de proyectos políticos más grandes. Hoy, esa misma lógica de supervivencia parece haber llegado a un punto de agotamiento.
La reforma electoral modificará, si es aprobada en los términos en los que está planteada la iniciativa presidencial, de forma sustancial las reglas de representación política, el financiamiento y el marco constitucional electoral. En ese escenario, las organizaciones políticas pequeñas quedarían expuestas a un terreno mucho más competitivo y con menos margen para la supervivencia artificial que durante décadas les brindó el sistema.
En privado, algunos legisladores admiten que el problema no es sólo jurídico, sino político. El rediseño del sistema podría provocar una depuración natural del espectro partidista, en la que varias siglas históricas terminarían convertidas en simples notas al pie de página.
El caso del PRI es ilustrativo. El partido que gobernó México durante más de siete décadas atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. La pérdida constante de gubernaturas, la reducción de su presencia legislativa y la erosión de su estructura territorial han dejado a la organización en una situación que muchos describen ya como terminal.
Aunque el PRI aún conserva espacios de poder y un aparato político significativo, su influencia dista mucho de la que tuvo durante gran parte del siglo XX. La pregunta que empieza a plantearse en San Lázaro no es si el partido puede recuperar su fuerza, sino cuánto tiempo más podrá sostener su papel como actor relevante dentro del sistema político.
Mientras algunos partidos enfrentan el riesgo de extinguirse, otros colectivos (Que Siga la Democracia, Somos MX, México Tiene Vida, PAZ) esperan la aprobación del INE para convertirse en partidos políticos. En la política mexicana, las franquicias partidistas siempre han tenido un valor estratégico: ofrecen registro, financiamiento público y la posibilidad de negociar posiciones dentro del sistema político.
La historia del país demuestra que las transformaciones partidistas suelen ocurrir en momentos de reconfiguración del poder. Cuando una fuerza dominante se consolida, las organizaciones que la rodean tienden a adaptarse, fusionarse o desaparecer.
Hoy, el predominio del oficialismo y la centralidad del liderazgo presidencial están empujando al sistema hacia una nueva etapa. En ese proceso, los partidos satélites que durante años funcionaron como aliados estratégicos enfrentan el riesgo de volverse prescindibles.
En los corrillos del Palacio Legislativo algunos ya hablan de una “segunda transición” del sistema de partidos, en la que el mapa político podría simplificarse drásticamente. Menos partidos, menos intermediarios y una competencia más directa entre grandes bloques.
Sin embargo, otros advierten que la política mexicana rara vez deja vacíos. Cada vez que una organización desaparece, otra surge para ocupar su lugar. Las siglas cambian, los liderazgos se reciclan y las alianzas se reinventan.
Por eso, mientras algunos partidos enfrentan su posible ocaso, otros actores se preparan para irrumpir en el escenario político. En un país donde la política también funciona como industria, las franquicias partidistas nunca dejan de ser un negocio atractivo.
La reforma electoral, con su aprobación o rechazo, lejos de ser únicamente una discusión técnica y retórica podría convertirse en el punto de inflexión que redefina el sistema de partidos en México durante la próxima década.
